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Organizaciones sociales denunciarán ante ONU la militarización de la seguridad en Brasil
Organizaciones
y representantes de la sociedad civil brasileña denunciarán ante la ONU
en Ginebra (Suiza, oeste) la creciente militarización de la seguridad
pública en Brasil, dijo a Sputnik la coordinadora de investigación de
Amnistía Internacional Brasil, Renata Neder.
La visita a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) servirá para
denunciar ante la opinión pública internacional la “fuerte tendencia” a
la militarización que se vive en Brasil y cómo la intervención
decretada en el estado de Río de Janeiro contribuyó a “empeorar
dramáticamente” la situación de los derechos humanos en el país, afirmó
Neder.
El 20 de septiembre, representantes de Amnistía Internacional, Conectas, Justicia Global, Redes da Maré y del Observatorio de la Intervención realizarán un acto paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que presentarán a la delegación brasileña y al resto de países sus conclusiones sobre la intervención militar en el estado de Río.
El pasado mes de febrero, el Gobierno brasileño de Michel Temer decretó una intervención federal en el estado de Río alegando una ola de violencia incontrolada.
Esto supuso apartar a los responsables de seguridad pública y colocar en su lugar a altos mandos de las Fuerzas Armadas, una medida inédita en la democracia brasileña.
La intervención estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, y desde el primer momento fue criticada por la mayoría de especialistas en seguridad pública, que alertaron de que la medida era propagandística y sería “ineficaz, violenta y cara”, como reafirma ahora la representante de Amnistía.
En los seis primeros meses de intervención bajaron algunos índices de delincuencia, como los robos de mercancías o de vehículos, pero los enfrentamientos entre facciones del narcotráfico, milicias y fuerzas de seguridad se acentuaron hasta llegar al récord histórico de 6.000 tiroteos, según el recuento del Observatorio de la Intervención.
Las muertes provocadas por la policía aumentaron un 38% respecto del mismo periodo del año pasado, llegando a la cifra de 736, y 51 agentes de seguridad murieron durante las operaciones (50 policías y un militar).
La intervención militar se produce en un estado que no está entre los más violentos del país; Río de Janeiro registra 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, frente a las 68 del estado de Río Grande do Norte, por ejemplo.
“Río de Janeiro acaba siendo un laboratorio de seguridad pública para bien y para mal, por eso es grave ver cómo en Río se está profundizando el modelo de militarización; en vez de usar este estado como laboratorio de soluciones se convierte en un ejemplo de todo lo que no se debe hacer”, afirmó Neder.
Uno de esos mecanismos es el que permite usar a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad dentro del país; la Garantía de Ley y Orden, que se aplicó 44 veces en los últimos años, 17 de las cuales en Río de Janeiro.
Para Neder, el abuso de ese recurso es un ejemplo de la tendencia que vive Brasil a militarizar la seguridad: cada vez se recurre con más frecuencia a los militares, la última ocasión, hace apenas unos días, con el envío de 3.200 hombres a la frontera con Venezuela.
Amnistía Internacional también critica “retrocesos” en el sistema judicial, como el hecho de que crímenes cometidos por militares contra civiles hayan pasado a ser competencia de tribunales castrenses, lo que entiende que en la mayoría de los casos no garantiza un juicio justo y favorece la impunidad.
En los debates de Ginebra, la delegación de la sociedad civil brasileña también pretende remarcar que, seis meses después, el Estado de Brasil no ha conseguido aclarar quién mató ni quién mandó matar a la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco.
Franco era una destacada defensora de los derechos humanos, especialmente de jóvenes negros de favela y periferias, mujeres, y Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales, y fue asesinada a tiros a mediados de marzo pasado, casi un mes después de que se decretara la intervención militar en Río.
La concejala había sido nombrada responsable de la comisión creada en la Cámara Municipal para fiscalizar los posibles abusos de la intervención y era abiertamente contraria a la medida.
Una de las representantes de la comitiva brasileña en Suiza será la viuda de Franco, Mónica Benício.
El 20 de septiembre, representantes de Amnistía Internacional, Conectas, Justicia Global, Redes da Maré y del Observatorio de la Intervención realizarán un acto paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que presentarán a la delegación brasileña y al resto de países sus conclusiones sobre la intervención militar en el estado de Río.
El pasado mes de febrero, el Gobierno brasileño de Michel Temer decretó una intervención federal en el estado de Río alegando una ola de violencia incontrolada.
Esto supuso apartar a los responsables de seguridad pública y colocar en su lugar a altos mandos de las Fuerzas Armadas, una medida inédita en la democracia brasileña.
La intervención estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, y desde el primer momento fue criticada por la mayoría de especialistas en seguridad pública, que alertaron de que la medida era propagandística y sería “ineficaz, violenta y cara”, como reafirma ahora la representante de Amnistía.
En los seis primeros meses de intervención bajaron algunos índices de delincuencia, como los robos de mercancías o de vehículos, pero los enfrentamientos entre facciones del narcotráfico, milicias y fuerzas de seguridad se acentuaron hasta llegar al récord histórico de 6.000 tiroteos, según el recuento del Observatorio de la Intervención.
Las muertes provocadas por la policía aumentaron un 38% respecto del mismo periodo del año pasado, llegando a la cifra de 736, y 51 agentes de seguridad murieron durante las operaciones (50 policías y un militar).
La intervención militar se produce en un estado que no está entre los más violentos del país; Río de Janeiro registra 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, frente a las 68 del estado de Río Grande do Norte, por ejemplo.
“Río de Janeiro acaba siendo un laboratorio de seguridad pública para bien y para mal, por eso es grave ver cómo en Río se está profundizando el modelo de militarización; en vez de usar este estado como laboratorio de soluciones se convierte en un ejemplo de todo lo que no se debe hacer”, afirmó Neder.
Uno de esos mecanismos es el que permite usar a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad dentro del país; la Garantía de Ley y Orden, que se aplicó 44 veces en los últimos años, 17 de las cuales en Río de Janeiro.
Para Neder, el abuso de ese recurso es un ejemplo de la tendencia que vive Brasil a militarizar la seguridad: cada vez se recurre con más frecuencia a los militares, la última ocasión, hace apenas unos días, con el envío de 3.200 hombres a la frontera con Venezuela.
Amnistía Internacional también critica “retrocesos” en el sistema judicial, como el hecho de que crímenes cometidos por militares contra civiles hayan pasado a ser competencia de tribunales castrenses, lo que entiende que en la mayoría de los casos no garantiza un juicio justo y favorece la impunidad.
En los debates de Ginebra, la delegación de la sociedad civil brasileña también pretende remarcar que, seis meses después, el Estado de Brasil no ha conseguido aclarar quién mató ni quién mandó matar a la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco.
Franco era una destacada defensora de los derechos humanos, especialmente de jóvenes negros de favela y periferias, mujeres, y Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales, y fue asesinada a tiros a mediados de marzo pasado, casi un mes después de que se decretara la intervención militar en Río.
La concejala había sido nombrada responsable de la comisión creada en la Cámara Municipal para fiscalizar los posibles abusos de la intervención y era abiertamente contraria a la medida.
Una de las representantes de la comitiva brasileña en Suiza será la viuda de Franco, Mónica Benício.
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