La liberación del general Tomás Ángeles devasta la imagen de Felipe Calderón
La fiscalía reconoció que no tenía pruebas contra el militar, acusado por narcotráfico en 2012
Sin pronunciar una sola palabra en su contra, sin persecución
judicial o política a sus excolaboradores y sin que siquiera pueda ser
acusado de inquina o animadversión personal, a Enrique Peña Nieto le han bastado menos de cinco meses para evidenciar graves fallas de Felipe Calderón Hinojosa, su antecesor en la presidencia de México.
Un cambio de narrativa en torno a la lucha anticrimen, una serie de acuerdos que han dado tempranos e importantes frutos, una detención de alto impacto, y el dejar de pisar un frenético acelerador --que mediante testigos protegidos acusaba de narcotraficantes a importantes funcionarios— han provocado que hoy el legado de Calderón esté en entredicho por lo que hizo y por lo que dejó de hacer.
El último clavo de esta cruz ha sido la liberación este miércoles del general Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango que ha sido acusado de narcotráfico en el país. En mayo de 2012, Ángeles Dauahare dejó de ser un discreto militar en retiro para ocupar los titulares de la prensa y los telediarios acusado, junto con otros tres generales, de proteger a narcotraficantes. El proceso a los militares, que fue el último caso judicial de alto impacto de varios que hubo durante el sexenio pasado, causó tanta conmoción como incredulidad. Al final, como ocurrió con otros juicios emprendidos por Calderón, el resultado ha sido un chasco total: la fiscalía, ahora a cargo del Gobierno del PRI, reconoció que salvo la declaración de un testigo protegido de nombre "Jennifer" no tenía prueba alguna contra el general, por lo que un juez federal ordenó el sobreseimiento de la causa.
"Fueron imputaciones dolosas y falsas", dijo Ángeles Dauahare al salir el miércoles por la noche del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El militar, cuya liberación fue saludada "con satisfacción" en un comunicado emitido por la secretaría de la Defensa Nacional, reconoció ante la prensa que fue víctima del presidente Calderón. Los abogados del liberado consideran que es cuestión de tiempo para que los otros militares acusados en la misma causa obtengan su libertad.
Pero el caso de Tomás Ángeles, nieto de un héroe de la Revolución y quien llegara a ser número dos del Ejército mexicano, es solo una de las derrotas de Calderón esta semana: sumó dos reveses más.
El lunes un juez ordenó la liberación de Noé Ramírez Mandujano, quien fuera zar antidrogas en el inicio del sexenio pasado. Procesado en 2008, ahora ha obtenido su libertad, luego de que los cargos, otra vez basados en los testimonios de "Jennifer", se desvanecieran. Tras cinco años en la cárcel, Ramírez Mandujano ha dicho que en el gobierno anterior "engañaron al pueblo mexicano. Le quisieron hacer creer que realmente se estaba trabajando, que se estaba metiendo a la cárcel a servidores públicos desleales cuando era todo lo contrario", según ha declarado al diario Reforma.
Mientras que el mismo miércoles, al aceptar una queja interpuesta por la empresa Multivisión (MVS), la Suprema Corte de Justicia ha socavado la decisión de Calderón de retirar a esa empresa de telecomunicaciones la concesión para explotar la banda ancha de 2,5 Gigahertz (Ghz). En el sexenio anterior el caso se volvió un escándalo que duró meses y en el que la compañía y la presidencia de la República intercambiaron graves acusaciones por la decisión gubernamental de no renovar los permisos de explotación. Hay motivaciones políticas, denunció la empresa; hay un intento de chantaje, argumentó el gobierno. El enfrentamiento entre Calderón y MVS incluyó la revelación de conversaciones privadas y el momentáneo despido de la influyente periodista Carmen Aristegui. Hoy, tanto por la decisión del Supremo como por señales del gobierno de Peña Nieto de que están abiertos a que MVS participe en la licitación de la renovación de permisos para la banda de 2,5 Gigahertz, la compañía de telecomunicaciones, vista como aliada de Carlos Slim, está más cerca que nunca de retener la concesión por la que enfrentó ruidosamente el poder de Calderón.
Pero más allá de esta semana y de los tribunales, con el Pacto por México y sus dos primeras reformas –la educativa y la de telecomunicaciones, que terminaron con años de pasmo y entrampamiento político--, con la detención de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero, a la que en cambio Calderón cedió importantes puestos en su gabinete, y con dejar de machacar todos los días el tema de la inseguridad, el presidente Peña Nieto ha logrado que el sexenio de Calderón entre de lleno en una bruma, en un desdibujamiento del que hoy solo queda viva la imagen de un país con una criminalidad desbordada, dueña de varias regiones y agenda que quiso ser un legado y hoy es más bien un lastre para todos, un peso muerto que hunde cada vez más la imagen de un mandatario que prometió limpiar la casa pero que en pocos meses es más que evidente el tiradero que dejó.
Un cambio de narrativa en torno a la lucha anticrimen, una serie de acuerdos que han dado tempranos e importantes frutos, una detención de alto impacto, y el dejar de pisar un frenético acelerador --que mediante testigos protegidos acusaba de narcotraficantes a importantes funcionarios— han provocado que hoy el legado de Calderón esté en entredicho por lo que hizo y por lo que dejó de hacer.
El último clavo de esta cruz ha sido la liberación este miércoles del general Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango que ha sido acusado de narcotráfico en el país. En mayo de 2012, Ángeles Dauahare dejó de ser un discreto militar en retiro para ocupar los titulares de la prensa y los telediarios acusado, junto con otros tres generales, de proteger a narcotraficantes. El proceso a los militares, que fue el último caso judicial de alto impacto de varios que hubo durante el sexenio pasado, causó tanta conmoción como incredulidad. Al final, como ocurrió con otros juicios emprendidos por Calderón, el resultado ha sido un chasco total: la fiscalía, ahora a cargo del Gobierno del PRI, reconoció que salvo la declaración de un testigo protegido de nombre "Jennifer" no tenía prueba alguna contra el general, por lo que un juez federal ordenó el sobreseimiento de la causa.
"Fueron imputaciones dolosas y falsas", dijo Ángeles Dauahare al salir el miércoles por la noche del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El militar, cuya liberación fue saludada "con satisfacción" en un comunicado emitido por la secretaría de la Defensa Nacional, reconoció ante la prensa que fue víctima del presidente Calderón. Los abogados del liberado consideran que es cuestión de tiempo para que los otros militares acusados en la misma causa obtengan su libertad.
Pero el caso de Tomás Ángeles, nieto de un héroe de la Revolución y quien llegara a ser número dos del Ejército mexicano, es solo una de las derrotas de Calderón esta semana: sumó dos reveses más.
El lunes un juez ordenó la liberación de Noé Ramírez Mandujano, quien fuera zar antidrogas en el inicio del sexenio pasado. Procesado en 2008, ahora ha obtenido su libertad, luego de que los cargos, otra vez basados en los testimonios de "Jennifer", se desvanecieran. Tras cinco años en la cárcel, Ramírez Mandujano ha dicho que en el gobierno anterior "engañaron al pueblo mexicano. Le quisieron hacer creer que realmente se estaba trabajando, que se estaba metiendo a la cárcel a servidores públicos desleales cuando era todo lo contrario", según ha declarado al diario Reforma.
Mientras que el mismo miércoles, al aceptar una queja interpuesta por la empresa Multivisión (MVS), la Suprema Corte de Justicia ha socavado la decisión de Calderón de retirar a esa empresa de telecomunicaciones la concesión para explotar la banda ancha de 2,5 Gigahertz (Ghz). En el sexenio anterior el caso se volvió un escándalo que duró meses y en el que la compañía y la presidencia de la República intercambiaron graves acusaciones por la decisión gubernamental de no renovar los permisos de explotación. Hay motivaciones políticas, denunció la empresa; hay un intento de chantaje, argumentó el gobierno. El enfrentamiento entre Calderón y MVS incluyó la revelación de conversaciones privadas y el momentáneo despido de la influyente periodista Carmen Aristegui. Hoy, tanto por la decisión del Supremo como por señales del gobierno de Peña Nieto de que están abiertos a que MVS participe en la licitación de la renovación de permisos para la banda de 2,5 Gigahertz, la compañía de telecomunicaciones, vista como aliada de Carlos Slim, está más cerca que nunca de retener la concesión por la que enfrentó ruidosamente el poder de Calderón.
Pero más allá de esta semana y de los tribunales, con el Pacto por México y sus dos primeras reformas –la educativa y la de telecomunicaciones, que terminaron con años de pasmo y entrampamiento político--, con la detención de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero, a la que en cambio Calderón cedió importantes puestos en su gabinete, y con dejar de machacar todos los días el tema de la inseguridad, el presidente Peña Nieto ha logrado que el sexenio de Calderón entre de lleno en una bruma, en un desdibujamiento del que hoy solo queda viva la imagen de un país con una criminalidad desbordada, dueña de varias regiones y agenda que quiso ser un legado y hoy es más bien un lastre para todos, un peso muerto que hunde cada vez más la imagen de un mandatario que prometió limpiar la casa pero que en pocos meses es más que evidente el tiradero que dejó.
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