El regreso del PRI-gobierno
Escrito por Autor Invitado
por Javier Corral Jurado
Homozapping
Una
nube negra ensombrece a México; es la amenaza de regresión autoritaria
que muchos dábamos por descontada a partir, esencialmente, de la
transformación de la sociedad y su capacidad de crítica y denuncia.
Parece más fuerte la inercia restauradora del poder eficaz, y a algunos
les gusta, aunque para serlo se vuelva controlador, abusivo. Es
necesaria una alerta, sobre todo entre las dirigencias del PAN y PRD, y
sus bancadas en el Congreso. El Pacto por México no debe amilanar el
sentido crítico y la denuncia de los graves errores que se están
cometiendo.
Hechos recientes no confirman los signos
vitales que ya otorgábamos a nuestra democracia; todo lo contrario,
muestran la fragilidad de nuestra “transición”, y la entera facilidad
con la que vuelve el control oficial sobre medios, la uniformidad de los
enfoques y presentación de las noticias, la intromisión presidencial en
la Corte, la autodemolición del IFE con sus absurdos en la
fiscalización de las campañas, la intentona para desmantelar al IFAI, el
sometimiento del Tribunal Electoral federal a los dictados de Televisa,
el ocultamiento de la información en materia de seguridad y de nuevo la
demagogia como estilo de gobierno, sin contrapeso en la opinión
pública.
En un acto
por la “transparencia” el nuevo gobierno federal da a conocer,
presumiblemente, la declaración patrimonial del Presidente de la
República y los secretarios de Estado; una auténtica burla. Ni un solo
monto patrimonial se publica; aparecen políticos suertudotes a los que
la mayoría de sus bienes les han sido donados o heredados. El caso de
Peña es por cierto el más escandaloso; declara nueve bienes inmuebles de
los que resulta que seis son donados, uno heredado y sólo dos
comprados, ¡de contado! Ni un solo dato de los donantes. El ocultamiento
público no tiene mayor repercusión en los medios.
Un ministro recomendado por Enrique Peña
Nieto, a través de Felipe Calderón y avalado mayoritariamente por el
Senado, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sin trayectoria en la causa penal
ni idoneidad para ser miembro de la primera sala de la Suprema Corte,
emite el voto decisivo en la sentencia a favor de Florence Cassez que le
otorgó un amparo liso y llano; la francesa recupera de inmediato la
libertad que hoy le permite pasear en París convertida en heroína de la
justicia mexicana. A los pocos días de la escandalosa sentencia se sabe
que Francia asesora al gobierno federal en la creación de la gendarmería
nacional.
Un consejero electoral del IFE, don
Sergio García Ramírez —de los de mayor prestigio en ese pleno—, tras
haberse retrotraído de la discusión sobre el caso Monex durante meses,
es presionado de manera irresponsable por el PRI-gobierno, regresa a la
mesa y desempata la votación de cuatro contra cuatro, y con su voto
libra al PRI de una multa de 75 millones de pesos, mínima sanción a la
que podíamos aspirar tras la descarada triangulación de recursos de los
que no se acreditó ni origen, ni destino. Una semana después anuncia que
su etapa en el IFE ha concluido y el pasado 8 de febrero hace efectiva
su renuncia al cargo.
La demagogia y el populismo retoman su
lugar en el nuevo gobierno: el programa nacional contra el hambre se
convierte desde su puesta en marcha, sin rubor ni consideración alguna,
en la nueva estrategia de manipulación electoral desde la Secretaría de
Desarrollo Social. El cambio de delegados federales en los estados se
concreta de manera rápida en 12 de las 14 entidades en las que se
celebrarán elecciones; los perfiles confirman los criterios
estrictamente político-partidistas de los nombramientos.
Una mayoría en el Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE) se lava las manos y decide no entrar
al fondo de las turbias maniobras financieras en el gasto de la campaña
de Enrique Peña Nieto. Sin rubor, decide enviar las investigaciones de
las anomalías a varios de los involucrados directos: remite el
expediente sobre posible lavado de dinero a la PGR, en manos de Jesús
Murillo Karam, otrora defensor jurídico del PRI en el caso Monex; para
darle seguimiento al flujo de los recursos en la triangulación se remite
el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera, en manos ahora del ex
procurador del Estado de México, Bazbaz, y para investigar a las
insolventes empresas que le prestaron dinero al PRI se pide la
colaboración de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, entonces
coordinador general de la campaña, y quien en su momento negó que el PRI
usara monederos Monex. La impunidad tiene permiso.
Un gobernador, el del estado de Colima,
Mario Anguiano Moreno, desvela quizá sin proponérselo el pacto de
silencio que el nuevo gobierno federal ha convenido con los gobernadores
para no informar sobre temas de inseguridad y violencia a menos que
fuera estrictamente necesario. Dijo con todas sus letras: “Hubo un
planteamiento y hubo un acuerdo en el sentido de que solamente se va a
estar informando de las personas detenidas cuando sea estrictamente
necesario”. El retorno del ocultamiento como método para disimular las
negociaciones, encubrir el fracaso, inventar los resultados. Las
ejecuciones siguen y se extienden por el país, pero ya no hay
“ejecutómetros” en los medios que cuenten los muertos de Peña.
La dirección de Comunicación Social de
la Presidencia alimenta el escándalo mediático en el IFAI y el PRI
amenaza desde las cámaras del Congreso a los comisionados con
destituirlos. Por la supuesta actuación indebida de una de sus
comisionadas, quiere llevarse entre las patas al resto para intentar una
conformación más a modo en el órgano que bajo su actual conformación sí
puede representarle un contrapeso.
La semana pasada, el Tribunal Electoral
federal condona al PVEM la multa de casi 180 millones de pesos a la que
más merecidamente se ha hecho ganador en su larga trayectoria de partido
bandido, burlador de la reforma electoral con sus esquemas de
simulación de propaganda en televisión. De todos los partidos políticos
nadie es tan victorioso en la impunidad dentro del Trife como el Partido
Verde. Tener atrás al PRI-gobierno y a Televisa por supuesto que cuenta
entre los magistrados. Hay signos inequívocos, “y la película se llama
restauración autoritaria”.
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