Inicia proceso para destituir a fiscal por saqueo en Tabasco
En entrevista, el fiscal confirmó que solicitó un amparo por la denuncia que hay en su contra, presentada por el ayuntamiento de Jalapa en diciembre de 2012, debido a su presunta connivencia con la administración del exalcalde Antonio Priego Jiménez en el desfalco al municipio por más de 100 millones de pesos, por no emprender las acciones legales que el Congreso local le ordenó.
“Me pasaron el dato y no quise correr riesgos”, dijo Rullán Silva, quien se declaró víctima de “persecución política”, pues desde hace días, denunció, lo siguen policías ministeriales.
Sobre la demanda para destituirlo como titular del OSFE, integrada por representantes de los siete partidos políticos con presencia en el Congreso (PRD, PRI, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y Nueva Alianza), pidió que hagan bien el procedimiento y que todo “se ajuste a la legalidad”.
El fiscal advirtió que seguirá en el cargo hasta 2017, luego de ser reelecto en 2010, y aseguró que los procesos de fiscalización de las cuentas públicas, incluidas las del Ejecutivo, se han hecho con base en las muestras, y así se seguirá haciendo, pues para revisar las cuentas de 2012 ya se presentó la propuesta del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones.
En relación con las acusaciones de que no vio ni detectó el saqueo a Tabasco durante todo el sexenio de Andrés Granier Melo, reiteró que todo se hizo conforme a derecho.
Rullán Silva fue recibido con abucheos, gritos de repudio e insultos por decenas de ciudadanos que, pancartas en manos, arribaron al Congreso para exigir su renuncia como titular del OSFE.
Incluso un grupo de indígenas chontales realizó un rezo con sahumerios en el lobby del recinto legislativo para pedir la destitución de Rullán, mientras otros ciudadanos montaban una cartulina con la foto del exgobernador Andrés Granier Melo, su hijo Fabián y otros exfuncionarios, para quienes demandaron cárcel.
El fiscal llegó puntual a la cita de las 11:00 horas para comparecer ante la Junta de Coordinación Política. Rullán Silva –sentado frente a integrantes de las siete bancadas– presentó su exposición por escrito y luego escuchó las preguntas de los diputados, la mayoría de ellas en el sentido de por qué dejó pasar la corrupción en el gobierno de Granier.
No contestó esos cuestionamientos y pidió responder con posterioridad mediante un documento.
El PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y Panal criticaron que el fiscal no respondiera las preguntas, y al final de la comparecencia fijaron una postura conjunta. El PRI se manifestó en favor de que el fiscal contestara por escrito.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Rafael Abner Balboa, dijo que el fiscal compareció dentro del marco de un proceso de responsabilidad administrativa para, en su momento, concretar su remoción.
Reveló que le expusieron las razones de su cita y se le informó de sus derechos de garantía de audiencia. Rullán Silva, agregó, tenía la oportunidad de exponer sus puntos de vista y lo hizo por escrito. Se negó a responder “de manera infundada”, subrayó.
Balboa Sánchez anunció que seguirá el procedimiento administrativo hasta que concluyan las investigaciones por los señalamientos contra el titular del OSFE.
Dijo que el fiscal ha sido señalado sistemáticamente por presuntas irregularidades y falta de profesionalismo, que en caso de acreditarse –sostuvo– constituyen graves deficiencias en la forma de revisar y fiscalizar los ingresos y egresos, así como en el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos tanto federales como estatales y municipales.
El diputado panista, Francisco Castillo Ramírez, anticipó que Rullán será destituido por su “complicidad” en la corrupción que prevaleció en el gobierno de Granier Melo.
Señaló que la Junta de Coordinación Política aprobará el dictamen, y si el pleno lo avala con el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados, el fiscal será destituido.
“No debe tardar más de tres semanas para que se pueda hacer el dictamen respectivo”, adelantó Castillo, y resaltó que la denuncia penal que el ayuntamiento de Jalapa presentó contra Rullán puede ser un elemento más para incluirlo en el proceso de destitución.
El PRI, en voz de su coordinador Erubiel Alonso Que, pidió que se respete la ley “y no se actúe con revanchismos” para cumplir compromisos de campaña.
La también legisladora priista, Esther Alicia Dagdug Lutzow, calificó como una incongruencia que el PRD se negara a que Rullán respondiera por escrito, cuando ese partido, dijo, ha sido el más insistente en que el fiscal conteste cuestionamientos y aclare cosas.
El titular del OSFE salió del recinto legislativo luego de casi cuatro horas. Durante el trayecto a su vehículo, decenas de personas con pancartas en manos le gritaron: “ratero”, “corrupto”, “bandido”, “cómplice de Granier”, “crucifíquenlo”.
Con el rostro descompuesto, Rullán Silva se quejó: “Esto no es normal, es inédito e inaudito”.
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