Contrata el Gobierno federal a operador del Cártel de Juárez (Investigación Especial).
Un ex directivo del Banco
de México, sentenciado por haber sido operador financiero de la
organización de los Carrillo Fuentes, recibió contratos por más de 396
millones de pesos de la Cruzada contra el Hambre. Los pagos se hicieron a
empresas fantasmas y por servicios jamás realizados, en una trama que
involucró a la Universidad Autónoma de Morelos y a un ex dirigente de
Nueva Alianza.
(Primera de tres partes).
(Este reportaje fue realizado con el apoyo de la plataforma CONNECTAS y el International Center for Journalists, ICFJ).
Cuatro cajas repletas con 37 mil billetes de 20 dólares fueron depositadas en una camioneta Ford Ecosport negra estacionada cerca del cruce de avenida Universidad y el Eje 5 Sur.
Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: 740 mil 40 dólares, pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.
Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad de Juan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.
Según la versión oficial, una vez que todas las cajas con los fajos de dólares fueron colocadas en la camioneta, aparecieron en escena policías federales que rastreaban la transacción, realizada en plena vía pública, sobre la transitada avenida Eugenia (el Eje 5 Sur) de la colonia Narvarte, en la ciudad de México.
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta, Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio.
La Fiscalía identificó al detenido como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.
Los dos supuestos operadores del Cártel fueron encarcelados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde fueron sentenciados por el juez Cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta
detención ocurrió hace una década, el miércoles 26 de octubre de 2005,
pero cobra actualidad, porque uno de los señalados por la PGR como
operador del narcotráfico se ha convertido en contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social estelar: la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Los recursos por más de 396 millones de pesos (unos 25 millones de
dólares, al tipo de cambio de 2013) se entregaron a empresas
inexistentes y por servicios que nunca se realizaron. La trama incluyó a
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un ex dirigente del partido Nueva Alianza que ahora es funcionario de ese centro académico.La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.
Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.
Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.
En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas. “Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.
A una de sus cómplices, a quien apodaban ‘La contadora’, le encontraron dos millones 886 mil dólares en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.
La documentación decomisada revelaba el tamaño de las operaciones del capo: compraba al mes cinco toneladas de cocaína, lo que lo convertía –según la PGR- en el principal mayorista de droga que operaba en aquellos días en México, y responsable de entre el 15% y el 20% de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones las estimaba el gobierno entre 660 millones y mil millones de dólares al año.
Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.
De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.
Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32% de las acciones.
De acuerdo con la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.
“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró en noviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.
Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.
Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal.
Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.
En una licitación por 207 millones 779 mil pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aparece la firma del presunto operador del narcotráfico como representante legal de Cónclave.
Su hermano firmó como apoderado de Prodasa SA de CV, en un segundo contrato también con fondos federales por 188 millones 662 mil pesos.
En el acta constitutiva de Prodasa, El Cónsul aparece como socio mayoritario, con el 70% de las acciones.
En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos. Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.
Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.
Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.
El pasado 15 de abril de 2015, un agente del SAT llegó al penal de Almoloya de Juárez, en busca de El Cónsul. Iba con un requerimiento para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta cinco años antes por el juzgado de distrito que lo encontró culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de “custodia dentro del territorio nacional”. Sin embargo, el reo ya no estaba en su celda. Se había ido.
El agente fiscal dejó constancia de su visita de inspección a la cárcel de alta seguridad, en el siguiente acuerdo de notificación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pegó en sus oficinas:
“Me constituí legalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde me cercioré de ser el domicilio correcto, cuyas características externas son bardeado perimetral blanco y azul, con varias cabinas de seguridad a la entrada, malla ciclónica alrededor, de unos 15 mil metros cuadrados aproximadamente todo el inmueble, donde ingresé con el propósito de llevar a cabo la diligencia de mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y/o embargo emitido por la Administración Local de Recaudación de Toluca, referente al crédito 608278 de la determinante 3535/10 de fecha 22 de julio de 2010, emitida por el juzgado de distrito”.
Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.
Apenas ocho meses antes de ser liberado, la PGR anunció en un comunicado que un juez federal había dictado sentencia contra el presunto operador financiero del Cártel de Juárez.
Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena, ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.
‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.
El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después El Cónsul dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.
El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.
Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova, El Cónsul.
Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Sedesol comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de El Cónsul.
Y uno de los aspirantes que se anotó para convertirse en proveedor de la Sedesol era precisamente El Cónsul, quien aquel 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.
Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato. De un plumazo, dos de los postulantes fueron eliminados. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.
Al día siguiente, a las dos de la tarde, Wistano Luis Orozco firmó en el sexto piso de torre de rectoría el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos a Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.
Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos.
En suma, las empresas ligadas al hombre acusado por la PGR de lavado de dinero recibieron en dos contratos 396 millones 442 mil 615 pesos de fondos federales de Sedesol, triangulados a través de la Universidad Autónoma de Morelos.
En el transcurso de esta investigación se contactó a Wistano Luis Orozco, quien se abstuvo de declarar.
-¿Hablará algo al respecto de este tema? –se le planteó.
-No, no en absoluto –respondió.
Muchos indicios apuntan a que las licitaciones que favorecieron a las empresas del presunto operador del Cártel de Juárez estuvieron amañadas.
En la licitación LP12/2013 –que se asignó a Grupo Cónclave- se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato.
Mientras que en la licitación LP20/2013 –que se otorgó a Prodasa- el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.
Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró más irregularidades:
- En los expedientes revisados no se encontró la documentación mínima requerida en la convocatoria, tampoco los documentos que avalen la capacidad de las empresas que garanticen el cumplimiento de los servicios.
- El objeto social de las empresas era inconsistente con los bienes o servicios contratados.
- Hubo anomalías en los procesos de licitación, adjudicación y contratación de Grupo Cónclave y Prodasa, desde el fallo hasta el pago.
- En las licitaciones LP12/2013 y LP20/2013 se fraccionó la cantidad de bienes por adquirir y se adjudicaron a dos empresas (Cónclave y Prodasa) cuyos representantes legales son Rodolfo David Dávila Córdova ‘El Cónsul’ y su hermano, lo que se acreditó con las actas constitutivas.
- Nunca se firmó el contrato con Grupo Cónclave, con lo que se violó la Ley de Adquisiciones; sólo se expidió un pedido de mercancía.
- El 9 de octubre de 2013, Cónclave emitió una factura a la Sedesol, y ese mismo día supuestamente el proveedor repartió 16 millones 311 mil utensilios para equipar las brigadas contra el hambre en 13 estados del País, algo que logísticamente es imposible.
- El pago de 207 millones 779 mil pesos se hizo a Cónclave el 31 de octubre de 2013, pese a que millones de utensilios o materiales nunca se entregaron.
- Las irregularidades se repitieron con Prodasa: el 10 de diciembre de 2013 se emitió el fallo donde se le declaró ganadora; al día siguiente suscribió el contrato para surtir 14 millones 887 mil utensilios en 19 estados y el 13 de diciembre emitió la factura a la Sedesol y de inmediato cobró 188 millones 662 mil pesos.
- El pago se hizo pese a que Prodasa tampoco cumplió con la entrega de millones de materiales para la cruzada contra el hambre.
- En su acta constitutiva, Prodasa tiene como actividad preponderante la compra, venta, distribución, ensamble, fabricación, comercialización, instalación, reparación, importación y exportación, de todo tipo de aparatos y equipos de telecomunicación. Su giro, pues, nada tiene que ver con el combate al hambre.
El Grupo Comercializador Cónclave SA de CV es un proveedor ‘fantasma’.
El domicilio fiscal anotado en la factura que emitió a Sedesol, en Avenida Ejército Nacional 475, segundo piso, en la ciudad de México, en realidad corresponde a consultorios médicos.
Mientras que un segundo domicilio que aparece en la cuenta bancaria en la que se hizo el depósito de Sedesol, es un despacho de abogados, no una empresa.
Los auditores del órgano de fiscalización del Congreso visitaron ambos domicilios y levantaron actas en las que quedó constancia que la empresa es inexistente o por lo menos no localizable.
Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que la empresa Cónclave no había declarado para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los 207 millones de pesos que había recibido de Sedesol.
El SAT informó que Prodasa SA de CV –la otra empresa ligada al operador del Cártel de Juárez- tampoco presentó su declaración de impuestos.
Además, la Auditoría Superior de la Federación verificó que el domicilio fiscal de Prodasa es diferente al consignado en la factura y en el estado de cuenta bancario en el que se le depositaron 188 millones de pesos de fondos federales de la cruzada contra el hambre.
Al 25 de marzo de 2014, Prodasa presentaba en el padrón de contribuyentes el estatus de “Cancelado por liquidación total del activo”. Pese a ello, los auditores descubrieron que en esa fecha la empresa participó en otro procedimiento de licitación por invitación, realizado por la Universidad Autónoma de Morelos.
Aquel día, Wistano Luis Orozco García, director de proyectos especiales de la universidad y ex directivo del Partido Nueva Alianza, encabezó la sesión en la que las dos empresas ligadas al presunto operador financiero del Cártel de Juárez (Cónclave y Prodasa) fueron invitadas a presentar propuestas para dar el servicio de “asesoría en planeación de programas de capacitación”.
Wistano invitó a las dos empresas, pese a que habían incumplido meses antes con la cruzada contra el hambre.
Grupo Comercializador Cónclave está identificado por el SAT como presunto evasor fiscal. En 2011 y 2012 la empresa no presentó su declaración de impuestos, pese a que en esos años tuvo contratos con el PRI nacional para la elaboración de miles de “reportes especiales” del instituto político, y actuó como intermediario en operaciones de comercio exterior.
En su declaración anual de 2013 declaró al SAT ingresos acumulables de 25 millones 661 mil 574 pesos, aunque tan sólo en el contrato que obtuvo en la Universidad de Morelos cobró más de 207 millones.
Además, el SAT no tiene registro de pagos realizados por concepto de impuestos federales o estatales (ISR, IVA, IETU, nómina o cedular) desde 2012. Cónclave tampoco ha declarado sueldos y salarios.
El más reciente domicilio fiscal reportado fue Bosque de Duraznos 75, en Bosques de las Lomas, en la ciudad de México. Esa dirección corresponde en realidad a oficinas corporativas de otras empresas.
En 2013, que fue cuando cobró 188 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, declaró sus ingresos en ceros y por lo tanto no pagó impuestos.
Hace dos años, el 25 de marzo de 2014, reportó a las autoridades hacendarias su liquidación total de activos, y por lo tanto su cancelación de operaciones. Su domicilio fiscal estaba registrado en la calle Ojocaliente, de la colonia Pensadores Mexicanos, en Aguascalientes. La dirección corresponde a un baldío en la periferia de la capital hidrocálida.
Grupo Comercializador Cónclave es una empresa ‘multiusos’ que fue constituida el 22 de enero de 2009, en la ciudad de México, con dos socios: Saúl Elías Álvarez Mercado, con el 92% de las acciones, y César González Rodríguez, con el 2%.
Desde su nacimiento, ha ofrecido todo tipo de servicios: en diciembre de 2010, por ejemplo, obtuvo un contrato en la Dirección de Caminos y Puentes Federales, para organizar una fiesta navideña, que incluía llevar a una persona disfrazada de Santa Claus, decorar un salón con regalos ficticios, campanitas, botas, gorros y tiritas forradas con heno; surtir 20 piñatas, 600 sillas y colocar 24 puestos de tacos, tortas, tostadas, tamales, ponche, aguas frescas y dulces; seis inflables y montar una obra de teatro infantil con tema de Navidad.
Meses antes, en junio de 2010, la misma dependencia federal contrató a Cónclave para organizar una “taquiza todo incluido” para celebrar el día del padre, con 450 invitados.
Además de organizar fiestas, Cónclave ofrecía servicios de comercio exterior, como la importación de cargamentos de bloques de ónix de Italia, o el envío de formulaciones químicas a Venezuela, como Glicero Fosfato de Calcio y Alcohol Cetílico, realizados en 2013.
Ese mismo año, Grupo Comercializador Cónclave apareció en transacciones de futbol internacional y se incorporó como proveedor de la cruzada contra el hambre.
En esta última actividad no cumplió los contratos que se le otorgaron para repartir millones de utensilios a brigadistas de 400 municipios de todo el País. Tampoco cumplió la empresa Prodasa, propiedad de Rodolfo David Dávila Córdova.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación detalló los presuntos ilícitos en que incurrieron ambas empresas, en detrimento de la Hacienda Pública Federal:
“Se concluye que el pedido a Grupo Comercializador Cónclave, SA de CV, así como el contrato con Prodasa, SA de CV, para la adquisición de los 31 millones 199 mil 505 bienes, constituyen esquemas de facturación a través de la presumible simulación de operaciones; lo que evidencia, por un lado, a una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios, y en contraparte, a la dependencia contratante, la cual, supuestamente, los recibe de conformidad. Las empresas resultan inexistentes, no localizadas o vinculadas, como este caso”.
Estas irregularidades fueron denunciadas al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades de justicia, quienes ya investigan el fraude multimillonario con fondos de la Cruzada contra el Hambre.
Saúl Elías Álvarez Mercado, el socio mayoritario de Cónclave, aparece en contratos firmados con el Partido Nueva Alianza como apoderado o representante de Diseños y Servicios Publicitarios HPW, que tiene su domicilio en Lago Rodolfo 25, Colonia Granada, en la ciudad de México.
Ese mismo domicilio lo comparten las empresas Asesorías Profesionales Milbank, Comercializadora y Distribuidora Kardiel; Publicidad y Servicios Kirman y Textiles Unidos Kayutt.
En conjunto, esa red de empresas son algunas de las principales prestadoras de servicios de Nueva Alianza; por ejemplo, entre 2010 y 2012 -cuando dicho partido político todavía era controlado por gente cercana a Elba Esther Gordillo- recibieron contratos por 82 millones de pesos.
Además de compartir domicilio, esta red de compañías tiene como representante o apoderada legal a Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, quien a su vez está ligada a Servicios y Desarrollos Akrópolis, una de las empresas que estuvo involucrada en 2012 en el Monexgate.
Gómez Sabanero aparece como comisaria en el acta constitutiva de Akrópolis, una de las múltiples empresas que transfirió dinero para la compra de tarjetas de prepago que repartió el PRI en la elección que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto.
César González Rodríguez, uno de los socios de Akrópolis, también es accionista fundador de Grupo Comercializador Cónclave, la empresa vinculada con el fraude millonario a la Cruzada contra el Hambre.
Pero los negocios de El Cónsul no se han limitado al gobierno de Peña Nieto, sus redes también se han extendido hasta el futbol europeo…
Mañana, la segunda entrega.
*Aristegui Noticias omitió los nombres de los autores de esta investigación, por razones de seguridad.
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