El
pasado martes 7 de agosto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la plataforma
de gobierno encabezada por Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo el
primer Foro por la Pacificación y la Reconciliación Nacional (Foro Escucha),
de diecisiete proyectados —además de veinticuatro consultas específicas
por sectores poblacionales como personas en situación de reclusión,
migrantes, refugiados, comunidades indígenas. El propósito de realizar
dichos eventos es, de acuerdo con el presidente electo y su gabinete, el
generar un espacio de diálogo en el que sea posible identificar
propuestas que respondan a las prioridades de cada sector poblacional y
región, en torno a la pacificación y de México y la reconciliación
nacional entre sus habitantes.
La idea detrás de este ejercicio de diálogo es en realidad sencilla: el gobierno electo parte del entendido de que, en las tres administraciones federales anteriores, el andamiaje estatal y su maquinaria gubernamental fueron actores contribuyentes al agravamiento de las condiciones de violencia que han asolado a la población durante dieciocho años: ya sea porque se hizo uso activo del ejercicio de la violencia en contra de la ciudadanía por medio de instituciones como en ejército, la marina y los distintos cuerpos policiacos o, en su defecto, tanto porque Estado y gobierno fueron omisos ante la profusión de la misma como porque Estado y gobierno optaron por eliminar del espacio de discusión, de planeación e implementación de políticas públicas para atajar al crimen organizado y los actos violentos con él vinculados, a los principales afectados por el fenómeno en cuestión.
De ahí que si bien es cierto que a la par del incremento de hechos violentos en México aumentó sustancialmente, también, el número de espacios y mecanismos diseñados para realizar diagnósticos constantes, permanentes sobre la situación de violencia en la que viven los mexicanos y las mexicanas en su cotidianidad, los Foros Escucha estén buscando diferenciarse de todo ensayo y error anterior o similar apelando a dos hechos concretos. El primero tiene que ver con la concepción de los Foros Escucha como espacios en los que, esta vez, es la ciudadanía, las victimas sobre todos, quienes tienen el rol central en la discusión. El segundo, por su parte, tiene que ver con el entendido de que estos diálogos sí van encaminados a construir una agenda programática que tenga como fin, por lo menos en principio y en términos vagos, la implementación de una amnistía para quienes el crimen organizado ha capturado en sus redes y el Estado ha abandonado, reprimido o criminalizado.
Expuestas así las cosas, en teoría sí hay variaciones importantes del presente ejercicio respecto de otros realizados desde que la guerra en contra del narcotráfico fuera lanzada a finales del sexenio de Vicente Fox Quezada, y relanzada con una nueva proyección espacial y bélica al comenzar la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Ya de entrada, el que el enfoque que ahora esté primando sea el de la pacificación y la reconciliación nacional, antes que las perspectivas de seguridad pública y nacional, es un cambio sustancial que en realidad va más allá de un simple cambio de palabras para tratar el mismo tema con estrategias similares.
Colocar en el centro de la discusión el mantenimiento de un tejido social robusto, orientado hacia la construcción de vínculos sociales, políticos, económicos y culturales que permitan a los individuos dejar de percibir a los otros como enemigos a los que hay que violentar y/o exterminar no es, después de todo, algún tipo de variante de los argumentos que desprecian todo cuanto suceda a la ciudadanía siempre y cuando la estabilidad de los intereses instalados en el andamiaje estatal no se vea afectada por esos hechos. Abordar el problema de la violencia en México como una cuestión de pacificación y de reconciliación entre los habitantes es una cuestión que no transita por el despliegue de los aparatos represivos del Estado, ni mucho menos. Antes bies, es una óptica que privilegia la puesta en marcha de programas y políticas encaminadas a la recuperación de un sentido de valor por la vida y la humanidad.
Algunos problemas serios, profundos, no obstante lo anterior, se presentan en este esfuerzo por atajar el paso a la avasallante violencia que se vive en el país. El primero de ellos y el más es importante es, sin duda, que al no tenerse presente la diferencia fundamental que existe entre violencia social y violencia criminal, la plataforma de gobierno de López Obrador está partiendo de la ilusión de que al solventarse la primera la segunda se verá minada, disminuida, controlada. Y lo cierto es que ello no es así.
El hecho que mejor representa esta deficiencia en el diagnóstico del presidente electo y su gabinete es que los diálogos propuestos tienen como interlocutores principales a los sectores poblacionales correctos: la ciudadanía, antes que la burocracia del Estado, por un lado; y a las víctimas de un sinnúmero de crímenes (muchos de ellos cometidos por el propio Estado, como en los casos de desaparición forzada, homicidios extrajudiciales, tortura…), por el otro. La cuestión es, no obstante, que ser interpelado e interpelar a estos sectores abona en algo a contener a la expansión de la violencia social, más deja de lado, intocada, a la violencia criminal.
Y es que, en efecto, en la violencia social, a diferencia de la criminal —en donde el móvil de la misma es una suerte de amalgamiento entre un ejercicio de poder específico y grandes márgenes de acumulación y concentración de capital, por la vía de actividades delictivas—; los sujetos no tiene como motivantes primeros, fundamentales, ni la pretensión de ejercer un tipo de poder orientado al sostenimiento de ventajas de mercado dentro de la actividad comercial criminal ni el desarrollar esa misma actividad criminal como un fin en y por sí mismo. La violencia social, por lo contrario, se define por márgenes muy amplios y muy profundos de interiorización y normalización de distintas formas y ejercicios de violencia que, en última instancia, son los causantes tanto de una desvalorización de la vida, en general; y de la vida social, en particular; cuanto de la aceptación del ejercicio mismo de la violencia como un tipo de recurso legitimo para que cualquier individuo se relacione con sus pares.
Por eso, de cierto modo, el que los Foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional se estén enfocando en la ciudadanía que día a día tiene que lidiar con enfrentamientos armados, con secuestros, con homicidios y feminicidios, con asaltos, con torturas, con desmembramientos, con asesinatos en masa, con desapariciones, hace tanto sentido: porque, al final del día, lo que se busca es lidiar con los grados de interiorización y normalización de la violencia que ya experimenta la propia sociedad, aunque no se ella misma la autora material e intelectual de las balaceras, los descuartizados, las disoluciones en ácido o los desollamientos.
El caso aquí es que aunque lidiar con la violencia social es relativamente fácil (sin menospreciar la magnitud y la complejidad del problema), toda vez que su tratamiento incluye una serie de correcciones materiales: políticas, económicas, culturales, por medio de las cuales los habitantes logren desarrollar su vida sin carencias y en el marco de vínculos comunitarios sólidos; enfrentarse con la abrumadora tarea de atajar o siquiera controlar (ya no se hable de disminuir) la violencia ejercida por el crimen organizado, en general; y por los carteles del narcotráfico, en particular; no pasa por correcciones de políticas públicas como esas, pues los motivantes de su actuar se encuentran en esos intersticios entre poder y acumulación/concentración de capital que por las vías no-criminales el mercado legal les niega.
Un ejercicio que quizá arroja una mejor visibilización sobre las deficiencias de origen de la estrategia de López Obrador para pacificar y reconciliar a los mexicanos y las mexicanas consigo mismos, tiene que ver con voltear a observar los casos históricos en los que otras sociedades de América y del resto de las periferias globales han tenido que atravesar por procesos similares: ya sea por causa de un conflicto armado con un enemigo extranjero, por el desarrollo de conflictos armados internos del tipo de guerrillas o guerras civiles y similares o derivados.
Los casos de Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Guatemala), entre los años setenta y ochenta del siglo XX, por ejemplo, son buenos referentes que muestran las diferencias, las tensiones y los intersticios presenten en dinámicas y mecanismos de pacificación y reconciliación nacional entre violencia social y violencia criminal. Y es que, si se los observa en conjunto, más allá o al margen de las particularidades propias de cada suceso, lo que se alcanza a apreciar con nitidez es que en cada evento fue necesario ir más allá del tratamiento de la violencia social y negociar, en estricto, con esos otros actores que no formaban parte de ese ejercicio de violencia, sino de otros más específicos.
En todos ellos, por supuesto, es posible encontrar actos criminales: matanzas, asesinatos en masa, desapariciones, torturas, descuartizamientos. Sin embargo, no es el determinar si los grupos que cometían dichos actos son equiparables, hoy, a los cárteles del narcotráfico en México (en realidad no hay similitud alguna) el tema de la discusión. Más bien, lo que aquí importa es reconocer que en los casos de pacificación de Centroamérica, los actores responsables de esa violencia que no era, en estricto, violencia social: la Contra, en Nicaragua; el Movimiento de Liberación Nacional y las Patrullas de Autodefensa Civil, en Guatemala; La Fuerza Armada de El Salvador, en El Salvador; fueron parte fundamental de las negociaciones, si bien no para lograr una pacificación y una reconciliación nacionales, sí para detener la escalada de la violencia.
Ahora bien, el punto determinante aquí es que, en todos estos ejemplos, el campo de disputa en cuestión tenía que ver con el ejercicio de un poder público, estatal-gubernamental, y no con el desarrollo de actividades comerciales de carácter delictivo, como el trasiego de estupefacientes, la trata de personas, la venta de órganos, el tráfico de armas, etcétera. Para Centroamérica, estas actividades fueron, en algún momento y no en su totalidad, mecanismos temporales de financiamiento, de poder y/o de posicionamiento estratégico frente al enemigo. Sin embargo, no eran un fin en y por sí mismas, que exigieran de cada actor dar continuidad al desarrollo de las mismas con independencia de quien resultase vencedor en la disputa por el control del Estado y su aparato de gobierno.
Ello, por supuesto, facilitó el llegar a puntos de negociación en los que ambos bandos se hicieron concesiones lo suficientemente importantes como para detener el conflicto armado en el que se habían involucrado: posiciones en los poderes del Estado, celebración de elecciones a modo, concesiones empresariales, ejecución de políticas públicas por encargo, gobiernos nacionales compartidos (lo que eufemísticamente se llama pesos y contrapesos). Es decir, el ejercicio del poder público, aquí, se consolidó como el instrumento por medio del cual se hizo posible que cada bando consiguiera, en mayor o en menor medida, hacerse de las ventajas competitivas que mejor les funcionaran y que mejor mantuviesen y potenciasen sus intereses.
Por eso, en el caso de México, lo que permanece como un vacío en la estrategia de López Obrador para pacificar al país es el nulo reconocimiento de que si bien lidiar con la violencia social —apuntalando correcciones a causas estructurales de la misma, como la desigualdad, la corrupción, el empobrecimiento la represión y criminalización estatal— es un necesario e insorteable primer paso para reducir los alcances del crimen organizado en el tejido social, ello no basta para reducir la profusión de violencia causada por los cárteles del narcotráfico (y otras agrupaciones del crimen organizado), tanto en sus disputas intracárteles e intercárteles como en las que conciernen a su resistencia a las acciones gubernamentales orientadas a minar sus intereses.
De entrada, los márgenes de acumulación y concentración de capital involucrados en las actividades a las que se dedican los cárteles del narcotráfico son lo suficientemente amplios y voluminosos como para que un par de políticas sociales y económicas del gobierno central les represente una salida fácil y redituable de su negocio. Y en seguida, los espacios de poder conquistados a lo largo de tres sexenios son tan densos que aceptar un simple desplazamiento de ellos no sólo pone en juego ese poder conquistado, sino la estructura misma de la red criminal en escalas locales, nacionales, regionales e internacionales.
En cierto sentido, si se tuviese que mesurar cuantitativa y cualitativamente el impacto que causan, por un lado, la violencia social; y por el otro, la violencia criminal; lo primero que se obtiene es que si bien la primera es más densa y difusa, la segunda es la que en la cotidianidad tiene un impacto condicionante —aunque coyuntural la mayor parte de las veces—, en los grados de interiorización y normalización de niveles de violencia cada vez más atroces, más inhumanos. No es la cotidianidad de la violencia social, después de todo, en donde se experimentan desollamientos, decapitaciones, incineraciones públicas, disoluciones en ácido y ejecuciones colectivas. Estos distintos grados de crueldad (inhumanidad, si se quiere) sólo se experimentan ahí en donde otras formas de violencia son las que avasallan a la población; y en donde las actividades del crimen organizado en su modalidad de cárteles del narcotráfico juegan un rol central en su socialización.
Quizá esté demás hacer mención de ello por lo evidente que es el hecho en sí mismo, pero es claro que aunque sí es necesario sanar el dolor de la sociedad mexicana, brindarle paz y unidad (social antes que nacional), con sanarla, con pacificarla y unirla no se van a resolver ni las disputas al interior de los cárteles ni las que se dan entre cárteles antagónicos ni las que se desprenden de su batalla en contra de los intereses gubernamentales que los debiliten. Menos aún detendrá el uso geopolítico que potencias globales (Estados Unidos) confieren a la guerra continental contra el narcotráfico, como mecanismo de control regional; su utilización por parte del propio andamiaje estatal-gubernamental para fragmentar a la sociedad o su empleo al servicio de los grandes capitales para deshacerse de las resistencias a las que se enfrentan.
La pregunta de fondo que sigue vigente y aún sin responder en todo esto es, entonces, ¿vamos a negociar con los cárteles del narcotráfico?
Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
La idea detrás de este ejercicio de diálogo es en realidad sencilla: el gobierno electo parte del entendido de que, en las tres administraciones federales anteriores, el andamiaje estatal y su maquinaria gubernamental fueron actores contribuyentes al agravamiento de las condiciones de violencia que han asolado a la población durante dieciocho años: ya sea porque se hizo uso activo del ejercicio de la violencia en contra de la ciudadanía por medio de instituciones como en ejército, la marina y los distintos cuerpos policiacos o, en su defecto, tanto porque Estado y gobierno fueron omisos ante la profusión de la misma como porque Estado y gobierno optaron por eliminar del espacio de discusión, de planeación e implementación de políticas públicas para atajar al crimen organizado y los actos violentos con él vinculados, a los principales afectados por el fenómeno en cuestión.
De ahí que si bien es cierto que a la par del incremento de hechos violentos en México aumentó sustancialmente, también, el número de espacios y mecanismos diseñados para realizar diagnósticos constantes, permanentes sobre la situación de violencia en la que viven los mexicanos y las mexicanas en su cotidianidad, los Foros Escucha estén buscando diferenciarse de todo ensayo y error anterior o similar apelando a dos hechos concretos. El primero tiene que ver con la concepción de los Foros Escucha como espacios en los que, esta vez, es la ciudadanía, las victimas sobre todos, quienes tienen el rol central en la discusión. El segundo, por su parte, tiene que ver con el entendido de que estos diálogos sí van encaminados a construir una agenda programática que tenga como fin, por lo menos en principio y en términos vagos, la implementación de una amnistía para quienes el crimen organizado ha capturado en sus redes y el Estado ha abandonado, reprimido o criminalizado.
Expuestas así las cosas, en teoría sí hay variaciones importantes del presente ejercicio respecto de otros realizados desde que la guerra en contra del narcotráfico fuera lanzada a finales del sexenio de Vicente Fox Quezada, y relanzada con una nueva proyección espacial y bélica al comenzar la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Ya de entrada, el que el enfoque que ahora esté primando sea el de la pacificación y la reconciliación nacional, antes que las perspectivas de seguridad pública y nacional, es un cambio sustancial que en realidad va más allá de un simple cambio de palabras para tratar el mismo tema con estrategias similares.
Colocar en el centro de la discusión el mantenimiento de un tejido social robusto, orientado hacia la construcción de vínculos sociales, políticos, económicos y culturales que permitan a los individuos dejar de percibir a los otros como enemigos a los que hay que violentar y/o exterminar no es, después de todo, algún tipo de variante de los argumentos que desprecian todo cuanto suceda a la ciudadanía siempre y cuando la estabilidad de los intereses instalados en el andamiaje estatal no se vea afectada por esos hechos. Abordar el problema de la violencia en México como una cuestión de pacificación y de reconciliación entre los habitantes es una cuestión que no transita por el despliegue de los aparatos represivos del Estado, ni mucho menos. Antes bies, es una óptica que privilegia la puesta en marcha de programas y políticas encaminadas a la recuperación de un sentido de valor por la vida y la humanidad.
Algunos problemas serios, profundos, no obstante lo anterior, se presentan en este esfuerzo por atajar el paso a la avasallante violencia que se vive en el país. El primero de ellos y el más es importante es, sin duda, que al no tenerse presente la diferencia fundamental que existe entre violencia social y violencia criminal, la plataforma de gobierno de López Obrador está partiendo de la ilusión de que al solventarse la primera la segunda se verá minada, disminuida, controlada. Y lo cierto es que ello no es así.
El hecho que mejor representa esta deficiencia en el diagnóstico del presidente electo y su gabinete es que los diálogos propuestos tienen como interlocutores principales a los sectores poblacionales correctos: la ciudadanía, antes que la burocracia del Estado, por un lado; y a las víctimas de un sinnúmero de crímenes (muchos de ellos cometidos por el propio Estado, como en los casos de desaparición forzada, homicidios extrajudiciales, tortura…), por el otro. La cuestión es, no obstante, que ser interpelado e interpelar a estos sectores abona en algo a contener a la expansión de la violencia social, más deja de lado, intocada, a la violencia criminal.
Y es que, en efecto, en la violencia social, a diferencia de la criminal —en donde el móvil de la misma es una suerte de amalgamiento entre un ejercicio de poder específico y grandes márgenes de acumulación y concentración de capital, por la vía de actividades delictivas—; los sujetos no tiene como motivantes primeros, fundamentales, ni la pretensión de ejercer un tipo de poder orientado al sostenimiento de ventajas de mercado dentro de la actividad comercial criminal ni el desarrollar esa misma actividad criminal como un fin en y por sí mismo. La violencia social, por lo contrario, se define por márgenes muy amplios y muy profundos de interiorización y normalización de distintas formas y ejercicios de violencia que, en última instancia, son los causantes tanto de una desvalorización de la vida, en general; y de la vida social, en particular; cuanto de la aceptación del ejercicio mismo de la violencia como un tipo de recurso legitimo para que cualquier individuo se relacione con sus pares.
Por eso, de cierto modo, el que los Foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional se estén enfocando en la ciudadanía que día a día tiene que lidiar con enfrentamientos armados, con secuestros, con homicidios y feminicidios, con asaltos, con torturas, con desmembramientos, con asesinatos en masa, con desapariciones, hace tanto sentido: porque, al final del día, lo que se busca es lidiar con los grados de interiorización y normalización de la violencia que ya experimenta la propia sociedad, aunque no se ella misma la autora material e intelectual de las balaceras, los descuartizados, las disoluciones en ácido o los desollamientos.
El caso aquí es que aunque lidiar con la violencia social es relativamente fácil (sin menospreciar la magnitud y la complejidad del problema), toda vez que su tratamiento incluye una serie de correcciones materiales: políticas, económicas, culturales, por medio de las cuales los habitantes logren desarrollar su vida sin carencias y en el marco de vínculos comunitarios sólidos; enfrentarse con la abrumadora tarea de atajar o siquiera controlar (ya no se hable de disminuir) la violencia ejercida por el crimen organizado, en general; y por los carteles del narcotráfico, en particular; no pasa por correcciones de políticas públicas como esas, pues los motivantes de su actuar se encuentran en esos intersticios entre poder y acumulación/concentración de capital que por las vías no-criminales el mercado legal les niega.
Un ejercicio que quizá arroja una mejor visibilización sobre las deficiencias de origen de la estrategia de López Obrador para pacificar y reconciliar a los mexicanos y las mexicanas consigo mismos, tiene que ver con voltear a observar los casos históricos en los que otras sociedades de América y del resto de las periferias globales han tenido que atravesar por procesos similares: ya sea por causa de un conflicto armado con un enemigo extranjero, por el desarrollo de conflictos armados internos del tipo de guerrillas o guerras civiles y similares o derivados.
Los casos de Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Guatemala), entre los años setenta y ochenta del siglo XX, por ejemplo, son buenos referentes que muestran las diferencias, las tensiones y los intersticios presenten en dinámicas y mecanismos de pacificación y reconciliación nacional entre violencia social y violencia criminal. Y es que, si se los observa en conjunto, más allá o al margen de las particularidades propias de cada suceso, lo que se alcanza a apreciar con nitidez es que en cada evento fue necesario ir más allá del tratamiento de la violencia social y negociar, en estricto, con esos otros actores que no formaban parte de ese ejercicio de violencia, sino de otros más específicos.
En todos ellos, por supuesto, es posible encontrar actos criminales: matanzas, asesinatos en masa, desapariciones, torturas, descuartizamientos. Sin embargo, no es el determinar si los grupos que cometían dichos actos son equiparables, hoy, a los cárteles del narcotráfico en México (en realidad no hay similitud alguna) el tema de la discusión. Más bien, lo que aquí importa es reconocer que en los casos de pacificación de Centroamérica, los actores responsables de esa violencia que no era, en estricto, violencia social: la Contra, en Nicaragua; el Movimiento de Liberación Nacional y las Patrullas de Autodefensa Civil, en Guatemala; La Fuerza Armada de El Salvador, en El Salvador; fueron parte fundamental de las negociaciones, si bien no para lograr una pacificación y una reconciliación nacionales, sí para detener la escalada de la violencia.
Ahora bien, el punto determinante aquí es que, en todos estos ejemplos, el campo de disputa en cuestión tenía que ver con el ejercicio de un poder público, estatal-gubernamental, y no con el desarrollo de actividades comerciales de carácter delictivo, como el trasiego de estupefacientes, la trata de personas, la venta de órganos, el tráfico de armas, etcétera. Para Centroamérica, estas actividades fueron, en algún momento y no en su totalidad, mecanismos temporales de financiamiento, de poder y/o de posicionamiento estratégico frente al enemigo. Sin embargo, no eran un fin en y por sí mismas, que exigieran de cada actor dar continuidad al desarrollo de las mismas con independencia de quien resultase vencedor en la disputa por el control del Estado y su aparato de gobierno.
Ello, por supuesto, facilitó el llegar a puntos de negociación en los que ambos bandos se hicieron concesiones lo suficientemente importantes como para detener el conflicto armado en el que se habían involucrado: posiciones en los poderes del Estado, celebración de elecciones a modo, concesiones empresariales, ejecución de políticas públicas por encargo, gobiernos nacionales compartidos (lo que eufemísticamente se llama pesos y contrapesos). Es decir, el ejercicio del poder público, aquí, se consolidó como el instrumento por medio del cual se hizo posible que cada bando consiguiera, en mayor o en menor medida, hacerse de las ventajas competitivas que mejor les funcionaran y que mejor mantuviesen y potenciasen sus intereses.
Por eso, en el caso de México, lo que permanece como un vacío en la estrategia de López Obrador para pacificar al país es el nulo reconocimiento de que si bien lidiar con la violencia social —apuntalando correcciones a causas estructurales de la misma, como la desigualdad, la corrupción, el empobrecimiento la represión y criminalización estatal— es un necesario e insorteable primer paso para reducir los alcances del crimen organizado en el tejido social, ello no basta para reducir la profusión de violencia causada por los cárteles del narcotráfico (y otras agrupaciones del crimen organizado), tanto en sus disputas intracárteles e intercárteles como en las que conciernen a su resistencia a las acciones gubernamentales orientadas a minar sus intereses.
De entrada, los márgenes de acumulación y concentración de capital involucrados en las actividades a las que se dedican los cárteles del narcotráfico son lo suficientemente amplios y voluminosos como para que un par de políticas sociales y económicas del gobierno central les represente una salida fácil y redituable de su negocio. Y en seguida, los espacios de poder conquistados a lo largo de tres sexenios son tan densos que aceptar un simple desplazamiento de ellos no sólo pone en juego ese poder conquistado, sino la estructura misma de la red criminal en escalas locales, nacionales, regionales e internacionales.
En cierto sentido, si se tuviese que mesurar cuantitativa y cualitativamente el impacto que causan, por un lado, la violencia social; y por el otro, la violencia criminal; lo primero que se obtiene es que si bien la primera es más densa y difusa, la segunda es la que en la cotidianidad tiene un impacto condicionante —aunque coyuntural la mayor parte de las veces—, en los grados de interiorización y normalización de niveles de violencia cada vez más atroces, más inhumanos. No es la cotidianidad de la violencia social, después de todo, en donde se experimentan desollamientos, decapitaciones, incineraciones públicas, disoluciones en ácido y ejecuciones colectivas. Estos distintos grados de crueldad (inhumanidad, si se quiere) sólo se experimentan ahí en donde otras formas de violencia son las que avasallan a la población; y en donde las actividades del crimen organizado en su modalidad de cárteles del narcotráfico juegan un rol central en su socialización.
Quizá esté demás hacer mención de ello por lo evidente que es el hecho en sí mismo, pero es claro que aunque sí es necesario sanar el dolor de la sociedad mexicana, brindarle paz y unidad (social antes que nacional), con sanarla, con pacificarla y unirla no se van a resolver ni las disputas al interior de los cárteles ni las que se dan entre cárteles antagónicos ni las que se desprenden de su batalla en contra de los intereses gubernamentales que los debiliten. Menos aún detendrá el uso geopolítico que potencias globales (Estados Unidos) confieren a la guerra continental contra el narcotráfico, como mecanismo de control regional; su utilización por parte del propio andamiaje estatal-gubernamental para fragmentar a la sociedad o su empleo al servicio de los grandes capitales para deshacerse de las resistencias a las que se enfrentan.
La pregunta de fondo que sigue vigente y aún sin responder en todo esto es, entonces, ¿vamos a negociar con los cárteles del narcotráfico?
Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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