Todos sabían, pero nadie denunció las "narcominas"
Policía •
2 Noviembre 2012 - 1:31am — Mariana Otero-Briz y Angélica Mercado
El titular de Segob, Alejandro Poiré, aseguró que el caso comenzó a investigarse hace meses, pero a partir de llamadas anónimas.
Foto: Héctor Tellez
Poiré y la procuradora Marisela Morales.
México • La infiltración del crimen organizado
en el negocio del carbón en Coahuila era conocida por diversas
autoridades federales, pero ninguna presentó denuncia, además de que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles habían
alertado sobre las actividades criminales en la explotación minera.
En diversas ocasiones, el presidente Felipe Calderón exhortó a la sociedad a denunciar las actividades ilícitas para frenar la violencia y aprehender a los criminales, pero en este caso los funcionarios de su administración no atendieron el llamado.
Desde hace más de un año la Secretaría del Trabajo tenía conocimiento de estas actividades, pero solo realizó acciones para proteger a sus inspectores y no presentó ninguna denuncia.
Javier Lozano, ex titular de la dependencia, dijo que desde mayo de 2011, cuando ocurrió la explosión en la mina en Sabinas, Coahuila, en la que murieron 14 trabajadores, se tenía conocimiento de la presencia del crimen organizado. También reveló que los mineros eran acosados, pero el tema no pasó a más.
“No presentamos una denuncia formal como tal; pusimos manos a la obra para proteger a nuestros inspectores”, explicó la semana pasada, y agregó que como no era una cuestión tan visible y generalizada no se hizo algo más.
En noviembre de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó “El informe sobre condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila”, en el que denuncia la presencia del hampa.
“Es posible encontrar dentro de la minería ilegal, subtipos o distintas clases que se distinguen por el grupo que la realiza y los fines. Así, vale distinguir entre minería artesanal, minería irregular y minería vinculada a la delincuencia organizada”, se detalló el documento.
En entrevista con MILENIO, especialistas y defensores de derechos humanos que solicitaron el anonimato, aseguraron que los inspectores acuden a los “pocitos de carbón”, pero cuanto se enteran que es administrado por Los Zetas se retiran sin levantar denuncia. Tampoco piden apoyo policiaco para regresar y cumplir con su labor.
Los entrevistados dijeron que en la zona hay hasta 500 pocitos ilegales. En el último año hubo un boom de esa actividad, pues se pueden encontrar en patios de viviendas, afuera de escuelas o a un costado de carreteras.
La CNDH reportó la muerte de 124 mineros en dichos pozos en los últimos cinco años, pero los especialistas aseguran que la cifra es de 141. Los responsables, sin embargo, permanecen en la impunidad, además de que no se han tomado las medidas suficientes para proteger a los trabajadores de la zona.
La Secretaría del Trabajo cuenta con 25 inspectores para toda la zona carbonífera de Coahuila. El número se quintuplicó, pues al inicio de esta administración federal solo había cinco.
En una reunión de procuradores en Puebla, el secretario de Gobernacion, Alejandro Poiré, fue cuestionado sobre el tema.
—¿Estas investigaciones se iniciaron por denuncias de empresarios o de ciudadanos?
—Por denuncias anónimas y otros sucesos relacionados con la investigación de fuerzas federales y la procuraduría estatal.
—¿Denuncias anónimas, pero no formales ante la autoridad?
—Desde luego. Las investigaciones se están llevando a cabo a partir de junio de este año y hay distintos tipo de denuncias en distintos casos.
Coahuila investiga a 84 empresas
El gobierno de Coahuila investiga a las 84 empresas mineras que operan en la entidad para verificar que estén explotando sus propios pozos y no comprando el carbón a terceros, incluidas bandas del crimen organizado.
El procurador del estado, Homero Ramos, dijo que hay indicios de que algunas compañías compran el mineral a terceros, lo cual se ha notificado a la PGR. Esa revisión, agregó, lleva meses y se realiza en coordinación con el gobierno federal.
Entrevistado en la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, señaló que Promotora para el Desarrollo de la Minería en Coahuila (Prodemi), empresa dependiente de Coahuila, revisa los contratos de dichas empresas junto con la Secretaría de la Función Pública estatal.
“Prodemi comercializa poco menos de la quinta parte del volumen total (de carbón); tiene un padrón de 84 empresas, o sea, tiene 84 contratos y son los que está revisando en este momento la Secretaría de la Función Pública y el área respectiva de Pordemi.
“Esto (se hace) para que no estén comprando carbón a terceros, sino que sea la explotación de sus tajos o pozos la que se esté comercializando por parte de Prodemi”, declaró. (Rodolfo Montes/México)
En diversas ocasiones, el presidente Felipe Calderón exhortó a la sociedad a denunciar las actividades ilícitas para frenar la violencia y aprehender a los criminales, pero en este caso los funcionarios de su administración no atendieron el llamado.
Desde hace más de un año la Secretaría del Trabajo tenía conocimiento de estas actividades, pero solo realizó acciones para proteger a sus inspectores y no presentó ninguna denuncia.
Javier Lozano, ex titular de la dependencia, dijo que desde mayo de 2011, cuando ocurrió la explosión en la mina en Sabinas, Coahuila, en la que murieron 14 trabajadores, se tenía conocimiento de la presencia del crimen organizado. También reveló que los mineros eran acosados, pero el tema no pasó a más.
“No presentamos una denuncia formal como tal; pusimos manos a la obra para proteger a nuestros inspectores”, explicó la semana pasada, y agregó que como no era una cuestión tan visible y generalizada no se hizo algo más.
En noviembre de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó “El informe sobre condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila”, en el que denuncia la presencia del hampa.
“Es posible encontrar dentro de la minería ilegal, subtipos o distintas clases que se distinguen por el grupo que la realiza y los fines. Así, vale distinguir entre minería artesanal, minería irregular y minería vinculada a la delincuencia organizada”, se detalló el documento.
En entrevista con MILENIO, especialistas y defensores de derechos humanos que solicitaron el anonimato, aseguraron que los inspectores acuden a los “pocitos de carbón”, pero cuanto se enteran que es administrado por Los Zetas se retiran sin levantar denuncia. Tampoco piden apoyo policiaco para regresar y cumplir con su labor.
Los entrevistados dijeron que en la zona hay hasta 500 pocitos ilegales. En el último año hubo un boom de esa actividad, pues se pueden encontrar en patios de viviendas, afuera de escuelas o a un costado de carreteras.
La CNDH reportó la muerte de 124 mineros en dichos pozos en los últimos cinco años, pero los especialistas aseguran que la cifra es de 141. Los responsables, sin embargo, permanecen en la impunidad, además de que no se han tomado las medidas suficientes para proteger a los trabajadores de la zona.
La Secretaría del Trabajo cuenta con 25 inspectores para toda la zona carbonífera de Coahuila. El número se quintuplicó, pues al inicio de esta administración federal solo había cinco.
En una reunión de procuradores en Puebla, el secretario de Gobernacion, Alejandro Poiré, fue cuestionado sobre el tema.
—¿Estas investigaciones se iniciaron por denuncias de empresarios o de ciudadanos?
—Por denuncias anónimas y otros sucesos relacionados con la investigación de fuerzas federales y la procuraduría estatal.
—¿Denuncias anónimas, pero no formales ante la autoridad?
—Desde luego. Las investigaciones se están llevando a cabo a partir de junio de este año y hay distintos tipo de denuncias en distintos casos.
Coahuila investiga a 84 empresas
El gobierno de Coahuila investiga a las 84 empresas mineras que operan en la entidad para verificar que estén explotando sus propios pozos y no comprando el carbón a terceros, incluidas bandas del crimen organizado.
El procurador del estado, Homero Ramos, dijo que hay indicios de que algunas compañías compran el mineral a terceros, lo cual se ha notificado a la PGR. Esa revisión, agregó, lleva meses y se realiza en coordinación con el gobierno federal.
Entrevistado en la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, señaló que Promotora para el Desarrollo de la Minería en Coahuila (Prodemi), empresa dependiente de Coahuila, revisa los contratos de dichas empresas junto con la Secretaría de la Función Pública estatal.
“Prodemi comercializa poco menos de la quinta parte del volumen total (de carbón); tiene un padrón de 84 empresas, o sea, tiene 84 contratos y son los que está revisando en este momento la Secretaría de la Función Pública y el área respectiva de Pordemi.
“Esto (se hace) para que no estén comprando carbón a terceros, sino que sea la explotación de sus tajos o pozos la que se esté comercializando por parte de Prodemi”, declaró. (Rodolfo Montes/México)
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