CHIHUAHUA, México.- Un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales.
El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times.
El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.
El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.
Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times.
Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.
El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados.
En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.
Los documentos revisados por The New York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo.
Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario.
Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido.
Pero las empresas no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.
Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez, el exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.
Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos.
Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.
La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido.
Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas.
Los funcionarios de Veracruz no respondieron a las repetidas solicitudes de declaraciones. Y el actual gobernador de Tamaulipas, un político de la oposición que ganó su cargo durante las elecciones de 2016, dijo que una investigación de sus funcionarios no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas.
Aún no está claro quién más pudo haber participado en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios estados.
Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.
La hija de Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente.
Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México. Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a diez propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores fueron infructuosos.
El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia.
Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.
En el documento, Yáñez dijo que se reunió con Gutiérrez, el exdiputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.
Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.
El margen de maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los funcionarios de bajo nivel.
A lo largo de los meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el gobierno del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.
En enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el exsecretario de Finanzas del estado durante la gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.
Dos días después, en un contrato de siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.
Pero el motivo de la transferencia, de acuerdo con los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el exdirectivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.
La operación, explicaron los funcionarios del estado, era una forma compleja y probada de malversar fondos. A los funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado: se trataba de las empresas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.
Una compañía recibió alrededor de 5.2 millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times.
De acuerdo con especialistas en contrataciones, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.
Los pagos se movieron rápidamente. A fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.
De los aproximadamente 15.8 millones de dólares enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó que se le devolvieran 14.4 millones de dólares, según el testimonio de los funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los funcionarios del estado.
De cada una de las compañías, el dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales también aparecen en la lista negra de empresas falsas de las autoridades tributarias nacionales, según los documentos.
A partir de ahí, el dinero desapareció. La única pista sobre a dónde fueron a parar esos recursos se encuentra en el testimonio de los dos exfuncionarios del estado, a quienes los miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el financiamiento de la campaña.
*Esta es una investigación conjunta entre Proceso y The New York Times

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