CAMPECHE, Camp. (apro).- Como medida cautelar para evitar su regreso a la cárcel, el juez Pedro Brito Pérez impuso al exsecretario y al exadministrador de Salud, Alfonso Cobos Toledo y Miguel Ángel Duarte Reyes, respectivamente, una garantía económica de 12 millones 436 mil 242.17 pesos.
En una audiencia realizada este jueves, el juez les otorgó un plazo de 60 días a los dos funcionarios para pagar esa cantidad, a fin de que puedan continuar en libertad el juicio que se les sigue por ejercicio indebido de atribuciones y facultades.
La medida cautelar sólo es aplicable en lo que respecta a la carpeta judicial 23/16-17, pues son tres los procesos a los que fueron vinculados ambos exfuncionarios, considerados perseguidos políticos del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
Como parte de las medidas cautelares impuestas, el juez ordenó a los dos procesados “no acercarse a la víctima” y no salir del país.
La víctima es el actual apoderado jurídico de la Secretaría de Salud, Félix Sélem Villanueva, quien en una audiencia anterior pidió al juez esa restricción después de que arrojaron a su camioneta los cadáveres de varios gatos, hecho que tomó como una amenaza de los acusados.
Cobos Toledo y Duarte Reyes fueron detenidos el 9 de mayo de 2016 y excarcelados el pasado 23 de febrero pasado, gracias a un amparo federal contra la prisión preventiva y los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Los dos primeros procesos penales a los que están vinculados de manera conjunta continúan, pero sólo por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
A ambos exfuncionarios se les acusó por haber desviado 400 millones de pesos que fueron retenidos a los trabajadores de la Secretaría de Salud por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El juez que los amparó consideró excesivos los cargos, así como la medida cautelar de nueve meses de prisión preventiva por cada caso, por lo que resolvió que afrontaran sus juicios en libertad.
Sin embargo, el 7 de marzo, al filtrarse que el amparo federal estaba por salir y sería a su favor, un juez estatal obsequió nuevas órdenes de aprehensión y de cateo contra Cobos y Duarte, y también contra su abogado, Rafael Vila.
Sólo el primero fue localizado en su domicilio y reaprehendido. Duarte, quien se creía prófugo, sorpresivamente se presentó dos días después en el juzgado, pero amparado, por lo que no pudo ser capturado. Vila no ha podido regresar a la entidad.
Cuatro días después, el 11 de marzo, Cobos fue presentado en el juzgado para asistir a la audiencia de imputación y quedó vinculado al tercer proceso por el que se le decretó una nueva medida cautelar de prisión preventiva por tres meses.
Días más tarde, en audiencia similar programada para Duarte, solicitada por él mismo, se le informaron los detalles de la denuncia.
En esa tercera carpeta de investigación, los dos exfuncionarios fueron acusados del delito de uso indebido de documentos por falsificar sus propias firmas en la constancia médica que su abogado Rafael Vila, contratado fuera del estado, presentó el 25 de febrero para justificar su inasistencia a una comparecencia programada ese día para fijarles una nueva medida cautelar por otros dos procesos a los que están vinculados.