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El Gobierno mexicano, acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma | Internacional
El País
Entre 2013 y 2014, el Gobierno de México
desvió 192 millones de dólares a empresas fantasma, compañías que no
existen, que carecen de actividad. Así se desprende de una investigación
del diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El
dinero salió de diferentes organismos públicos como la Secretaria de
Desarrollo Social, el FOVISSSTE -uno de los dos seguros sociales
mexicanos-, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o
Pemex. En total, 11 instituciones. El dinero desapareció, se esfumó de
la faz de la tierra.
Los investigadores sostienen que hasta ocho universidades públicas
sirvieron de intermediarias para el desvío, algunas tan importantes como
la Universidad Autónoma del Estado de México, la región más poblada del
país, y su par de Morelos. El esquema de desvío fue transversal al
Gobierno de Peña Nieto y afecta, sobre todo, a la Secretaría de
Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya
y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando
estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de
México. Son, en total, 11 organismos públicos.
En México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios. Es decir, que la secretaría que necesita algo arma un concurso entre empresas, la mejor gana y pasa a integrar la nómina de proveedores del Gobierno. La ley permite que el sector público obvie la licitación si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y esta se encarga. La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado.
La investigación apunta que los organismos señalados aprovecharon este recodo legal para armar un esquema de desvío de fondos multimillonario. Las universidades firmaron en esos años 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, según los investigadores, las empresas ni siquiera existían. Solo por intermediar, las universidades se habrían quedado 56 millones de dólares en concepto de comisiones.
Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas. De acuerdo al conteo de la investigación, 128 de las 186 presentaban “lagunas legales”. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad. Aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de dólares, esas 186 empresas recibieron en total 429 millones de dólares en contratos. De acuerdo a Animal Político y MCCI, todos los contratos violan la Ley General de Adquisiciones.
La investigación apunta que las empresas no tenían nada que ver con los servicios para los que las contrataban. Hay un caso de una compañía que vende zapatos, a la que encargaron el “rediseño” del servicio de atención del seguro social de los trabajadores públicos. En 2013, El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, destinó 12 millones de dólares para simplificar la burocracia de los créditos hipotecarios. Quería aligerar el proceso para que los empleados públicos accedieran al dinero con mayor facilidad. El FOVISSSTE firmó cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta ahí todo legal. La universidad debería haber armado una propuesta para el organismo, pero en vez de eso, subcontrató parte de los trabajos con Interamericana de Negocios y Comercio, que se dedica, según su acta constitutiva, a la venta de zapatos.
También contrató a tres empresas, investigadas por el SAT por operaciones irregulares. Y a otras tres que no están registradas ante la Secretaría de Economía. En 2013, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que no había pruebas de que los trabajos se hubieran realizado.
Es el caso, por ejemplo, de cuatro empresas del Estado de Tabasco, en el Golfo de México. En 2013, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco firmó un convenio con Pemex para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” por 32 millones de dólares. El centro subcontrató con cuatro empresas, dos de las cuales ni siquiera existían. Las otras dos, que si existían, compartían con las dos primeras a los socios, los representantes legales y comisarios. La investigación pudo comprobar que todos eran testaferros.
Este esquema de presuntas corruptelas se inauguró en el Gobierno de Felipe Calderón y ha seguido con el de Peña Nieto.
En México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios. Es decir, que la secretaría que necesita algo arma un concurso entre empresas, la mejor gana y pasa a integrar la nómina de proveedores del Gobierno. La ley permite que el sector público obvie la licitación si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y esta se encarga. La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado.
La investigación apunta que los organismos señalados aprovecharon este recodo legal para armar un esquema de desvío de fondos multimillonario. Las universidades firmaron en esos años 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, según los investigadores, las empresas ni siquiera existían. Solo por intermediar, las universidades se habrían quedado 56 millones de dólares en concepto de comisiones.
Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas. De acuerdo al conteo de la investigación, 128 de las 186 presentaban “lagunas legales”. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad. Aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de dólares, esas 186 empresas recibieron en total 429 millones de dólares en contratos. De acuerdo a Animal Político y MCCI, todos los contratos violan la Ley General de Adquisiciones.
La investigación apunta que las empresas no tenían nada que ver con los servicios para los que las contrataban. Hay un caso de una compañía que vende zapatos, a la que encargaron el “rediseño” del servicio de atención del seguro social de los trabajadores públicos. En 2013, El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, destinó 12 millones de dólares para simplificar la burocracia de los créditos hipotecarios. Quería aligerar el proceso para que los empleados públicos accedieran al dinero con mayor facilidad. El FOVISSSTE firmó cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta ahí todo legal. La universidad debería haber armado una propuesta para el organismo, pero en vez de eso, subcontrató parte de los trabajos con Interamericana de Negocios y Comercio, que se dedica, según su acta constitutiva, a la venta de zapatos.
También contrató a tres empresas, investigadas por el SAT por operaciones irregulares. Y a otras tres que no están registradas ante la Secretaría de Economía. En 2013, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que no había pruebas de que los trabajos se hubieran realizado.
El caso Pemex
Petróleos Mexicanos, Pemex, firmó 39 de los 73 convenios con seis universidades del sur de México. La paraestatal repartió decenas de millones de dólares entre los centros, que estos a su vez, después de agenciarse la comisión, transfirieron a empresas. Según la investigación, algunas ni siquiera existían.Es el caso, por ejemplo, de cuatro empresas del Estado de Tabasco, en el Golfo de México. En 2013, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco firmó un convenio con Pemex para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” por 32 millones de dólares. El centro subcontrató con cuatro empresas, dos de las cuales ni siquiera existían. Las otras dos, que si existían, compartían con las dos primeras a los socios, los representantes legales y comisarios. La investigación pudo comprobar que todos eran testaferros.
Este esquema de presuntas corruptelas se inauguró en el Gobierno de Felipe Calderón y ha seguido con el de Peña Nieto.
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