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Osorio participó en el derroche de Peña en prensa: ASF; calcula un daño por casi 3 mil millones

 

 

Daniela Barragán

9-12 minutes

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La Auditoría Superior de la Federación revisó en esta última entrega de la Cuenta Pública de 2017 uno de los temas que más se le criticó al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a las dependencias federales: el gasto en publicidad oficial.

La Secretaría de Gobernación como instancia encargada de regularla y evaluarla, y directamente Miguel Ángel Osorio Chong, incumplieron la Ley en materia, lo que provocó el gasto excesivo en publicidad en medios de comunicación.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong incumplió con el buen manejo de las campañas de publicidad oficial del Gobierno federal, lo que ocasionó un posible daño al erario federal por 2 mil 826 millones 040 mil 517 pesos, principalmente por incrementos en ese presupuesto sin justificación alguna.
Esta mala gobernanza provocó que ese año se pagara a medios 7 mil 298 millones 345 mil pesos extras a lo que ya estaba establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017.

Esta información, incluida en la tercera entrega de la Cuenta Pública de 2017 elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), expone las fallas en las que recayó la Segob: entes del Gobierno federal que no tenían presupuesto para gastar en publicidad se acercaron a Gobernación y ésta les aceptó el dinero aunque significara más de 2 mil millones de pesos extras.

Sobre la transparencia, la ASF agregó que encontró diferencias entre el presupuesto autorizado y el erogado y que se difundió información parcial de los gastos.
Algunas dependencias pidieron más dinero para publicidad a la Segob argumentando que era “para atender situaciones de carácter contingente” y se les aprobó sin saber ni valorar lo que quería decir eso.
Se encontraron discrepancias en el registro de gastos oficial, que está a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que falló al no verificar lo reportado y, por otro lado, la Secretaría de Gobernación no supervisó los registros.

A pesar del sobrejercicio en el gasto de publicidad de cada año, algunas dependencias pagaron deudas de publicidad de años anteriores y la pagaron con dinero del PEF de 2017.

Además, la dependencia federal no informó a la Cámara de Diputados las modificaciones al alza al presupuesto tal como lo establece la Ley. También se encontraron pagos para la producción de comerciales que luego fueron cancelados.
Uno de los puntos claves de la Auditoría a la Segob es que concluye que el titular, en ese entonces Osorio Chong, se deslindó mediante un decreto de la supervisión de las campañas de publicidad oficial y de la publicidad.

El 30 de octubre de 2018, la Segob informó a la ASF en un oficio que “la documentación y acciones emprendidas con objeto de regular, conducir y formular la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal”, se encontraban referidas en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.

Ahí se entregaron a la Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) las facultades para autorizar, coordinar, supervisar y evaluar las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades.

“Es importante considerar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es obligación de la Secretaría de Gobernación, formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal, tres verbos rectores que se desprenden como acciones que debió cumplir dicha Secretaría por medio de su Titular, aunado a que lo relacionado con conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal es una facultad indelegable”, cita la ASF.

Esta entrega de responsabilidades se hizo a pesar de que la Segob tiene una estructura organizacional para atender esas obligaciones. “Se presume que el Titular de la Segob incumplió la facultad indelegable de conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal al delegarla mediante un Acuerdo, a la DGNC”, agrega la ASF.
En la conclusión general de la revisión se dicta la responsabilidad a Osorio Chong, quien hoy es Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ASF sostiene que al ser insuficiente la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, los diferentes entes públicos que contaban con recursos autorizados para realizar la difusión de los mensajes “actuaron de manera discrecional, resultando imposible determinar los resultados con base en indicadores que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos”.

En 2017, un 73.9 por ciento de los entes públicos revisados atendieron la obligación de transparentar el uso de tiempos oficiales, y un 73.9 por ciento no cumplió con su obligación de dar a conocer su programa anual de Comunicación Social o equivalente.

Un 65.2 por ciento, los entes públicos no señalaron la forma en que se erogó sus recursos en la materia de comunicación social y publicidad durante el ejercicio 2017.
LO QUE SE HIZO MAL EN PUBLICIDAD
De acuerdo con la “Auditoría Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal”, en la Cuenta Pública de 2017 se identificó que Gobernación autorizó 6 mil 591 millones 927 mil pesos por concepto de incrementos de recursos a los Programas Anuales de Comunicación Social o Publicidad, en la partida “3600 Servicios de comunicación social y publicidad” a varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Sin embargo, en el Sistema de Comunicación Social al cierre del ejercicio se conoció que autorizó 7 mil 036 millones 089 mil pesos en incrementos.

Nueve entes públicos no tenían recursos presupuestarios aprobados en el PEF 2017 en las partidas 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” y 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios” y ante la Segob manifestaron contar con autorización probada.

Estos fueron el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana (Sedatu), el Servicio Geológico Mexicano, Lotería Nacional, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo de Promoción Turística y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
No tenían recursos y entonces podían ejercer recursos, pese a ello, la Segob les autorizó, lo que generó el aumento por 2 mil 764 millones 083 pesos.
 Las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y Comisión Nacional del Agua solicitaron a la Segob, la autorización de incrementos presupuestarios a sus Programas Anuales de Comunicación Social y Publicidad, al amparo de la causa de excepción “para atender situaciones de carácter contingente”.

Sin embargo, la DGNC de la Segob expuso que no tenía la facultad de emitir juicios de valor respecto del concepto denominado “contingente”, pero tampoco estimó su validez jurídica, lo que reflejó la falta de valoración que realizó en cada autorización que emitió.

La ASF tuvo que ir al diccionario y determinó que “Contingente” –como categoría– define una situación que se refiere a “que puede suceder o no suceder”, “lo cual implica que para que se actualice dicho supuesto debió acontecer el hecho incierto para hacer nacer la propia hipótesis”.
Así, la ASF determinó que este supuesto no fue valorado correctamente. La Segob tuvo la opción de solicitar la interpretación correspondiente a las dependencias pero como no lo hizo incumplió con los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 15 del Acuerdo.
Luego, en el análisis del Sistema de Comunicación Social se detectó que existe diferencia por 3 millones 867 mil pesos en las cifras presentadas de los incrementos en dicho Sistema, respecto de las cifras reflejadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, de las dependencias y entidades.

“La Secretaría de la Función Pública no validó lo reportado y la Segob no supervisó los registros efectuados de las dependencias y entidades”, concluyó la ASF.

El informe agrega que dependencias y entidades ejercieron los recursos públicos sin apegarse a la normatividad y efectuaron pagos de adeudos de campañas de Comunicación Social y Publicidad de ejercicios anteriores con cargo al PEF 2017.
Sobre los incrementos presupuestarios y el presupuesto total reportados a la Cámara de Diputados se presumen como registros e información erróneos, ya que dichas cifras difieren de las reportadas. Esto porque existen ocho entes públicos a los que la Segob les autorizó modificaciones y no fueron reportados a la Cámara de Diputados:

– Consejo de Promoción Turística de México.
– Secretaría de la Defensa Nacional.
– Banco Nacional de Comercio Exterior.
– Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales.
– Aeropuerto y Servicios Auxiliares.
– Comisión Reguladora de Energía.
– Administración Portuaria Integral de Guaymas.
– Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.

También se identificó que las cifras reportadas como presupuesto autorizado y erogado en materia de comunicación social por las dependencias y entidades no corresponden con los montos registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017.
Además, la ASF detectó que se gastaron 48 millones 900 mil pesos en gastos de producción de campañas en materia de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación que no se difundieron a la población en el ejercicio 2017.