El Tribunal Permanente de los Pueblos: a la sombra de Ayotzinapa
Magdalena Gómez
E
l pasado 15 de
noviembre culminó el capítulo México del Tribunal Permanente de los
Pueblos con la emisión de la sentencia en su audiencia final. Durante
tres años se celebraron 10 audiencias temáticas y transtemáticas
(producto, a su vez, de 40 preaudiencias), la participación de cerca de
mil organizaciones de diverso nivel incluyó miles de personas, y los
casos presentados colocaron en tela de juicio la obligatoriedad de los
tratados económico-comerciales y mostraron la abierta violación de los
derechos humanos y de los pueblos. Este proceso que refleja la sentencia
dio cuenta de que las amenazas y agravios se refieren tanto a violación
a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la
naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de
desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de
condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas
de violencia directa contra las personas, las comunidades, defensores
de derechos humanos, las mujeres o periodistas. Asimismo, se anotó que
México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de
migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía,
extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. El
derecho, se indicó, ha perdido su papel protector y se convirtió en una
forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo
deposita en los acuerdos comerciales, la presión de trasnacionales o los
intereses de las elites económicas. Muy singular fue la reflexión sobre
la política exterior mexicana que se distinguió por mantener una voz
propia, con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso
social y, sin embargo, la realidad interna del país aparece cubierta,
ninguna organización externa la tiene en su agenda. Tras una detallada
calificación jurídica de los crímenes de lesa humanidad y del conjunto
de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales violados
sistemáticamente, las juezas y jueces del TPP ubicaron cuatro agentes
con responsabilidad: El Estado mexicano, las empresas trasnacionales,
los terceros estados de origen de las empresas y el sistema de la ONU a
través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. El TPP
resolvió remitir el expediente, dictamen y recomendaciones no solamente a
las instituciones de gobierno, sino también, para que actúen en
consecuencia con sus competencias, facultades y atribuciones, a las
siguientes personas e instituciones: fiscal de la Corte Penal
Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
Organos convencionales de control de los convenios internacionales de
derechos humanos, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos, presidente de la de la Suprema Corte de Justicia,
gobiernos de los estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión
Europea. También se anota entre las recomendaciones a la sociedad civil
internacional y nacional la necesaria refundación de México, con una
serie de elementos que son ciertamente indicativos pues el tema demanda
la más amplia discusión y participación de todas las fuerzas sociales.
Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.
No cabe duda, el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México es un referente ético-político y un aporte básico para orientar la continuidad de la lucha contra los efectos del libre comercio y la impunidad que expresa a la violencia estructural.
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