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Plan de infraestructura de AMLO despega en 3 meses de polémicas por consultas y pugnas sociales

 

 

Efrén Flores

6-8 minutes

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Aún es temprano para calificar las obras de infraestructura del Gobierno de AMLO. Hasta el momento, han habido consultas (Santa Lucía, los trenes Maya e Itsmo, la refinería de Tabasco y la termoeléctrica de Morelos) y anuncios de inversión de al menos 113.75 mil millones de pesos para infraestructura física. Sin embargo, a casi 100 días de Gobierno, las polémicas y conflictos sociales por algunos de los proyectos gubernamentales han generado especulación, e inclusive, falta de confianza en algunas estrategias de Gobierno.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- “Sin infraestructura no hay progreso”, se lee en el “Proyecto de Nación 2018-2024” del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por ello, el político tabasqueño plantea impulsar proyectos de inversión física “con una visión de desarrollo”, sobre todo en la región sureste del país.

La estrategia del Presidente estará enfocada en ocho grandes proyectos, como lo son la construcción de dos pistas aéreas en Santa Lucía (Edomex); dos trenes, uno en el Istmo de Tehuantepec y otro en la Península de Yucatán; la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco; la ampliación, modernización y conservación de la infraestructura carretera a nivel nacional; el fortalecimiento de la autosuficiencia hídrica del país; la ampliación de la cobertura de banda ancha en las zonas marginadas de México, y la reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018.

El primer año de gobierno –de cualquier administración entrante– suele ser complicado para el desarrollo de infraestructura, ya que los proyectos empiezan con fases de diagnóstico y estructuración. Sin embargo, a 96 días de mandato de López Obrador, la dinámica fue diferente a la que experimentamos en los albores del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto (EPN).
En los primeros 62 días de Gobierno de EPN, la inversión física (128.06 mil mdp) fue 15.30 por ciento mayor a la inversión registrada (108.47 mil mdp) en los primeros 62 días de gobierno de AMLO, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, la inversión en materia de transporte con AMLO, en ese mismo periodo, fue 175.48 por ciento mayor que con EPN (6.64 contra 2.41 mil mdp), quien dio mayor énfasis a las comunicaciones (invirtió 356.3 mdp, en contraste con los cero pesos erogados por la administración de AMLO).

En diciembre de 2018, AMLO y 12 comunidades indígenas mayas de Chiapas ofrendaron comida a la madre tierra para pedirle permiso para la construcción del Tren Maya, que recorrerá los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Foto: Cuartoscuro.

Más allá de los números, la dinámica de este Gobierno contrasta con la de su antecesor.
Entre enero y marzo de 2013, Enrique Peña Nieto realizó giras por el Estado de México y Morelos para impulsar los proyectos de infraestructura estatal, y visitó Tabasco para presentar un plan contra las inundaciones.
Su Gobierno también impulsó la Reforma Financiera (2013-2014) y una enmienda al artículo tercero constitucional para fortalecer y garantizar, entre otras cosas, las infraestructuras general (en el primer caso) y educativa (en el segundo). Pero asimismo, para febrero, el ex Presidente ya era criticado por vacacionar en un hotel de lujo (St. Regis) en Nayarit, mientras el país estaba de luto por la muerte de 37 personas, luego de una explosión registrada en el anexo B de la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la capital del país.

Durante los primeros tres meses de este año, el Gobierno federal comprometió al menos 113 mil 754 millones 660 mil 088 pesos para ejecutar las primeras etapas de los ocho grandes proyectos de infraestructura, así como para la continuación de las obras del Tren Interurbano México-Toluca.

Para la realización de las obras insignia del sexenio de AMLO, hubo cuatro consultas populares en que la mayoría de los encuestados votó de manera favorable.
Entre octubre y noviembre del año pasado, la población votante aprobó los proyectos de Santa Lucía (69 por ciento), de los trenes Maya (89.9) e Istmo (90) y de la refinería de Tabasco (91 por ciento). Además de estos proyectos, en febrero de 2019 hubo una aprobación mayoritaria (59.5 por ciento) con respecto a la entrada en operación de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
A pesar de las consultas, en los últimos meses han habido conflictos sociales por las obras de infraestructura física del Gobierno federal. Así las protestas en contra de la construcción de las pistas en Santa Lucía, del Tren Maya y de la termoeléctrica. En cambio, el proyecto de la refinería fue criticado por su inviabilidad (por la falta de tiempo y dinero requeridos para su construcción).
En el marco de una nueva administración, urge un impulso favorable al desarrollo de infraestructuras para potenciar la productividad y crecimiento nacionales.

Las cifras de los Presupuestos de Egresos de la Federación indican que, para este año, el presupuesto de inversión del Gobierno federal (711.4 mil mdp) es 6.39 por ciento mayor que el del año pasado (668.7 mil mdp). No obstante, el presupuesto para la inversión física de 2019 (646.5 mil mdp) es 3.37 por ciento mayor que en 2018 (625.4 mil mdp).

En promedio entre 2012 y 2018, el sector público mexicano destinó el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a infraestructura física, de acuerdo con las cifras de la SHCP. Fue a partir de 2015 que este tipo de inversión comenzó a dar marcha atrás.
Entre 2015 y 2018, la inversión física del sector público retrocedió 20.06 por ciento real, pues el gasto ejercido –no presupuestado– pasó de 772.55 a 617.61 mil millones de pesos. Como proporción del PIB, la reducción implicó pasar del 4.17 al 2.68 por ciento.
En ese periodo, la inversión privada en infraestructura física también dio marcha atrás en 25.75 por ciento, al pasar de 496.93 a 368.98 mil millones de pesos. Su aportación como porcentaje del PIB pasó de 2.68 a 1.60 por ciento, según datos de Hacienda y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

De esta forma, la capacidad de inversión pública y privada de México pasó de 6.85 (2015) a 4.28 (2018) puntos de su PIB, cuando el mínimo aporte en infraestructura del sector público y privado, “para lograr la competitividad”, debería de ser de un mínimo de cinco puntos porcentuales, de acuerdo con los actuales estándares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).