Crece la violencia
José Buendía Hegewisch
Los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar la
ley para cuidar el orden, pero éste no se mantiene únicamente con
acciones policiacas o persecución de los delitos. Menos, cuando entre
esos grupos hay la percepción de que los derechos no son iguales para
todos en el país. 28/04/2013 01:31
La violencia forma parte de la vida diaria en el
país. Es condición cotidiana en muchos estados, pero no por ello puede
pasar desapercibida la furia y la destrucción de la rebelión contra la
reforma educativa en Guerrero o la inconformidad de jóvenes del CCH en
la UNAM. A pesar de esto, la protesta no puede verse como un asunto de
seguridad pública, menos aún criminalizarse, sino abordarse como la
expresión de las dificultades de la gobernabilidad en una nación con
profundos conflictos sociales.
En efecto, la violencia no es nueva. Pero su grado y alcance se han profundizado. Por eso también se recrudece el temor por la ineficacia de las autoridades para mantener el control y evitar la violación de la ley, que un día se trasgrede en Guerrero, otro en Michoacán o en el DF. Como consecuencia, es cada vez mayor el reclamo al gobierno federal y a los estatales de intervenir con la policía para preservar el orden, evitar desmanes y vandalismo. Se eleva el cuestionamiento en la opinión pública de la inacción de la autoridad para impedir la destrucción de inmuebles públicos de la CETEG en Guerrero; el saqueo de camiones de alimentos frente al Palacio de Gobierno de Morelia por normalistas o la toma de la rectoría de la UNAM la semana pasada.
Pero el justo reclamo de cuidar el Estado de derecho no debe confundirse con la capacidad política para resolver los conflictos. Para construir gobernabilidad es necesario diferenciar entre la obligación del Estado de mantener el orden público y los mecanismos políticos para procesar las demandas y reclamos que desbordan los cauces institucionales. Además, para muchos de estos grupos la igualdad ante la ley es un discurso vacío; la ausencia del Estado en cuanto a seguridad y justicia es tal que proliferan las policías comunitarias.
Los excesos en la protesta de la CETEG se atribuyen a la falta de sanción por sus desmanes y vandalismo. La falta de castigo, como señaló la CNDH, envía un mensaje de permisividad hacia el delito. Pero creo que eso es sólo parte de la explicación de la violencia de las últimas semanas. Ni la impunidad es una novedad ni la reticencia de la autoridad a usar a la policía para preservar el orden público sorprende a nadie. Es cierto que en general a nuestras autoridades las persuade no pagar costos políticos por la represión; también que desconfían de la actuación de las policías por desastres como el ocurrido con los estudiantes muertos de Ayotzinapa.
No obstante, la razón que subyace al repliegue de la autoridad creo que tiene que ver con que las viejas prácticas sobre las que se ejerció el monopolio de la fuerza en el viejo régimen están desacreditas y no han surgido nuevas. Sobre todo por el riesgo de que reprimir se convierta en un camino sin retorno al carecerse de recursos políticos para encauzar la protesta. Por eso la autoridad suele justificar la inacción para no agravar la violencia, aunque aplicar la ley, y a la vez dialogar o negociar, no se contrapongan.
Y es que
además de la obsolescencia de las policías, también están agotados los
mecanismos de negociación política que antes funcionaron, como el Pacto
Corporativo, que permitió al Estado intercambiar privilegios por
subordinación o cierta civilidad. Este es el fondo de la crisis de
gobernabilidad.
Los gobiernos, como el de Guerrero o Oaxaca, apoyaron las “contrarreformas” del magisterio en los congresos locales porque carecían de otros mecanismos para controlar la protesta, dado que la misma reforma educativa es el mejor ejemplo de la destrucción de los mecanismos del pacto corporativo. Se trata de un movimiento que ha mantenido el control de la educación en sus estados, prerrogativas económicas y privilegios, a cambio de la desmovilización política y en ocasiones del apoyo electoral. Pero también de un grupo que vive la reforma como exclusión y que atenta contra sus derechos sin que existan mecanismos de negociación para pactar su inclusión. Lo mismo sucede con los jóvenes y estudiantes que ya estaban excluidos de los mecanismos corporativos y no hay instancia alguna para procesar sus demandas.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar la ley para cuidar el orden, pero éste no se mantiene únicamente con acciones policiacas o persecución de los delitos. Menos, cuando entre esos grupos hay la percepción de que los derechos no son iguales para todos en el país y que ellos están ubicados entre los que más pierden con los cambios, aunque lo que pierdan no sean sólo derechos, sino sobre todo privilegios y prebendas.
*Analista político
jbuendiah@gmail.com
@jbuendiah
En efecto, la violencia no es nueva. Pero su grado y alcance se han profundizado. Por eso también se recrudece el temor por la ineficacia de las autoridades para mantener el control y evitar la violación de la ley, que un día se trasgrede en Guerrero, otro en Michoacán o en el DF. Como consecuencia, es cada vez mayor el reclamo al gobierno federal y a los estatales de intervenir con la policía para preservar el orden, evitar desmanes y vandalismo. Se eleva el cuestionamiento en la opinión pública de la inacción de la autoridad para impedir la destrucción de inmuebles públicos de la CETEG en Guerrero; el saqueo de camiones de alimentos frente al Palacio de Gobierno de Morelia por normalistas o la toma de la rectoría de la UNAM la semana pasada.
Pero el justo reclamo de cuidar el Estado de derecho no debe confundirse con la capacidad política para resolver los conflictos. Para construir gobernabilidad es necesario diferenciar entre la obligación del Estado de mantener el orden público y los mecanismos políticos para procesar las demandas y reclamos que desbordan los cauces institucionales. Además, para muchos de estos grupos la igualdad ante la ley es un discurso vacío; la ausencia del Estado en cuanto a seguridad y justicia es tal que proliferan las policías comunitarias.
Los excesos en la protesta de la CETEG se atribuyen a la falta de sanción por sus desmanes y vandalismo. La falta de castigo, como señaló la CNDH, envía un mensaje de permisividad hacia el delito. Pero creo que eso es sólo parte de la explicación de la violencia de las últimas semanas. Ni la impunidad es una novedad ni la reticencia de la autoridad a usar a la policía para preservar el orden público sorprende a nadie. Es cierto que en general a nuestras autoridades las persuade no pagar costos políticos por la represión; también que desconfían de la actuación de las policías por desastres como el ocurrido con los estudiantes muertos de Ayotzinapa.
No obstante, la razón que subyace al repliegue de la autoridad creo que tiene que ver con que las viejas prácticas sobre las que se ejerció el monopolio de la fuerza en el viejo régimen están desacreditas y no han surgido nuevas. Sobre todo por el riesgo de que reprimir se convierta en un camino sin retorno al carecerse de recursos políticos para encauzar la protesta. Por eso la autoridad suele justificar la inacción para no agravar la violencia, aunque aplicar la ley, y a la vez dialogar o negociar, no se contrapongan.
Y es que
además de la obsolescencia de las policías, también están agotados los
mecanismos de negociación política que antes funcionaron, como el Pacto
Corporativo, que permitió al Estado intercambiar privilegios por
subordinación o cierta civilidad. Este es el fondo de la crisis de
gobernabilidad.Los gobiernos, como el de Guerrero o Oaxaca, apoyaron las “contrarreformas” del magisterio en los congresos locales porque carecían de otros mecanismos para controlar la protesta, dado que la misma reforma educativa es el mejor ejemplo de la destrucción de los mecanismos del pacto corporativo. Se trata de un movimiento que ha mantenido el control de la educación en sus estados, prerrogativas económicas y privilegios, a cambio de la desmovilización política y en ocasiones del apoyo electoral. Pero también de un grupo que vive la reforma como exclusión y que atenta contra sus derechos sin que existan mecanismos de negociación para pactar su inclusión. Lo mismo sucede con los jóvenes y estudiantes que ya estaban excluidos de los mecanismos corporativos y no hay instancia alguna para procesar sus demandas.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar la ley para cuidar el orden, pero éste no se mantiene únicamente con acciones policiacas o persecución de los delitos. Menos, cuando entre esos grupos hay la percepción de que los derechos no son iguales para todos en el país y que ellos están ubicados entre los que más pierden con los cambios, aunque lo que pierdan no sean sólo derechos, sino sobre todo privilegios y prebendas.
*Analista político
jbuendiah@gmail.com
@jbuendiah
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