Tribunales se enfrentan por fiscalización
AGENCIA REFORMA/MÉXICO / Publicada el 12/08/2014
La posibilidad de suspender la obligación de realizar la contabilidad electrónica para fines fiscales ya provocó criterios encontrados entre los tribunales federales de la Ciudad de México. Foto: Tomada de Internet
La
posibilidad de suspender la obligación de realizar la contabilidad
electrónica para fines fiscales ya provocó criterios encontrados entre
los tribunales federales de la Ciudad de México.
El Tribunal 3 Colegiado en Materia Administrativa resolvió el 7 de agosto que procede conceder la suspensión para que no se lleve la contabilidad en registros electrónicos, ni se envíe al Buzón Tributario del Sistema de Administración Tributaria (SAT), mientras el Poder Judicial se pronuncia sobre la constitucionalidad de esta nueva medida.
“Aún cuando la sociedad está interesada en que las autoridades ejerzan sus facultades de fiscalización y se contribuya al gasto público, con el otorgamiento de la suspensión, no se impide el ejercicio de las facultades de fiscalización, ni se genera que la recurrente deje de contribuir al gasto público”, afirmaron los magistrados.
El mismo día, sin embargo, el Tribunal 18 Colegiado sostuvo el criterio opuesto.
“Resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución de los actos de fiscalización que, en ejercicio de las facultades de comprobación, ejerzan las autoridades, pues su finalidad es verificar que los gobernados han cumplido con las disposiciones fiscales”, afirmó.
Ayer, los tribunales 6 y 8 colegiados notificaron fallos en los que también consideraron improcedente la suspensión.
“El hecho de que el contribuyente envíe su información no implica por sí mismo el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, pues, al tratarse de una facultad discrecional, la autoridad se encuentra en libertad de decidir su ejercicio”, sostuvo el Tribunal 6 por dos votos contra uno.
La contradicción tendrá que ser aclarada, probablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que se presentan criterios de tribunales colegiados de otros estados, ya que los amparos se han promovido a nivel nacional.
Los amparos contra la contabilidad electrónica se multiplicaron desde una reforma de julio pasado a la Miscelánea Fiscal, en la que el SAT estableció los plazos y requisitos técnicos para que los contribuyentes activen el llamado Buzón Tributario.
En las últimas semanas ha subido el perfil de las empresas inconformes, pues ya no son sólo firmas pequeñas y medianas que pueden alegar falta de recursos para implementar el sistema, sino también corporaciones como Nextel, Dupont, Bayer, Genomma Lab, Casa Saba, Scotiabank, Banco Santander, Cinemex, Apple, Barcel, Radio Centro y hasta la Federación Mexicana de Futbol.
Aunque el SAT anunció la semana pasada un aplazamiento de varios meses, los amparos seguramente serán estudiados por el Poder Judicial, pues los quejosos cuestionan la constitucionalidad del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación vigente desde enero, que es la norma que los obliga a llevar contabilidad electrónica.
El Tribunal 3 Colegiado en Materia Administrativa resolvió el 7 de agosto que procede conceder la suspensión para que no se lleve la contabilidad en registros electrónicos, ni se envíe al Buzón Tributario del Sistema de Administración Tributaria (SAT), mientras el Poder Judicial se pronuncia sobre la constitucionalidad de esta nueva medida.
“Aún cuando la sociedad está interesada en que las autoridades ejerzan sus facultades de fiscalización y se contribuya al gasto público, con el otorgamiento de la suspensión, no se impide el ejercicio de las facultades de fiscalización, ni se genera que la recurrente deje de contribuir al gasto público”, afirmaron los magistrados.
El mismo día, sin embargo, el Tribunal 18 Colegiado sostuvo el criterio opuesto.
“Resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución de los actos de fiscalización que, en ejercicio de las facultades de comprobación, ejerzan las autoridades, pues su finalidad es verificar que los gobernados han cumplido con las disposiciones fiscales”, afirmó.
Ayer, los tribunales 6 y 8 colegiados notificaron fallos en los que también consideraron improcedente la suspensión.
“El hecho de que el contribuyente envíe su información no implica por sí mismo el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, pues, al tratarse de una facultad discrecional, la autoridad se encuentra en libertad de decidir su ejercicio”, sostuvo el Tribunal 6 por dos votos contra uno.
La contradicción tendrá que ser aclarada, probablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que se presentan criterios de tribunales colegiados de otros estados, ya que los amparos se han promovido a nivel nacional.
Los amparos contra la contabilidad electrónica se multiplicaron desde una reforma de julio pasado a la Miscelánea Fiscal, en la que el SAT estableció los plazos y requisitos técnicos para que los contribuyentes activen el llamado Buzón Tributario.
En las últimas semanas ha subido el perfil de las empresas inconformes, pues ya no son sólo firmas pequeñas y medianas que pueden alegar falta de recursos para implementar el sistema, sino también corporaciones como Nextel, Dupont, Bayer, Genomma Lab, Casa Saba, Scotiabank, Banco Santander, Cinemex, Apple, Barcel, Radio Centro y hasta la Federación Mexicana de Futbol.
Aunque el SAT anunció la semana pasada un aplazamiento de varios meses, los amparos seguramente serán estudiados por el Poder Judicial, pues los quejosos cuestionan la constitucionalidad del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación vigente desde enero, que es la norma que los obliga a llevar contabilidad electrónica.
Van contra contabilidad
La
Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia Fiscal y
Administrativa en Nuevo León estuvo ayer y el viernes atestada de
abogados fiscalistas quienes presentaron los amparos contra la
contabilidad electrónica.
A las 10:30 de la mañana de ayer, alrededor de unas 100 cajas, que contenían los expedientes correspondientes a cada amparo, ya estaban apiladas en el lobby de la Oficialía, aguardando su turno para ser desahogadas.
Abogados fiscalistas y empleados de los despachos llegaban con diablitos cargados de esas cajas, y resignados afirmaban que les aguardaba un largo y extenuante día, de por lo menos unas 10 horas de espera, pues el viernes pasado habían vivido ya esa experiencia.
A las 10:30 de la mañana de ayer, alrededor de unas 100 cajas, que contenían los expedientes correspondientes a cada amparo, ya estaban apiladas en el lobby de la Oficialía, aguardando su turno para ser desahogadas.
Abogados fiscalistas y empleados de los despachos llegaban con diablitos cargados de esas cajas, y resignados afirmaban que les aguardaba un largo y extenuante día, de por lo menos unas 10 horas de espera, pues el viernes pasado habían vivido ya esa experiencia.
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