Por Ernesto Aroche Aguilar / @earoche /Lado B
(17 de enero, 2015).- Hay silencios que lo dicen todo. Hay omisiones
inmensas como globos aerostáticos. Hay nombres prohibidos que a fuerza
de callarlos se filtran. Hay ausencias tan grandes que desnudan. José Luis Alberto Tehuatle Tamayo fue el nombre tabú de
la jornada de ayer, esa que Rafael Moreno Valle, el gobernador de
transición que llegó a Casa Puebla apuntando a Los Pinos, preparó como
antesala a su carrera rumbo al Distrito Federal (aunque en realidad haya
empezado desde años antes).
La violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta y la mano dura fueron el signo de un año, el cuarto, que dejó cárceles llenas de presos políticos y ninguna traza de arrepentimiento.
En los 43 segundos que Rafael Moreno Valle dedicó al caso Chalchihuapan dejó
en claro que para él, el asesinato del menor de 13 años la tarde del 9
de julio a manos de policías estatales fue responsabilidad de los que
“trasgredieron la ley y alteraron la tranquilidad pública”.
“El mes de julio del año pasado, en la comunidad de San Bernardino
Chalchihuapan un grupo transgredió la ley, y alteró la tranquilidad
pública al bloquear la carretera Puebla-Atlixco, afectando a terceros.
La obligación legal del gobierno es garantizar que impere el estado de
derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz
social. Lamentamos las dolorosas consecuencias de estos hechos, sin
embargo el gobierno del estado siempre actuará con apego a al ley, tal
como lo exige la sociedad para preservar la concordia y la
tranquilidad”.
Y el nombre prohibido, el del joven al que unas latas de gas
lacrimógeno le rompieron el cráneo y la quitaron la vida, llenó la sala
del modernizado auditorio, una obra a la que se destinaron 416 millones
de pesos más 40 mil pesos por el pago de su nuevo nombre: “Auditorio
Metropolitano Puebla”, mientras que al pago de las indemnizaciones de
muertos y heridos en el desalojo de la autopista Puebla Atlixco, tan sólo se destinaron 4 millones. Entre tibieza y omisiones
Y si el gobernado apenas le dedicó 43 segundo al tema que marcó el
año, los diputados al fijar postura política durante el acto
protocolario en el que el gobernador entregó al poder Legislativo su
informe de labores lo mencionaron una sola vez y casi de pasada. Ahí de
nuevo el tabú estatal y el nombre prohibido se omitió en la pasarela
legislativa. Foto: comunicacionsocial.puebla.gob.mx
Hubo, sí, loas y aplausos por parte de los partidos que conformaron
la coalición que lo llevo al poder. Hubo, también, reclamos más bien
tibios por la violación a los derechos humanos y encarcelamiento de
opositores. Hubo, por si faltara, quién salió a atajar las críticas
reprochando al otro sus propios cadáveres. Tlatlaya. Ayotzinapa. Hubo al
final, incluso, quien habló de decisiones “responsables y valientes” al
calificar la privatización del servicio del agua potable. Lo que no
hubo fue autocrítica y contrición, si eso fuera posible.
Tres partidos, PRI, PVEM y PT, cuestionaron, en diferentes niveles de
tibieza, la represión; uno, el PRI, recordó lo sucedido el 9 de julio
en la autopista Puebla-Atlixco, pero ninguno llamó por su nombre a José
Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
Como ningún tampoco habló de los habitantes de Chalchihuapan que
están en la cárcel mientras que los seis policías responsables de la
muerte del menor y las agresiones a los vecinos de la comunidad dejaron
el penal desde la madrugada del pasado 24 de diciembre. PAN y Panal defienden
Lizeth Pérez, la coordinadora de la banca del PT fue la primera en trae a colación el tema de la ley bala, una ley que dijo, ellos pidieron su abrogación:
Hubo, sí, loas y aplausos por parte de los partidos que
conformaron la coalición que lo llevo al poder. Hubo, también, reclamos
más bien tibios por la violación a los derechos humanos y
encarcelamiento de opositores. Hubo, por si faltara, quién salió a
atajar las críticas reprochando al otro sus propios cadáveres. Tlatlaya.
Ayotzinapa.
“En la construcción de la democracia y en la divergencia de opiniones
nos encaminó a la oposición de una ley, que a nuestro parece coartaba
el derecho de expresión, y que este año con voz firme sugerimos su
abrogación”, pero matizó: “nunca para obstruir el desempeño de la
función pública, nunca para obstaculizar por afanes protagónicos o
partidistas”.
Y tras ella subió a tribuna la diputada del Partido Verde, Geraldine
González para señalar, también con bastante tibieza “los rezagos” y los
retos por atender:
“En la entidad, el rubro del medioambiente presenta importante
rezagos, tal es el caso del rescate del río Atoyac y del visionario
proyecto d la ciudad verde de Valsequillo, aquello sumado a la represión
y violación de los derechos humanos representan retos importantes que
superar, lo cual solo será posible con tolerancia e inclusión”.
Pero no hubo tolerancia para la crítica, y en respuesta la coordinadora de la bancada del Partido Nueva Alianza le contestó: “Coincido con usted compañera diputada respecto a la importancia del
medio ambiente, no recuerdo otro gobierno estatal que le haya apostado
al desarrollo sustentable y los temas ambientales como este, es por lo
cual reitero mi felicitación a este gobierno que si ha sancionado a las
empresas que contaminan los mantos acuíferos a diferencia de la
administración pasada que protegió a empresas que descargaban líquidos
tóxicos en el río Atoyac. Así mismo, es oportuno enfatizar que la
reforma en derechos humanos fue avalada por la propia Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, respecto a su constitucionalidad y pertinencia,
en ese mismo sentido la recomendación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos señaló que sería deseable que todos los estados de la
República cuenten con una ley similar”.
En su participación, el diputado Sergio Salomón Céspedes, encargado
de la postura del tricolor cuestionó temas como la privatización del
agua, la verificación vehicular, la fotomulta y el caso Chalchihupan:
“Que los derechos humanos no deben ser bandera política, partidista
ni de extracto sociales, ni de condiciones legales, mucho menos monedas
de cambio para posiciones de lucro. 2014 no fue el año de los derechos
humanos, aunque se dieron cambios en la Constitución del Estado
referidos a la protección de estos derechos, en la práctica no fue así.
Ante los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en la comunidad de
Chalchihuapan, la bancada de nuestro partido pugnó porque la CNDH
atrajera el caso, después de hacer una exhaustiva investigación la
comisión hizo una serie de puntualizaciones (…) y varias de las
recomendaciones se basan en que (el estado) no obedeció lo especificado
en la ley”.
En respuesta el panista Franco Rodríguez, el legislador que llegó
como el perfil ciudadano de esta legislatura, le respondió señalando los
resultados de las administraciones precedentes, todas ellas emanadas
del tricolor.
“Por principio de cuenta no puedo dejar de señalar una enorme
incongruencia, los que hoy hablan de autoritarismo son los que someten
con una línea vertical a los representantes populares, y lejos de
ofrecer argumentos ponen la cara, ante las apabullantes cifras y logros
del gobierno estatal. Son los mismo que ante la falta de oficio político
tienen como respuesta que el gobernador un reconocimiento por el
trabajo realizado por el gobierno federal, Coincidimos, es un tema que
preocupa nacional, los derechos humanos (sic), es un tema en el que
tenemos que trabajar con nuestras instituciones, trabajemos de manos de
ellas para que Puebla no sea escenario donde veamos hechos lamentables
como los ocurridos en el estado de México, Ayotzinapa”.
Y aunque desde el PRD se habló también de la crisis de derechos
humanos que se vivió en el 2014 la mención fue al ámbito nacional, pues
al diputado Julián Rendón Tapia que mencionó el caso de los 43
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos, se le olvidó
el caso Chalchihuapan.
“Coincido con usted compañera diputada respecto a la importancia del
medio ambiente, no recuerdo otro gobierno estatal que le haya apostado
al desarrollo sustentable y los temas ambientales como este, es por lo
cual reitero mi felicitación a este gobierno que si ha sancionado a las
empresas que contaminan los mantos acuíferos a diferencia de la
administración pasada que protegió a empresas que descargaban líquidos
tóxicos en el río Atoyac. Así mismo, es oportuno enfatizar que la
reforma en derechos humanos fue avalada por la propia Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, respecto a su constitucionalidad y pertinencia,
en ese mismo sentido la recomendación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos señaló que sería deseable que todos los estados de la
República cuenten con una ley similar”.
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