Representa un retroceso planes de España para limitar aborto

En un editorial este domingo, resaltó que nadie en el gobierno ni en el Partido Popular (PP) que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto, porque no los hay.

Los planes del actual gobierno español para limitar el aborto, incluso en caso de malformación, representan un retroceso intolerable, advirtió hoy el diario español El País.
En un editorial este domingo, resaltó que nadie en el gobierno ni en el Partido Popular (PP) que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto, porque no los hay.
La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
Se trata de una ley que se ajusta a los estándares legales de los países del entorno español, que se aplica sin problemas sociales, que no ha disparado el número de abortos, en contra de lo que algunos auguraron y que goza del apoyo de la mayoría de españoles, según las encuestas de opinión.
"Pocas dudas caben, pues, de que la reforma que promueve el partido conservador responde a razones más inconfesables que las esgrimidas y avanza con firmeza impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la cúpula de la Iglesia católica con el cardenal Antonio María Rouco Varela a la cabeza", dijo.
La reforma que ahora se plantea, amenaza a los españoles con una norma incluso más restrictiva que la Ley de 1985.

Se trata de una decisión que no responde en ningún caso a una demanda social y que no dispone de ningún tipo de soporte jurídico.
El Tribunal Constitucional dictaminó sobre la antigua normativa y esta se adaptó a su criterio antes de entrar en vigor.
Este sábado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el gobierno seguirá con el "compromiso" que tiene con la sociedad española, de buscar la recuperación del consenso que, durante muchos años, estuvo vigente en España y que se rompió unilateralmente por el gobierno socialista en el 2010, no retornando a la ley de 1985, sino corrigiendo los efectos que tenía.
El País afirmó que la reforma responde a exigencias de cambio en la norma por parte de los ciudadanos, pero el PP sabe perfectamente que, en este asunto, están mintiendo.
Los estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que las leyes más restrictivas no reducen el número de abortos y, sin embargo, elevan los riesgos para las mujeres al aumentar las intervenciones clandestinas con escaso control sanitario.
Tales leyes condenan a una maternidad no deseada a las mujeres con menos recursos, permitiendo a las demás sortearlas viajando a otros países, por lo que la reforma que se plantea, aun sin concretar, supone un grave retroceso.