El ex jefe del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont se trasladó a Bélgica, donde podría pedir asilo político, mientras en España fue denunciado por rebelión, sedición y malversación dos días después de ser destituido por sus planes para declarar la independencia de la región española.
Tras una intensa y confusa jornada, durante la que medios de varios países informaron del traslado de líder catalán al país europeo junto a otros ex responsables de su gobierno, el abogado flamenco Paul Bekaert confirmó su estancia allí a la agencia local Belga. Bekaert, quien defendió en el pasado a miembros del grupo separatista vasco ETA, aseguró al diario catalán La Vanguardia que ahora es abogado de Puigdemont. “Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, dijo al rotativo.
Ninguna fuente oficial confirmó a lo largo de toda la jornada la presencia del ex jefe del gobierno catalán en Bélgica, aunque medios publicaron que llegó hasta allí en avión desde Marsella (Francia), a donde se trasladó previamente en vehículo desde Cataluña.
Al parecer, lo acompañaron cinco miembros del que fuera su gabinete en el gobierno: algunos de su propio partido, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), y otros de la formación con la que ha gobernado los dos últimos años, Esquerra Republicana (ERC).”No podemos confirmarlo ni desmentirlo”, informaron fuentes del PDeCat. “No comentamos la agenda privada de una persona privada”, expresaron fuentes del gobierno español.
El ministro de Interior belga, Jan Jambon, comunicó que no sabe nada del paradero de Puigdemont ni de sus planes de viaje. Según la agencia Belga, su portavoz dejó claro además que el responsable público belga no habló con el líder catalán en los últimos días y que no hubo ninguna invitación del partido nacionalista flamenco N-VA. “Si Puigdemont está en Bruselas, seguro que no es por invitación” del N-VA, dijo el portavoz de la formación, Joachim Pohlmann.
Los motivos del viaje se desconocen por ahora, aunque algunas fuentes hablan de una posible petición de asilo político –para luego intentar una estrategia de defensa–. El secretario de Estado belga para Asilo y Migración, Theo Francken, había insinuado el domingo que existía esa posibilidad, pero el primer ministro del país europeo, Charles Michel, descartó totalmente esa opción.
Puigdemont y los miembros del que fuera su gobierno fueron destituidos el viernes por Madrid en el marco del artículo 155 de la Constitución española, con el que se implementaron medidas para frenar los planes independentistas de las autoridades catalanas.
Ahora se enfrentan a presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación y serán llamados a declarar ante la Justicia. La fiscalía española presentó ayer una querella contra ellos y otra contra los miembros del Parlamento catalán que permitieron el viernes la votación de una resolución para crear una “república” catalana.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró que los primeros, “con sus decisiones y actos a lo largo de los últimos dos años”, produjeron “una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia” del pasado viernes. En cuanto a los diputados separatistas, señaló “que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para la culminación del proceso independentista”. Las acciones solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su “inmediata detención”.
Los querellados, a quienes se reclama una fianza o embargo de bienes calculado en 300.000 euros cada uno, podrían enfrentarse a medidas cautelares, “atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados”, según explicó Maza. En España, el delito de rebelión puede suponer hasta 30 años de cárcel; el de sedición, 15, y el de malversación, ocho años, según establece el Código Penal español.
La querella de la Fiscalía contra Puigdemont y los miembros del que fuera su gabinete se presentó ante el tribunal español de la Audiencia Nacional, competente para investigar estos delitos, ya que los denunciados perdieron su condición de aforados al “haber sido cesados de sus cargos”, puntualizó el fiscal español.
“Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales”, remarcó el fiscal.
La segunda querella se presentó ante el Tribunal Supremo, ya que los parlamentarios siguen siendo por ahora aforados. Entre los denunciados está también la presidenta del “Parlament” catalán, la independentista Carme Forcadell. Medios y analistas interpretaron que la responsable pública asumió la disolución de la Cámara por parte de Madrid ya que desconvocó ayer la reunión de su órgano rector, prevista para el martes.
Además de la destitución del govern, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, anunció el viernes la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Los dos partidos que han gobernado desde 2015 en Cataluña de forma conjunta en la coalición independentista Junts pel Sí –el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat) y Esquerra Republicana (ERC)– anunciaron ayer que participarán en esos comicios regionales.
“Nos presentaremos a las elecciones en defensa de las instituciones y contra un 155 miserable. No tenemos miedo a las urnas. Mariano Rajoy, nos veremos”, dijo Marta Pascal, coordinadora general del PDeCat, el partido de Puigdemont.
“Encontraremos la manera de participar en el 21D. Ha de ser una oportunidad más para consolidar la república”, señaló Sergi Sabrià, portavoz de ERC, partido que dijo no temer a las urnas aunque tildó las elecciones de “ilegítimas” y de “trampa”.