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Chicoasen ll es construida sobre la base de huesos rotos, sangre derramada y humillaciones en contra de indígenas
Emma Martínez
Chicoasen ll es construida sobre la base de huesos rotos, sangre derramada y humillaciones en contra de indígenas
(11
de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En 2012 Velasco Coello
pensó que como indígenas seríamos agachados y no nos defenderíamos,
comenzó a vender toda la zona de la frailesca, a provocar el abandono de
nuestras tierras por medio de grupos paramilitares, que a la vez nos
ejecutaban extrajudicialmente y también introdujo a Ejército y policías
para torturarnos.
Ese es el tipo de gobernador que llegó al poder, pero somos hombres que luchan por sus tierras y hoy estamos intentando sobrevivir para gritarle al país que Velasco y su partido el Verde Ecologista están acabando con la flora, fauna, y población humana en nuestro estado, nuestro caso es solamente un ejemplo”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Roberto Lepe, uno de los activistas comunitarios que ha dado seguimiento a casos de discriminación y violencia en contra de población indígena.
Él asegura que aun cuando los ejidatarios básicos, con edades entre 60 y 80 años, tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre, pidiendo la cancelación de la presa Chicoasén ll, que afecta de manera mortal a la población que vive a los alrededores y la excarcelación del abogado defensor, quien aseguran fue a prisión bajo falsos delitos, el gobierno hizo caso omiso a sus acciones, no importándole las consecuencias que pudo tener la acción en la salud del grupo.
Una comisión de indígenas zoques ha informado públicamente y en forma reiterada, de las violaciones a sus derechos agrarios en los que han incurrido la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica.
La problemática, como la ha dado a conocer anteriormente Revolución TRESPUNTOCERO, se basa en que el proyecto se aprobó mediante un proceso con irregularidades, en una simulada acta de asamblea, el día 17 de noviembre de 2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Frayba, ha informado que ha recibido información del Comité Ejidal de Chicoasén, de la existencia de al menos 11 órdenes de aprehensión, bajo la averiguación previa número 217/2015, en contra de los abogados y ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la suspensión de la obra de la presa Chicoasén II.
“Esta criminalización se da a pesar de existir minutas de acuerdo, firmadas los días 21, 22 y 29 de julio del 2015, donde el gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco Coello se comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden sus derechos agrarios”, explica el Frayba.
A su vez Lepe, afirma que “la Comisión Federal de Electricidad, ha resguardado la zona con elementos de seguridad que nos atacan, nos humillan, nos reprimen a los habitantes de Chicoasén. Si bien es cierto se aceptó que se rentaran las tierras para la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasén II, cuyo costo tendrá un aproximado a los 429 millones de dólares, proyecto estimado a concluir en el 2020, la CFE prometió a los terratenientes una renta mensual de 45 mil pesos durante todo el tiempo que duren las obras de construcción del nuevo embalse, sin embargo desde su inicio esto no ha sido cumplido.
Nunca hablaron de las afectaciones, nos fuimos enterando por nuestro lado, producto de esto quisimos que todo se detuviera, nos engañaron y por exigir la verdad nos han tundido a golpes y amenazas de muerte, nosotros tenemos que vivir escondidos, siendo los afectados y ellos que cometen el delito de acoso e intimidación nos enseñan sus armas para que nos agachemos”.
A los ejidatarios se les prometió diversos bienes, por la expropiación de sus tierras ejidales, lo cual no sucedió y los 105 millones de pesos que el Gobierno Federal confirió para la población, nunca fueron entregados.
A finales de 2015, la CFE aseguró que después de ‘analizar’ la situación, pagarían a los ejidatarios la anualidad que por renta les corresponde, sin embargo hubo un nuevo incumplimiento de parte de la empresa, por lo cual los ejidatarios dieron inicio a la planeación de una protesta, que ni siquiera tuvo tiempo de llevar a cabo, puesto que de inmediato fueron reprimidos por parte de 150 policías estatales.
“Quienes atacaron a jóvenes y ancianos por igual, la represión fue directa, ellos con armas y garrotes y nosotros ni siquiera tiempo de tomar piedras, solamente por atrevernos a pedir el cumplimiento de un acuerdo. Aunque nosotros no somos los únicos que padecemos el mal gobierno y las injusticias de la empresa y Velasco Coello, también a quienes aceptaron trabajar para ellos les han incumplido con el contrato, dando preferencia a trabajadores de otras entidades de la República, pese a que tienen una menor capacitación, eso demuestra el racismo”, afirma el activista.
Quien denuncia que usan de manera velada a los chiapanecos, porque sabiendo de la necesidad de trabajo, les ofrecen una serie de prestaciones y sueldos, que no se cumplen, mientras son anotados en una lista de “turno”, la cual no se respeta, porque quienes están a cargo le dan prioridad a los que llegan de otras entidades, o quienes ofrezcan dinero por las plazas “nunca respetan y ha muchos los han hecho esperar hasta más de 5 meses, pero en donde además provocan riñas entre ellos para obtener un espacio laboral, lo cual a todas luces viola los derechos humanos, pero lo hacen hasta por diversión, les gusta humillar a los necesitado”, comenta.
El experto en derecho laboral, Diego Alfonso Martínez, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “existen afectaciones a los derechos laborales, por parte de los jefes hacia el equipo de la presa, constantemente han sido violentados, incluso cuando algo sale mal, sin importar si hay un culpable directo padecen humillaciones, causan daños en su integridad y en dignidad.
Lo anterior viene de parte de los jefes y supervisores, quienes ponen a los trabajadores, en medio de escenarios indignos y denigrantes, sin contar la manera en que laboran y las condiciones, puesto que sus espacios de trabajo están en lugares insalubres, sin atención de emergencias médicas y en sitios donde la inseguridad es inminente.
Es preciso mencionar que para los trabajadores no existe mínimo un botiquín, si por algún motivo, en medio de la zona rural, lejana a la ciudad, son víctimas de un grave accidente, simplemente morirán, porque no hay personal médico y tampoco se esforzarán por buscar modos de recurrir a un hospital”.
Y asegura que “Chicoasen ll, es una presa hidroeléctrica que se está construyendo, como Chicoasen l, sobre la base de huesos rotos, sangre derramada y humillaciones en contra de la población indígena. El proyecto solamente beneficia intereses personales, burlándose de los dueños a quienes hurtaron, CFE y gobierno del estado, cual vil ladrones lo que a población indefensa pertenecía”.
Ese es el tipo de gobernador que llegó al poder, pero somos hombres que luchan por sus tierras y hoy estamos intentando sobrevivir para gritarle al país que Velasco y su partido el Verde Ecologista están acabando con la flora, fauna, y población humana en nuestro estado, nuestro caso es solamente un ejemplo”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Roberto Lepe, uno de los activistas comunitarios que ha dado seguimiento a casos de discriminación y violencia en contra de población indígena.
Él asegura que aun cuando los ejidatarios básicos, con edades entre 60 y 80 años, tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre, pidiendo la cancelación de la presa Chicoasén ll, que afecta de manera mortal a la población que vive a los alrededores y la excarcelación del abogado defensor, quien aseguran fue a prisión bajo falsos delitos, el gobierno hizo caso omiso a sus acciones, no importándole las consecuencias que pudo tener la acción en la salud del grupo.
Una comisión de indígenas zoques ha informado públicamente y en forma reiterada, de las violaciones a sus derechos agrarios en los que han incurrido la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica.
La problemática, como la ha dado a conocer anteriormente Revolución TRESPUNTOCERO, se basa en que el proyecto se aprobó mediante un proceso con irregularidades, en una simulada acta de asamblea, el día 17 de noviembre de 2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Frayba, ha informado que ha recibido información del Comité Ejidal de Chicoasén, de la existencia de al menos 11 órdenes de aprehensión, bajo la averiguación previa número 217/2015, en contra de los abogados y ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la suspensión de la obra de la presa Chicoasén II.
“Esta criminalización se da a pesar de existir minutas de acuerdo, firmadas los días 21, 22 y 29 de julio del 2015, donde el gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco Coello se comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden sus derechos agrarios”, explica el Frayba.
A su vez Lepe, afirma que “la Comisión Federal de Electricidad, ha resguardado la zona con elementos de seguridad que nos atacan, nos humillan, nos reprimen a los habitantes de Chicoasén. Si bien es cierto se aceptó que se rentaran las tierras para la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasén II, cuyo costo tendrá un aproximado a los 429 millones de dólares, proyecto estimado a concluir en el 2020, la CFE prometió a los terratenientes una renta mensual de 45 mil pesos durante todo el tiempo que duren las obras de construcción del nuevo embalse, sin embargo desde su inicio esto no ha sido cumplido.
Nunca hablaron de las afectaciones, nos fuimos enterando por nuestro lado, producto de esto quisimos que todo se detuviera, nos engañaron y por exigir la verdad nos han tundido a golpes y amenazas de muerte, nosotros tenemos que vivir escondidos, siendo los afectados y ellos que cometen el delito de acoso e intimidación nos enseñan sus armas para que nos agachemos”.
A los ejidatarios se les prometió diversos bienes, por la expropiación de sus tierras ejidales, lo cual no sucedió y los 105 millones de pesos que el Gobierno Federal confirió para la población, nunca fueron entregados.
A finales de 2015, la CFE aseguró que después de ‘analizar’ la situación, pagarían a los ejidatarios la anualidad que por renta les corresponde, sin embargo hubo un nuevo incumplimiento de parte de la empresa, por lo cual los ejidatarios dieron inicio a la planeación de una protesta, que ni siquiera tuvo tiempo de llevar a cabo, puesto que de inmediato fueron reprimidos por parte de 150 policías estatales.
“Quienes atacaron a jóvenes y ancianos por igual, la represión fue directa, ellos con armas y garrotes y nosotros ni siquiera tiempo de tomar piedras, solamente por atrevernos a pedir el cumplimiento de un acuerdo. Aunque nosotros no somos los únicos que padecemos el mal gobierno y las injusticias de la empresa y Velasco Coello, también a quienes aceptaron trabajar para ellos les han incumplido con el contrato, dando preferencia a trabajadores de otras entidades de la República, pese a que tienen una menor capacitación, eso demuestra el racismo”, afirma el activista.
Quien denuncia que usan de manera velada a los chiapanecos, porque sabiendo de la necesidad de trabajo, les ofrecen una serie de prestaciones y sueldos, que no se cumplen, mientras son anotados en una lista de “turno”, la cual no se respeta, porque quienes están a cargo le dan prioridad a los que llegan de otras entidades, o quienes ofrezcan dinero por las plazas “nunca respetan y ha muchos los han hecho esperar hasta más de 5 meses, pero en donde además provocan riñas entre ellos para obtener un espacio laboral, lo cual a todas luces viola los derechos humanos, pero lo hacen hasta por diversión, les gusta humillar a los necesitado”, comenta.
El experto en derecho laboral, Diego Alfonso Martínez, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “existen afectaciones a los derechos laborales, por parte de los jefes hacia el equipo de la presa, constantemente han sido violentados, incluso cuando algo sale mal, sin importar si hay un culpable directo padecen humillaciones, causan daños en su integridad y en dignidad.
Lo anterior viene de parte de los jefes y supervisores, quienes ponen a los trabajadores, en medio de escenarios indignos y denigrantes, sin contar la manera en que laboran y las condiciones, puesto que sus espacios de trabajo están en lugares insalubres, sin atención de emergencias médicas y en sitios donde la inseguridad es inminente.
Es preciso mencionar que para los trabajadores no existe mínimo un botiquín, si por algún motivo, en medio de la zona rural, lejana a la ciudad, son víctimas de un grave accidente, simplemente morirán, porque no hay personal médico y tampoco se esforzarán por buscar modos de recurrir a un hospital”.
Y asegura que “Chicoasen ll, es una presa hidroeléctrica que se está construyendo, como Chicoasen l, sobre la base de huesos rotos, sangre derramada y humillaciones en contra de la población indígena. El proyecto solamente beneficia intereses personales, burlándose de los dueños a quienes hurtaron, CFE y gobierno del estado, cual vil ladrones lo que a población indefensa pertenecía”.
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