Cinco desafíos para el INE
AGENCIA REFORMA/LORENZO CÓRDOVA VIANELLO* / Publicada el 06/10/2014
El proceso electoral que arranca oficialmente en esta semana será un auténtico laboratorio para poner a prueba el nuevo sistema electoral derivado de la reforma pactada por los partidos el año pasado. Foto: Agencia Reforma
El
proceso electoral que arranca oficialmente en esta semana será un
auténtico laboratorio para poner a prueba el nuevo sistema electoral
derivado de la reforma pactada por los partidos el año pasado. De su
éxito depende la posibilidad de conjurar la tentación de hacer otra
reforma pasados los comicios.
A unos días del arranque formal del proceso electoral 2014-2015 (éste iniciará legalmente con la sesión que el Consejo General del INE realice el próximo 7 de octubre), vale la pena recapitular algunos de los principales retos que enfrenta la autoridad administrativa electoral.
Los retos intrínsecos que la reforma le planteó al Instituto Nacional Electoral son muchos más que los que se indican y analizan someramente en este texto. La reforma le confiere a INE 74 nuevas atribuciones adicionales a las que se heredan del IFE (que son todas salvo la capacidad de resolver los procesos especiales sancionadores que ahora se transfiere a la nueva sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque la sustanciación de esos procedimientos, es decir, la indagatoria, sigue en manos de la autoridad administrativa). Es más, algunos de los retos más complicados, como los que suponen la facultad de organizar los procesos internos de los partidos políticos que así lo soliciten y el nombramiento de los consejeros que integran los Oples, ya han sido cubiertos en primera instancia de manera exitosa, con la realización de las elecciones del PRD para renovar sus dirigencias el 7 de septiembre pasado y la reciente designación de los integrantes de los Consejos de los órganos electorales de las 17 entidades en las que habrá comicios coincidentes con el federal en 2015 (más el del estado de Oaxaca, que tendrá elecciones por usos y costumbres en cerca de 60 municipios el 2015).
Cinco retos que tendrán que superarse:
A unos días del arranque formal del proceso electoral 2014-2015 (éste iniciará legalmente con la sesión que el Consejo General del INE realice el próximo 7 de octubre), vale la pena recapitular algunos de los principales retos que enfrenta la autoridad administrativa electoral.
Los retos intrínsecos que la reforma le planteó al Instituto Nacional Electoral son muchos más que los que se indican y analizan someramente en este texto. La reforma le confiere a INE 74 nuevas atribuciones adicionales a las que se heredan del IFE (que son todas salvo la capacidad de resolver los procesos especiales sancionadores que ahora se transfiere a la nueva sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque la sustanciación de esos procedimientos, es decir, la indagatoria, sigue en manos de la autoridad administrativa). Es más, algunos de los retos más complicados, como los que suponen la facultad de organizar los procesos internos de los partidos políticos que así lo soliciten y el nombramiento de los consejeros que integran los Oples, ya han sido cubiertos en primera instancia de manera exitosa, con la realización de las elecciones del PRD para renovar sus dirigencias el 7 de septiembre pasado y la reciente designación de los integrantes de los Consejos de los órganos electorales de las 17 entidades en las que habrá comicios coincidentes con el federal en 2015 (más el del estado de Oaxaca, que tendrá elecciones por usos y costumbres en cerca de 60 municipios el 2015).
Cinco retos que tendrán que superarse:
Instrumentar y hacer funcionar la reforma electoral
Ésta
es, como decíamos, ambiciosa y compleja, pero es indispensable que
funcione y lo haga bien -demostrando su viabilidad y posible
instrumentación, por un lado, y resolviendo los problemas que se
pretendieron atajar por parte del legislador, por el otro- para tratar
de inocular la tentación de pretender una nueva reforma radical al cabo
de los próximos comicios.
Sin duda resultará necesario hacer ajustes a las reglas, particularmente a aquellas que se ponen a prueba por primera vez; las elecciones son, en ese sentido, una especie de prueba del ácido de las normas y siempre son perfectibles. Pero una cosa es hacer ajustes y otra la pretensión de refundar el sistema electoral. Cumplir con instrumentar bien la reforma es la mejor manera de inocular esa recurrente vocación instalada en el imaginario de la clase política en México.
Sin duda resultará necesario hacer ajustes a las reglas, particularmente a aquellas que se ponen a prueba por primera vez; las elecciones son, en ese sentido, una especie de prueba del ácido de las normas y siempre son perfectibles. Pero una cosa es hacer ajustes y otra la pretensión de refundar el sistema electoral. Cumplir con instrumentar bien la reforma es la mejor manera de inocular esa recurrente vocación instalada en el imaginario de la clase política en México.
Terminar la tarea reglamentaria derivada de la reforma
El
alcance de la reforma constitucional y legal es tal que le impone al
INE una importante labor de construir de cero muchas normas
(reglamentos, lineamientos, modelos de operación, entre otros acuerdos)
que permitan aterrizar de manera puntual muchas de las disposiciones
legales.
El escenario ideal hubiera sido que para el arranque del proceso electoral dicha reglamentación hubiera estado concluida, para inyectar plena certidumbre a los actores políticos, a la ciudadanía y a los propios funcionarios electorales, respecto de la totalidad de las reglas del juego con las que las elecciones se llevarán a cabo. La complejidad de la reforma, en primer lugar, el poco tiempo entre la conclusión de la misma y el arranque del proceso electoral, en segundo término, y las complejas tareas que en estos primeros meses desde su creación ha tenido que realizar el INE (elección del PRD y nombramiento de consejeros de los Oples, principalmente), han provocado que aún no se haya culminado el trabajo de reglamentación.
Será muy importante que ese trabajo esté concluido lo antes posible porque de ello depende, en gran medida, como estamos conscientes en el INE, generar las mejores condiciones de certeza y legalidad para las contiendas electorales del próximo año.
El escenario ideal hubiera sido que para el arranque del proceso electoral dicha reglamentación hubiera estado concluida, para inyectar plena certidumbre a los actores políticos, a la ciudadanía y a los propios funcionarios electorales, respecto de la totalidad de las reglas del juego con las que las elecciones se llevarán a cabo. La complejidad de la reforma, en primer lugar, el poco tiempo entre la conclusión de la misma y el arranque del proceso electoral, en segundo término, y las complejas tareas que en estos primeros meses desde su creación ha tenido que realizar el INE (elección del PRD y nombramiento de consejeros de los Oples, principalmente), han provocado que aún no se haya culminado el trabajo de reglamentación.
Será muy importante que ese trabajo esté concluido lo antes posible porque de ello depende, en gran medida, como estamos conscientes en el INE, generar las mejores condiciones de certeza y legalidad para las contiendas electorales del próximo año.
Casilla única
La
reforma determinó que en los 17 estados en los que se celebrarán
comicios de manera concurrente con los federales, la votación de ambas
elecciones deberá recibirse en una casilla única. Se trata, en la
mayoría de los casos, de una novedad que repercutirá en un mejor
aprovechamiento de los esfuerzos organizativos y en economías
presupuestales (hasta ahora en Colima se ha venido operando en las
elecciones concurrentes bajo ese esquema, de manera exitosa, desde
1991), pero que requiere de una coordinación logística muy bien aceitada
entre las autoridades electorales locales y la nacional por sus
múltiples implicaciones: insaculación de funcionarios única, una sola
capacitación, materiales únicos, etcétera.
Esta figura será, vale la pena mencionarlo, no el único ámbito que requerirá de un contacto permanente entre los Oples y el INE, pero sí el más simbólico y evidente del nuevo sistema electoral derivado de la reforma.
Esta figura será, vale la pena mencionarlo, no el único ámbito que requerirá de un contacto permanente entre los Oples y el INE, pero sí el más simbólico y evidente del nuevo sistema electoral derivado de la reforma.
Consultas populares
Por
primera vez, se ha solicitado al INE la verificación del número de
firmas para la realización de cuatro consultas populares que, en caso de
que se convalide el número mínimo requerido por la Constitución para su
procedencia (el 2% del Listado Nominal, que equivale a alrededor de 1.6
millones de adhesiones) y su constitucionalidad por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, serán instrumentadas de manera conjunta con la
elección federal del próximo 7 de junio.
Se trata de un novedoso mecanismo de participación ciudadana que implicará para el INE un desafío logístico importante, pues serán los mismos funcionarios de las casillas que operarán en la elección quienes deberán hacer el cómputo de los pronunciamientos de los ciudadanos respecto de los temas consultados.
Se trata de un novedoso mecanismo de participación ciudadana que implicará para el INE un desafío logístico importante, pues serán los mismos funcionarios de las casillas que operarán en la elección quienes deberán hacer el cómputo de los pronunciamientos de los ciudadanos respecto de los temas consultados.
El nuevo modelo de fiscalización
La
reforma estableció un renovado sistema nacional de fiscalización bajo
el cual toda la revisión de los ingresos y egresos de partidos y
candidatos a nivel federal y local deberá realizarse a partir de normas y
criterios únicos que deben ser fijados por el INE. Además, se fijó que
toda la contabilidad debe reflejarse en un complejo sistema informático
creado para tal propósito que automáticamente permita ordenar los
ingresos y los gastos en tiempo real y emita las alertas
correspondientes para detonar, en su caso, procedimientos sancionadores y
compulsar los informes de precampaña y campaña que los contendientes
deben entregar al INE.
Ese sistema implica que el INE se convertirá en un órgano fiscalizador de todas los gastos político electorales a nivel federal y local, además de que concentrará las tareas de vigilancia y auditoría que permitan constatar el apego de los recursos partidistas y de los candidatos a los límites y prohibiciones fijados en la ley.
En virtud de lo anterior, el INE pasará de revisar y dictaminar un universo mayor a diez veces lo que hacía en el pasado (para 2015 se revisarán no 6 mil informes como habría ocurrido sin la reforma, sino alrededor de 75 mil informes) y en un tiempo mucho menor (en vez de seis meses para revisar los informes de campaña, se tendrán sólo 45 días) de modo que las gastos de campaña estén dictaminados antes de que las elecciones estén calificadas por las instancias jurisdiccionales.
*El autor es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
Ese sistema implica que el INE se convertirá en un órgano fiscalizador de todas los gastos político electorales a nivel federal y local, además de que concentrará las tareas de vigilancia y auditoría que permitan constatar el apego de los recursos partidistas y de los candidatos a los límites y prohibiciones fijados en la ley.
En virtud de lo anterior, el INE pasará de revisar y dictaminar un universo mayor a diez veces lo que hacía en el pasado (para 2015 se revisarán no 6 mil informes como habría ocurrido sin la reforma, sino alrededor de 75 mil informes) y en un tiempo mucho menor (en vez de seis meses para revisar los informes de campaña, se tendrán sólo 45 días) de modo que las gastos de campaña estén dictaminados antes de que las elecciones estén calificadas por las instancias jurisdiccionales.
*El autor es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
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