Puerto Rico no cesa en su lucha independentista de EE.UU. | Noticias
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Tras
la guerra de Estados Unidos contra España en el año 1898, Las Antillas,
Cuba y Puerto Rico pasaron a ser posesiones del país norteamericano.
A
diferencia de Cuba, que tras varios periodos de ocupación
estadounidense obtuvo su independencia, Puerto Rico permaneció bajo el
control estadounidense, como posesión y luego como un "Estado
asociado".
El pasado 21 de marzo se conmemoró en Puerto Rico un
nuevo aniversario de la Masacre de Ponce, tragedia que marcó la lucha
por la independencia de la isla de Estados Unidos en 1937. En el trágico
hecho fallecieron 18 adultos y una niña de 13 años de edad.
La Masacre de Ponce es uno de los hechos más sangrientos de la lucha independentista de Puerto Rico. Foto: ACI25
La Masacre de Ponce se produjo cuando la policía
colonial estadounidense abrió fuego contra una manifestación civil
organizada por el Partido Nacionalista de Puerto Rico en conmemoración
de la abolición de la esclavitud en la isla por las Cortes de España
(1873), y en protesta por la detención ilegal del líder independentista
Pedro Albizu Campos. Hubo 19 muertos (2 de ellos policías) y 235
heridos. Lucha independentista
A
80 años de la Masacre de Ponce la situación política y el proceso de
autodeterminación no ha presentado mayores cambios, en la actualidad
Puerto Rico continúa con el estatus de estado libre asociado de Estados
Unidos vigente desde 1952.
La lucha por la autodeterminación de
Puerto Rico de Estados Unidos data del fin de la Guerra
Hispanoamericana, cuando la isla pasó a ser propiedad de los Estados
Unidos de América.
Al
ostentar la condición de estado libre asociado, Puerto Rico cuenta con
poderes y competencias muy parecidas a las de un estado de los EE.UU.,
con la diferencia de que siempre se le ha reconocido autonomía fiscal.
Los residentes en la isla no pueden votar por el presidente de los
EE.UU. ni por congresistas que les representen en Washington.
Puertorriqueños se movilizan en contra de la Presencia de EE.UU.
Tal condición otorga facultades al Congreso
estadounidense de intervenir políticamente en las decisiones de la
nación caribeña. A lo largo de los años, EE.UU. ha instalado bases
militares para ejercer una amenaza y control en la cuenca del mar
Caribe.
Sectores independentistas de Puerto Rico han denunciado
que desde Estados Unidos se maneja a la isla como una colonia y esta
situación ha sido denunciada ante la ONU.
La crisis económica que
vive Puerto Rico con una deuda fiscal que supera los 70 mil millones de
dólares ha llevado a los puertorriqueños y sectores independentistas a
profundizar el proceso de autodeterminación, de ahí que el reclamo al
Gobierno de EE.UU. de crear alternativas para crear un nuevo arreglo
político sin rasgos coloniales, que impida que en el futuro el Congreso
estadounidense pueda interferir con el Gobierno propio de la isla.
Este
reclamo fue llevado ante el Comité de Descolonización de las Naciones
Unidas por todos los partidos políticos de la isla en 20 de junio de
2016. Sin embargo, EE.UU. ha hecho caso omiso al reclamo puertorriqueño y
sigue con su política intervencionista y colonial en la isla.
El
pasado 1 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico se declaró en
bancarrota con el fin de reestructurar la deuda pública anunció el
gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
El procedimiento está
amparado en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y
Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la Ley Promesa.
Esta ley, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, prevé un proceso
de reestructuración de la deuda pública bajo la supervisión de una
Junta.
Dicha ley obliga a Puerto Rico a tener sus finanzas bajo el
tutelaje de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) nombrada desde
Washington, que funcionará hasta que la isla tenga cuatro años seguidos
sin déficit fiscal y que, a su vez, podría imponer a la isla un plan de austeridad, reformar la legislación puertorriqueña y ajustar sus prioridades económicas.
A
diferencia de países donde se han aplicado medidas de austeridad, como
Grecia, Puerto Rico no tendrá ni voz ni voto con respecto a su destino,
debido a que todo será decidido desde Washington.
Mientras tanto
continua el debate sobre el estatus político de la isla caribeña y
sectores de la población mantiene su lucha permanente por la
independencia.
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