México niega que exista una política de Estado que promueva la tortura

México niega que exista una política de Estado que promueva la tortura

Este jueves en la ciudad de Ginebra, Suiza, concluyó la sustentación del V y VI Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante el Comité de las Naciones Unidas que vigila su observancia.

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Fuente: René Cruz González

Foto Archivo

El gobierno de México concluyó este jueves la sustentación del quinto y sexto  Informe Consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Ante, ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la delegación mexicana negó rotundamente que exista una política de Estado para la comisión del delito de tortura, al tiempo en que destacó que cualquier denuncia sobre la comisión de este delito es y será investigada y en su caso sancionada por las autoridades de procuración de justicia.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la PGR puntualizaron que el gobierno de México se encuentra en la mejor disposición de estudiar acuciosamente e implementar, en la medida de sus capacidades, las recomendaciones que le formule el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura.
Se espera que la semana próxima el organismo internacional dé a conocer sus recomendaciones al Gobierno de México.
En este marco, George Tugushi, uno de los miembros del Comité contra la Tortura, pidió al gobierno de México abolir la figura del arraigo, ya que al quedar al margen del control judicial puede llevar a la tortura.
A su vez, Issadia Belmir, también integrante del Comité de Expertos, aseveró que durante el arraigo no se aplican en muchos casos las garantías mínimas del proceso penal porque los cargos que se imputan a la persona "no son del todo claros".
Por lo tanto, dijo, el arraigo quizá no llegue a ser una "desaparición forzada, pero en todo caso se asemeja a una detención secreta, porque hay poco o nulo acceso a la persona”.
En respuesta, la subprocuradora para Derechos Humanos de la PGR, Ruth Villanueva, afirmó que el arraigo "no es de ninguna manera una desaparición forzada" ya que los detenidos no pierden comunicación con sus familias ni con sus defensores.
Durante la sustentación del informe, la delegación mexicana proporcionó información detallada sobre los efectos para la prevención de la tortura que tendrá la transformación del sistema de justicia penal, en el que las declaraciones de los inculpados se rendirán directamente ante los jueces.
Igualmente, detalló las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de jurisdicción militar, el estado que guarda la iniciativa legislativa respectiva en el Congreso y la instrucción presidencial a las fuerzas armadas de declinación de competencia a favor de la jurisdicción civil de todos aquellos casos relacionados con violaciones de derechos humanos.