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Bruselas negocia con México privilegios corporativos ignorando la impunidad por violaciones graves de derechos humanos

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Ecologistas en Acción, Institute for Policy Studies y Transnational Institute denuncian que la Unión Europea (UE) ignora la grave situación de Derechos Humanos en México. La inserción del país en el comercio internacional está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. Persiste la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Continúan las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. La violencia machista contra las mujeres seguía siendo generalizada.
El informe ’Desenmascarados: Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea’, publicado hoy por el Transnational Institute y el Institute for Policy Studies, revela que estas demandas podrían incluir varias disputas arbitrales iniciadas por empresas transnacionales mexicanas contra España. México se convirtió en el quinto mayor inversor en España en 2015, con 14 grandes adquisiciones por un valor de casi 2.000 millones de dólares en los sectores químico, cementero, automovilístico y de bienes de consumo en los últimos dos años. Entre estas operaciones se cuentan inversiones de los conglomerados empresariales del multimillonario mexicano Carlos Slim, el cuarto hombre más enriquecido del mundo.
La modernización del tratado entre México y la UE comprende un capítulo sobre la protección de inversiones que permitiría a grandes empresas europeas y mexicanas exigir una indemnización por aquellas medidas públicas que, en su opinión, afectan sus ganancias. La misma disposición en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los Estados Unidos ha suscitado una amplia oposición de la opinión pública, gobiernos y parlamentos municipales y regionales, pymes y de figuras políticas de todos los partidos.
Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, denuncia que la actualización de los acuerdos comerciales con México, pero también con Chile, está estrechamente vinculado con los tratados de la UE con Canadá (CETA) y con EE UU (TTIP): “Igual que el CETA y el TTIP, el tratado UE-México blinda los privilegios de los grandes inversores y supone la pérdida de derechos laborales, más destrucción ambiental y más violaciones a los derechos humanos”. “En México”, añade Kucharz, "se llevaban a cabo proyectos de infraestructura a gran escala y proyectos de explotación de los recursos naturales sin contar con un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. Hay casos de violaciones de derechos humanos vinculados a Abengoa, FCC e Iberdrola, entre otros”.
El informe presenta seis motivos por los que la inclusión de un capítulo sobre la protección de las inversiones está suscitando una importante preocupación popular en México y la UE. En México, por ejemplo, se teme que este tratado blinde los cambios en el sector del petróleo y el gas, y que permita que grandes empresas europeas que están perpetrando violaciones de derechos humanos prosigan sus actividades con total impunidad.
Cecilia Olivet, investigadora del TNI y coautora del informe, señala: “Un tratado renovado equivale a un acaparamiento de poder por parte de las grandes empresas, ya que otorga a multinacionales en México y la UE el derecho exclusivo de impugnar decisiones democráticas que protegen el interés público. Es hora de poner fin a los acuerdos comerciales escritos por y para las multinacionales.”
Manuel Perez Rocha, investigador del IPS y coautor del informe, apunta: “Desde 2006, más de 100.000 personas han sido asesinadas o desaparecidas en México. Sin embargo, el acuerdo no hará nada para abordar estas violaciones. De hecho, consolida aún más un sistema en el que los derechos humanos son tratados como aspiraciones vacías, mientras que a las grandes empresas se les concede el pleno apoyo del derecho internacional para demandar a los Estados por cualquier medida que afecte a sus beneficios”.