El clan Salinas es acaso el
referente más emblemático del poder político en México. Durante esa
administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el
universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de
la familia presidencial.
EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
ES CLASE GOBERNANTE
Por Arsinoé Orihuela Ochoa
En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este
país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la
muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a
defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes
etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”.
Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada
inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones
u omisiones que conviene señalar.
Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada
de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado
no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia”
desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola
participación-intervención de las instituciones significa, a priori o
exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es
una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis.
Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la
presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la
ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de
seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas
recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada,
particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta
Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez
Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García
Luna, por mencionar algunos.
Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique
Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros
prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita
con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa
(Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio
Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés
(Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García
(Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén
Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes
(Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco).
Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa
“flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto,
presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario
Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos
personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo
viento.
Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El
clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en
México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición
dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje
institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador
del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el
expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”,
quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de
su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado
de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc.
En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan
Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y
Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su
padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la
cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario
a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese
permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999).
Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó
un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la
delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante
protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con
diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco
Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María
Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano
asesor de Carlos Salinas durante su mandato.
En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados
Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El
Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio
Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que
fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza
(ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa
Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado.
Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel
estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad
de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas
variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí
sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las
instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad.
En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas
humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la
ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de
terror, muerte y destrucción a gran escala.
La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en
México es clase gobernante.
USA.
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