Se trata de Raymundo Cámara Sánchez, quien desde 2016 fue denunciado en la Procuraduría General de la República (PGR) por la organización “Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia dirigida contra 11 presuntos prestanombres de Borge, entre éstos Raymundo Cámara, reveló –entre otros delitos- que estas personas, a través de tres diferentes empresas, recibieron recursos por 80 millones de pesos “para la construcción de caminos que no se realizaron”.
De acuerdo con el acta constitutiva de Consultores EMKT, en poder de Animal Político, los dueños de la compañía son: Raymundo Cámara Sánchez, Ingmar Alejandro Frey Ros y Osmar Pat Alejo.
El objeto social la empresa, que se conformó en Playa del Carmen un mes después de iniciar la administración de Roberto Borge, realiza “consultoría, implementación y desarrollo de todo tipo de programas de informática, hardware, software, aplicaciones para dispositivos móviles, seguridad informática, diseño gráfico impreso y digital. Gestión de campañas de marketing digitales y tradicionales, consultoría de marketing y elaboración de análisis de mercados”.
Raymundo Cámara es propietario de otras siete empresas, entre éstas dos de las señaladas por recibir 80 millones de pesos en contratos irregulares de la administración Borge, de acuerdo con información del Registro Público del Comercio de Quintana Roo.
Lo que encontró la ASF
Como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, tercera etapa, la ASF identificó la existencia del contrato número OM/DGA/DRM/DCP/07/2016, celebrado entre el Gobierno de Quintana Roo y Consultores EMKT, por un monto de 1 millón 229.6 mil pesos, con el objeto de proporcionar el servicio de actualización del sistema de facturación electrónica para la Secretaría de Finanzas y Planeación.Lo que encontró la ASF es que “dicho contrato no está formalizado, carece de las firmas de los responsables, sin embargo fue pagado en su totalidad y no se nos pudo demostrar que se entregó el servicio, por lo que se estima que el pago realizado es improcedente. El análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes”.
Además, derivado de la revisión al contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16 para brindar el “servicio de asesoría para el Fortalecimiento Operativo en el Diseño de Sistemas”, mediante el procedimiento de adjudicación directa, la ASF encontró que los informes que supuestamente justifican las tareas que realizaron Consultores EMKT, solo fueron firmados “por el proveedor y no existen cartas de entrega recepción de servicios o documentación adicional que sirvan como evidencia de la realización de las tareas descritas en los mismos”.
“Debido a que no se cumplió con la totalidad de los requisitos de contratación y no se cuenta con la evidencia de las actividades realizadas por el proveedor, se estiman pagos injustificados por 2 millones 728.3 mil pesos”, determinó la ASF.
Por los dos contratos, la ASF presume un posible daño a las finanzas públicas por 3 millones 957.9 mil pesos, por lo que además de solicitar al Órgano Interno de Control investigar a “los servidores públicos que en su gestión no administraron ni verificaron la correcta ejecución de los servicios”, pidió que implementaran los mecanismos de supervisión y control necesarios que permitan monitorear el desarrollo de las actividades realizadas por los prestadores de servicios, “a fin de garantizar que se cumpla con las obligaciones establecidas y se justifiquen los pagos efectuados”.
Las irregularidades del Tribunal
La ASF también revisó el contrato LADQ-TSJ-DRM-002-16-TEC-CAN entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y la empresa Denim Consultores, S.A. de C.V, para dotar de “equipamiento tecnológico” que permitiera la Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de Tulum, Quintana Roo.Lo que detectó la Auditoría es que la firma del contrato se realizó un año después de concluida su vigencia, además de que las autoridades realizaron pagos irregulares por el equipo y no realizaron los cobros de penalización por su entrega atrasada.
No sólo eso. Encontraron que los equipos no han sido instalados y utilizados por ningún usuario, hacen falta cuatro laptops las cuales hasta ese momento no han sido reportadas, se localizaron equipos en otras localidades, sin que exista evidencia que justifique su movimiento y/o traslado, además que durante el recorrido se observaron marcas de humedad en el techo del Site, sobre equipo de telecomunicaciones, “lo cual pone en un posible riesgo de daño parcial o total a los equipos en caso de que existan filtraciones de agua”.
Por esta situación, la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 308.3 mil pesos “por penalizaciones no aplicadas, correspondientes a los retrasos en las fechas de entrega de los equipos.
Un segundo contrato con esta misma compañía, para dotar de equipamiento al Tribunal para la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Cancún, Quintana Roo, también fue auditado por la ASF.
En éste, la ASF detectó que el contrato se firmó un año después de concluida su vigencia, se realizaron pagos irregulares y no se aplicaron penalizaciones por la entrega tardía del equipo.
Aparte, se revisaron físicamente 219 equipos, con la finalidad de validar que éstos se estaban utilizando y cumplían con las características especificadas en el contrato. “De la revisión realizada se observó que los equipos se encuentran instalados y funcionando, sin embargo, no se tiene un control adecuado sobre el movimiento de los mismos ya que cuatro equipos se encontraban ubicados en un lugar distinto al indicado y no se contó con evidencia que justificara su movimiento”.
Por esta segunda auditoría, se presume un probable daño al erario por un monto de 2 millones 663.2 mil pesos “por penalizaciones no aplicadas, correspondientes a los retrasos en las fechas de entrega”.
En la misma situación se encuentran un tercer contrato celebrado por el Tribunal de Justicia y la empresa Compumaya, S.A. DE C.V, para dotar de equipos a Cozumel. Aquí la ASF presume un probable daño a las finanzas públicas por 398.2 mil pesos por penalizaciones no aplicadas.
Todos los contratos se entregaron durante 2016, cuando Roberto Borge era gobernador de Quintana Roo. Actualmente el exgobernador se encuentra recluido de manera preventiva y es investigado por el supuesto desvío de recursos en su administración. La PGR lo señala de haber participado en una presunta red de corrupción que habría participado en la venta ilícita de 22 predios localizados en Quintana Roo, en la cual, Rosa Yolanda Angulo Castillo, madre de Borge, sería una de las principales involucradas.
Aquí puedes leer la auditoría completa
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