Miguel Carbonell: Una reforma fiscal… que pudo ser
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Gran
parte del éxito del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto depende
de que cuente con los recursos económicos necesarios para hacer realidad
sus muchas promesas de campaña. Si queremos una educación de calidad,
cobertura universal de seguridad social, seguro de desempleo, etcétera,
hay que pagar por ello. Nada es gratis en esta vida, como dice la
sabiduría popular.El entorno que enfrentamos como país es bastante complicado y es por eso que muchos han pedido una reforma fiscal de fondo y no meramente cosmética.
La economía mexicana ha mostrado rangos de crecimiento muy débiles: hemos crecido un 2% anual durante los últimos 30 años, muy por debajo de lo que han crecido otras naciones emergentes con las que tenemos que competir. Eso significa que nos vamos quedando atrás.
La productividad tampoco ha mejorado: de 1990 al 2011 la capacidad de producir de nuestra economía no solamente no ha crecido, sino que ha disminuido un 8%.
Por eso es que no hemos podido superar el problema estructural de la pobreza, en la que todavía se encuentra viviendo –para vergüenza de todos nosotros- el 45% de la población del país.
El 61% de los mexicanos (lo que suma más de 70 millones de personas) no tienen seguridad social y además el 37% de los adultos mayores no cuenta con ningún tipo de pensión o ingreso jubilatorio. El reto de ofrecer una cobertura universal en esos dos temas es enorme y debe ser abordado a la brevedad, tal como lo propuso el presidente Peña Nieto durante su campaña.
Uno de los problemas básicos de nuestra economía es que el 60% de los trabajadores está en el sector informal; por obvias razones, su productividad es muy baja y sus derechos extremadamente precarios. Debemos trabajar para cambiar esa realidad ominosa. Más trabajadores en la economía formal implica mayor productividad, más protección a sus derechos laborales y que paguen los impuestos que pagamos el resto de trabajadores.
Para abordar todos esos problemas y muchos otros que se podrían incluir (mejores hospitales, más infraestructura, más apoyo al Estado de derecho, más becas para nuestros jóvenes y un largo etcétera) necesitamos recaudar más y gastar mejor el dinero que el Estado nos cobra por vía de impuestos. México destina el 19% de su PIB al gasto público, mientras que el promedio de América Latina es del 27% y de los países de la OCDE es del 41%.
La reforma fiscal presentada por el presidente Peña y por el Secretario de Hacienda Luis Videgaray contiene elementos positivos que deberán ser tomados en cuenta por los legisladores a la hora de discutir el paquete económico para el 2014. Apoyar a las personas desempleadas o proteger a los adultos mayores son cuestiones de elemental justicia, las cuales deberían haber sido aprobadas hace muchos años.
La idea de quitar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo y el IETU no creo que les vaya a parecer mal a los contribuyentes, sino todo lo contrario.
Lo que no queda tan claro en la propuesta es de qué manera se va a recaudar más y sobre todo de qué manera el Estado va a enfrentar esa enorme zona de elusión fiscal que está en la economía informal.
No se vale que el mayor esfuerzo (el único, en alguna medida) se les pida a los contribuyentes cautivos. Es cierto que hay medidas razonables, como equiparar la tasa de IVA en todo el país, eliminando los beneficios que se tenían en la frontera, o como el cobro de impuestos a las bebidas azucaradas (ya era hora, caramba). Pero lo cierto es que el paquete económico ofrece poco más que eso.
En suma, estamos ante una propuesta que recoge propuestas de distintos sectores sociales (incluyendo algunas que desde hace varios años habían planteado los partidos de izquierda), que en lo general va en la dirección correcta y a la que solamente se le pueda reprochar que sea poco ambiciosa.
Ojalá resulte aprobada y ojalá vaya de la mano con la aprobación de otras dos grandes iniciativas del presidente que de forma inexplicable y mezquina los legisladores siguen atorando: la reforma en materia de transparencia gubernamental y la reforma en materia de combate a la corrupción. Esas dos reformas nos permitirán saber que aquello que hace el gobierno con nuestro dinero es lo correcto y que no se desvía para propósitos personales de los funcionarios. Cualquier reforma en materia de impuestos requiere, en un país con tanta corrupción como México, que se mejore la transparencia y la rendición de cuentas. Ojalá nuestros legisladores no lo olviden.
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