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"La reforma territorial necesaria" en España para las élites, no para el pueblo español
Hay que alumbrar un marco jurídico y político que
establezca el equilibrio necesario entre autogobierno y gobierno
compartido para la plena integración de un país tan plural y tan lleno
de potencialidades como es España.
© NICOLÁS AZNAREZ.
Si desde 1978 estamos inmersos en un proceso de federalización de facto, la reforma que se emprenda debe tener un sentido federativo de culminación, tipo holding together. Reforma, no proceso constituyente, es lo que necesitamos, pues los principios y los elementos centrales que estructuran el Estado están bien establecidos en la Constitución, en términos generales. Tampoco hay una situación política tal que así lo requiera, pese a la gravedad del actual desafío soberanista en Cataluña. Pero la reforma es necesaria para la puesta al día, racionalización y relegitimación de nuestro sistema político y, en su marco, para dar una salida adecuada a la cuestión catalana.
Esta reforma, además de otras necesarias en aspectos sociales y de regeneración democrática, requeriría adoptar muchas medidas concretas. Son de especial relevancia: 1) incluir en la Constitución, como sugirió el Consejo de Estado, mención expresa a las comunidades autónomas; 2)regular el Senado como Cámara que represente eficazmente a los territorios tanto por su composición como por sus funciones; 3) reconocer las singularidades y sus efectos: lengua propia, cultura, foralidad, organización territorial, peculiaridades históricas de derecho civil, insularidad y ultraperifericidad; 4) "desconcentrar" en los territorios determinados órganos e instituciones centrales como contribución a una eficaz política de reconocimiento e integración; 5) incorporar los principios de lealtad y colaboración, así como los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación y los "procedimientos compartidos" puestos en pie por los estatutos "de segunda generación"; 6) rediseñar el sistema de distribución de competencias, precisando las facultades concretas del Estado, reduciendo al máximo las compartidas y estableciendo como cláusula residual que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución sea competencia de las comunidades, de tal manera que los estatutos tengan dimensión institucional, no competencial; 7)fijar los elementos fundamentales del sistema de financiación para garantizar la solidaridad interterritorial en términos de equidad, introduciendo un mandato de "actualización" del régimen foral vasco y navarro que no genere desigualdad y satisfaga las exigencias de solidaridad; 8) establecer una garantía reforzada de la autonomía local y de la suficiencia y sostenibilidad en su financiación; 9) disponer reglas adecuadas para la articulación de España en la UE a partir del pluralismo territorial interno, y 10) modificar los procedimientos de reforma constitucional para que esta sea posible cuando resulte necesario y así lo demande la ciudadanía.
© NICOLÁS AZNAREZ.
La pauta general de nuestro constitucionalismo histórico fue configurar nuestra
plural
España como un Estado unitario fuertemente centralizado. En contraste,
la Primera República intentó infructuosamente dar vida a un proyecto de
cuño federal, mientras que la Segunda buscó la compatibilidad de un
llamado "Estado integral" con la autonomía de las regiones. En 1978
tampoco se llegó a un modelo de organización territorial definido en la
Constitución, sino que se dispusieron en su título VIII elementos
básicos para un Estado "descentralizable". Se hizo abriendo un "proceso
autonómico" a partir del reconocimiento del derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones en su artículo segundo, más la tácita
delegación en el legislador orgánico para el cierre de sus enunciados de
apertura. Si bien en 1931 y 1978 hubo un rotundo rechazo del agobiante
centralismo y una indudable aspiración al establecimiento de la
autonomía regional, no pudo fraguarse una neta voluntad constituyente en
esta materia que estuviera en condiciones de sostener un modelo
claramente definido. Así las cosas, la cuestión territorial sigue
abriéndose recurrentemente en canal en los momentos de crisis, a falta
de una constitucionalización adecuada que permita vertebrar nuestro
Estado con la eficacia y estabilidad necesarias.
El legislador
estatal y las comunidades autónomas, durante casi cuatro décadas, han
venido concretando un avanzado Estado autonómico; y la jurisprudencia
constitucional se ha encargado de precisar los pilares doctrinales sobre
los que se asienta la "constitución territorial". En su evolución,
caracterizado por su flexibilidad y gran apertura, ha llegado a
funcionar "como si" de un Estado federal se tratara, aunque con severas
deficiencias y notables carencias de estructura. Orbita sin duda en el
campo de atracción del federalismo, pero no es formal ni propiamente un
Estado federal.
Necesitamos racionalizar y relegitimar nuestro sistema y dar una salida a la cuestión catalana
Si desde 1978 estamos inmersos en un proceso de federalización de facto, la reforma que se emprenda debe tener un sentido federativo de culminación, tipo holding together. Reforma, no proceso constituyente, es lo que necesitamos, pues los principios y los elementos centrales que estructuran el Estado están bien establecidos en la Constitución, en términos generales. Tampoco hay una situación política tal que así lo requiera, pese a la gravedad del actual desafío soberanista en Cataluña. Pero la reforma es necesaria para la puesta al día, racionalización y relegitimación de nuestro sistema político y, en su marco, para dar una salida adecuada a la cuestión catalana.
La mayor
dificultad estriba en conseguir su aceptación mayoritaria en los
territorios que tienen la "asimetría política" de un arraigado
nacionalismo, en buena parte independentista. Quienes abrazan un
independentismo irredento nunca van a ser convencidos por ninguna
reforma, al menos por ninguna que no abra la puerta al derecho de
secesión. Pero el número de nacionalistas de esta condición es menor del
que hoy por hoy conforma la mayoría no nacionalista junto con el
nacionalismo moderado. Aquí está la clave sobre una opción de síntesis y
encuentro, en la línea de una descentralización política
racionalizadora y de calidad. Hay neta mayoría si sumamos a quienes
quieren mantener la estructura del Estado tal como está, aquellos que
propugnan un mayor nivel de autogobierno y quienes abogamos por una
reforma en sentido federal que articule el pluralismo con un nuevo pacto
de ciudadanía refrendado por todos los españoles y por cada territorio
en subsiguientes reformas estatutarias.
Se debe aprovechar la comisión sobre el Estado autonómico creada en el Congreso
Esta reforma, además de otras necesarias en aspectos sociales y de regeneración democrática, requeriría adoptar muchas medidas concretas. Son de especial relevancia: 1) incluir en la Constitución, como sugirió el Consejo de Estado, mención expresa a las comunidades autónomas; 2)regular el Senado como Cámara que represente eficazmente a los territorios tanto por su composición como por sus funciones; 3) reconocer las singularidades y sus efectos: lengua propia, cultura, foralidad, organización territorial, peculiaridades históricas de derecho civil, insularidad y ultraperifericidad; 4) "desconcentrar" en los territorios determinados órganos e instituciones centrales como contribución a una eficaz política de reconocimiento e integración; 5) incorporar los principios de lealtad y colaboración, así como los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación y los "procedimientos compartidos" puestos en pie por los estatutos "de segunda generación"; 6) rediseñar el sistema de distribución de competencias, precisando las facultades concretas del Estado, reduciendo al máximo las compartidas y estableciendo como cláusula residual que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución sea competencia de las comunidades, de tal manera que los estatutos tengan dimensión institucional, no competencial; 7)fijar los elementos fundamentales del sistema de financiación para garantizar la solidaridad interterritorial en términos de equidad, introduciendo un mandato de "actualización" del régimen foral vasco y navarro que no genere desigualdad y satisfaga las exigencias de solidaridad; 8) establecer una garantía reforzada de la autonomía local y de la suficiencia y sostenibilidad en su financiación; 9) disponer reglas adecuadas para la articulación de España en la UE a partir del pluralismo territorial interno, y 10) modificar los procedimientos de reforma constitucional para que esta sea posible cuando resulte necesario y así lo demande la ciudadanía.
Tengamos muy
presentes las claras lecciones de nuestra historia y la evolución
seguida por el Estado autonómico. Se trata de alumbrar, con un razonable
horizonte de estabilidad, un marco jurídico y político que establezca
el equilibrio necesario entre autogobierno y gobierno compartido para la
plena integración de un país tan plural y tan lleno de potencialidades
como es España. Tanto el diagnóstico como el objetivo son claros y el
perímetro está trazado, aunque sea complejo y difícil de articular en
los detalles. La comisión de estudio para la evaluación y modernización
del Estado autonómico recientemente creada en el Congreso de los
Diputados es, por ahora, el único instrumento del que disponemos para un
diálogo político y técnico que pueda resultar fructífero, por lo que
todos tenemos el deber de aprovecharlo. Ojalá las formaciones políticas
que no se han incorporado, o que la han abandonado, cambien de postura y
podamos llegar a elaborar unas conclusiones compartidas. Nuestro país
necesita de manera impostergable ir abriendo los tiempos de reforma de
la Constitución.
Gregorio Cámara es catedrático de Derecho Constitucional y diputado portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso.
Comentario:
La propaganda del federalismo se va intensificando. Cada vez son más
los parásitos molestos - también llamados "expertos"- que van pidiendo
federalismo por doquier. Y se suman los oligarcas estatales, como
Iglesias
. O incluso hay quienes están llamando a la intervención de extranjeros en asuntos internos de España, como
Cotarelo
.
Paso a paso, de forma lenta pero sin tregua, la clase dirigente va
metiendo la idea del federalismo en la cabeza del pueblo español con
palabras idiotas que no significan nada, dando cámara y prensa a
traidores y vendepatrias. Y el pueblo, "esas bestias" en opinión de la
élite, pues que no toque ni diga nada, que las cosas las deciden los
oligarcas del estado de partidos y tendrán que aceptarlo.
Ahora está en el pueblo español negarse a lo que las élites le quieren imponer y conquistar la apertura de un período de libertad colectiva constituyente para decidir sobre su futuro nacional. Vea también:
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