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El Estado mexicano, incapaz de dar seguridad a la población
2014-10-10
CÉSAR ARELLANO, La Jornada
El Estado mexicano está incapacitado para brindar protección a la población. No ha cumplido sus promesas y lo ocurrido en Iguala es prueba de ello, afirmaron los participantes en la mesa de análisis “Ayotzinapa: desaparición y asesinato de estudiantes normalistas rurales”, organizada por la Universalidad Iberoamericana (Uia).
Académicos de esta casa de estudios analizaron la actuación de las autoridades en este caso. En México “se asesina a estudiantes porque se puede. No podemos seguir contando cadáveres. Las autoridades saben bien cuáles son los protocolos que deben utilizarse”, sostuvo Sandra Salcedo, académica del programa de derechos humanos de la Uia.
Recordó cómo organizaciones de la sociedad civil, así como Amnistía Internacional y grupos de ciudadanos se han comprometido con lo ocurrido en Iguala, pero, advirtió, esta labor corresponde a las autoridades.
Aseguraron que la descomposición de las instituciones mexicanas existe en todos los niveles de gobierno.
Los especialistas coincidieron en señalar que los hechos ocurridos en Iguala y en Tlatlaya, estado de México, no representan, de ninguna manera, casos aislados. Recordaron la matanza en Aguas Blancas y el caso de Rosendo Radilla, detenido por militares en la década de los 70, como dos de los múltiples ejemplos de violaciones a los derechos humanos en territorio nacional, “a los cuales se debe dar seguimiento con urgencia”.
José Antonio Ibañez, coordinador del programa de derechos humanos de la Uia, consideró que “México está saturando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos de violaciones a los derechos humanos”.
Salcedo manifestó que el nuestro es un país “que está ubicado como especialmente peligroso para la denuncia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado”.
Incluso, agregó, si los restos hallados en las fosas clandestinas que se encontraron hace unos días en Iguala, Guerrero, no fueran de los estudiantes normalistas, es necesario conocer su identidad, así como un proceso de investigación pertinente, sancionar a los culpables, reparar el daños y asegurar que crímenes de este tipo no se repitan.
Por su parte, Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del programa académico de seguridad nacional, señaló que la manifestación social por el caso de los normalistas de Ayotzinapa muestra el hartazgo hacia la política, porque las instituciones, dirigentes y políticos han fallado, y nosotros seguimos con la impotencia de no saber qué hacer”.
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