Denuncian ante la CIDH casos de los 33 activistas presos en Puebla

Gabriela Hernández
19 de agosto de 2014

Una de las protestas en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Foto: Víctor Hugo Rojas

 
PUEBLA, Pue. (apro).- Las diputadas federales Loretta Ortiz Alhf y Roxana Luna, de PT y PRD, respectivamente, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por los casos de 33 personas que se encuentran encarceladas por protestar o manifestarse contra el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Al participar en un foro sobre derechos humanos realizado en la población de Tlaxcalancingo, la diputada Ortiz, quien en 2011 fue una de las promotoras del juicio penal internacional contra el entonces presidente Felipe Calderón por su guerra contra el narcotráfico, consideró que los “presos políticos” en Puebla ameritan la intervención de la CIDH.
“Ha habido un incumplimiento por parte del gobernador de Puebla (en derechos humanos), pues ha detenido de manera arbitraria, sin que exista la comisión de delito alguno por parte de esas personas, sencillamente fueron detenidos por manifestar su oposición al gobierno actual”, explicó la legisladora.
En este caso se señalan como autoridades responsables de la violación de derechos humanos al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Moreno Valle, al procurador Víctor Carrancá, y a los diputados locales que aprobaron la llamada “ley bala”.
Indicó que el expediente con los casos de los 33 activistas presos ya fue enviado desde el viernes 15 a la CIDH para pedir que dicte medidas cautelares a favor de esas persona, luego de que se violentara su derecho humano de presunción de inocencia, ya que a la fecha no se les ha probado delito alguno.
Incluso Ortiz agregó que muchas de estas personas ya debieron ser liberadas por tener derecho a fianza o porque ya se les otorgó amparo, pero siguen encarceladas por distintas argucias legales que ha interpuesto el gobierno poblano.
La diputada Roxana Luna mencionó el caso del líder campesino Abraham Cordero, opositor a la construcción del Libramiento Arco Poniente, que incluso obtuvo un amparo porque los delitos por los cuales es procesado no son considerados como graves.
Sin embargo, sigue en prisión porque el Ministerio Público apeló la orden judicial, al alegar que el activista es una persona peligrosa para la sociedad, con lo que se alarga la permanencia de Cordero en la cárcel.
Ortiz señaló que los argumentos que expone el gobierno de Puebla, en el sentido de que las manifestaciones afectan derechos de terceros cuando obstruyen calles, carreteras o edificios públicos, no justifica la represión policiaca o el encarcelamiento de los participantes.
“Se puede tipificar delitos por el uso de armas, explosivos, daños a comercios o a propiedad privada, destrucción de lugares, impedir acceso a lugares públicos, casas, cuando los comete una persona, pero no una manifestación”, explicó.
“No se puede inhibir el derecho a la manifestación pública porque es un derecho fundamental”, agregó. “El penalizar o criminalizar las manifestaciones no tiene más objeto que inhibir el derecho a la protesta pública”.
También dijo que la policía puede proceder cuando detecta en la manifestación a individuos que están dedicados a causar destrozos. “Pero ¿por qué no los detienen? Porque son los mismos que envía el gobierno para poder decir que esa manifestación no está dentro de los cauces legales y entonces detener a varios y así inhiben el derecho a la manifestación”, indicó.
Entre los casos que documenta la denuncia presentada en la CIDH, están las detenciones de la comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez; del activista Juan Carlos Flores Solís, y del dirigente campesino Abraham Cardero Calderón, quienes se manifestaron contra el proyecto Integral Morelos y la construcción del Arco Poniente.
También se incluyen las nueve personas detenidas el lunes 16 de junio en San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, durante un operativo contra mototaxistas.
Además, de otras nueve detenidas en Cacalotepec durante las protestas del 21 de junio contra el sistema de transporte, así como otras ocho personas que fueron apresadas el 1 de julio por protestar en Tehuacán por el retiro de las Oficinas de Registro Civil de las Juntas Auxiliares.
Igual se menciona el caso de Chalchihuapan, por el que se levantaron cargos por el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo contra cuatro habitantes de esa comunidad y que finalmente fueron liberados al quedar demostrado que su aprehensión fue media hora antes de que se desatara la gresca entre policías y manifestantes.
Sin embargo, los cuatro siguen sujetos a proceso judicial por los cargos de obstrucción a las vías de comunicación.