La nueva narco-realidad (II)
Los analistas de Stratfor no entraron al detalle de qué presidentes priistas forjaron alianzas con los cárteles, aunque tampoco deslindan claramente cuáles no. Hubo en el pasado momentos distintos, en efecto, y durante muchos años, existió colaboración institucional a nivel local con los narcotraficantes. Hubo tiempos en los cuales las instituciones que se encargaban de combatir al narcotráfico resultaron estar al servicio de los cárteles, como sucedió con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, desaparecida a principios de 2003 por la penetración del narcotráfico. Sólo al momento de morir, el Ejército tenía tomada una tercera parte de sus oficinas en el país. Su sucesora, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, no duró impoluta: en 2008, la casi totalidad de sus jefes fueron detenidos, acusados de trabajar para el Cártel de Sinaloa. A nivel estatal, departamentos de policía completos en varios estados desaparecieron por su colusión con el crimen organizado.
Más allá de esas vinculaciones, la racional que prevaleció hasta 2006 tenía el incentivo que si los cárteles no peleaban entre ellos y mantenían la paz en las calles, el Gobierno federal no los perseguiría. La racional cambió en el gobierno de Felipe Calderón, donde de ser selectivos en el combate al narcotráfico -sólo un cártel por sexenio era golpeado-, pasó a enfrentar en forma simultánea a todos, por lo que la única forma de sobrevivir era aniquilar a todos los rivales.
Si bien es cierto, como apuntó Stratfor en su análisis, que la violencia no la desató el gobierno de Calderón sino se venía dando desde la presidencia de Ernesto Zedillo, sí se intensificó. Un ex procurador calderonista describió que habían “agitado el avispero”, lo que llevó a los cárteles a su guerra total, elevando en decenas de miles los muertos por esa violencia. La estrategia de fragmentar los cárteles y convertirlos en pandillas fue muy exitosa, pero su externalidad fue que las pandillas resultaron ser más violentas que los cárteles y al quedarse varios de ellos sin droga en 2007 -como los de Tijuana, el Golfo y Los Zetas-, se quedaron sin dinero para pagar a sus sicarios. Esto produjo la implosión de los cárteles, su recomposición en alianzas impensables por las rivalidades históricas, y el nacimiento de pandillas que mutaron de delitos federales a delitos del fuero común -como el secuestro y la extorsión-, con lo cual la debilidad de las policías locales se magnificó.
La racional del gobierno de Peña Nieto rompe con la que tuvieron los gobiernos priistas y el de Vicente Fox, por un lado, y el de Calderón, por el otro. La realidad no sólo ha demostrado lo erróneo del diagnóstico, sino que recientemente se despidió del gobierno al autor intelectual de tal utopía, colaborador directo de Manuel Mondragón, comisionado de Seguridad Pública. Pero pensar que camina hacia un pacto con los cárteles, como popularmente se cree, cuando menos en este momento es un disparate, porque lo único que existe en este gobierno frente a los cárteles es inmovilidad. Sin embargo, hay evidencia empírica que sectores del Estado Mexicano sí permitieron la aniquilación de un cártel en beneficio de otro, logrando en varias ocasiones la pacificación de plazas en disputa. Lo único que se opone al imaginario colectivo mexicano es que no es en el gobierno de Peña Nieto, sino paradójicamente, lo fue durante el de Calderón.
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