El Estado se convirtió en una “institución criminal”: Obispo Raúl Vera

El Estado se convirtió en una “institución criminal”: Obispo Raúl Vera

2014-10-14



Arturo Rodríguez García

La Procuraduría General de la República (PGR) no quiso actuar contra José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, Guerrero, porque tenía fuero. Así se lo hicieron saber a los integrantes de la Red Solidaria Década de Impunidad (RSDIAC), un mes antes de los hechos en que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes normalistas.

La RSDIAC, que encabeza el obispo Raúl Vera López, llevaba más de un año insistiendo en que la PGR atrajera el caso de la desaparición de ocho integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), ocurrida el 30 de mayo de 2013, lo que derivó en los asesinatos del dirigente social Arturo Hernández Cardona y de sus compañeros Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez. Sus cuerpos fueron encontrados el 5 de junio siguiente, con signos de tortura.

A finales de agosto último, un funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), identificado como Ignacio Quintanilla, aseveró al equipo de RSDIAC que habían atraído el caso en julio, pero no les dio una fecha exacta ni mostró el expediente ni actuaciones al respecto.

En entrevista, el obispo Vera apunta que fue Quintanilla quien les anunció que sólo procederían contra el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, debido al fuero que protegía al alcalde Abarca. La versión del religioso contrasta con el anuncio del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, realizado el jueves 8: la atracción del caso y la improcedencia del fuero.

Desde noviembre pasado la RSDIAC había mostrado el testimonio de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes que escapó de la ejecución múltiple. Él acusó a José Luis Abarca de haber perpetrado personalmente los crímenes. Empero, ninguna instancia actuó.

Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, consideró que llevar el asunto a la instancia federal era indispensable, porque dejarlo en Guerrero convertía al grupo político del gobernador Ángel Aguirre en juez y parte. Lo pidió por primera vez en agosto de 2013.

La RSDIAC ha recorrido un largo camino para difundir el testimonio de Mendoza Villa. Primero lo registraron ante un notario público del Distrito Federal, por miedo a las autoridades, en noviembre de 2013.

Vera afirma que, en marzo de este año, Mendoza aceptó acudir a una agencia del Ministerio Público para rendir su declaración. En los meses siguientes, fue requerido de nueva cuenta pero no aceptó. Las procuradurías fundaban su inmovilidad en esa negativa, mientras que Nicolás había tenido que salir de Guerrero con toda su familia y se había cambiado de casa al menos en seis ocasiones debido a las amenazas.

La condición de la RSDIAC y del obispo Vera para ratificar la denuncia era que hubiera medidas de protección y, por ello, representantes de la organización viajaron a Washington para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que el Estado mexicano concediera esas garantías.

Para Vera, el caso de los integrantes del FUP es el antecedente de impunidad que explica lo ocurrido a los normalistas: “Es lo que marca que el Estado se haya convertido en una institución criminal. Aquí tenemos un caso claro en el que la prioridad es tapar todo: Abarca secuestró, torturó, asesinó y no pasó nada. Ahora vuelve a secuestrar, no sabemos dónde están los muchachos y, otra vez, el Estado se propone tapar todo. Se están yendo por los policías… No es la policía: queremos que salgan a relucir las cabezas de esto”.

Peña Nieto, como Díaz Ordaz

Obispo en Altamirano, Guerrero, en los años noventa, y coadjutor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los años posteriores al alzamiento zapatista, Raúl Vera fue quien denunció la masacre de Acteal, perpetrada en 1996, dándole visibilidad internacional cuando el gobierno de Ernesto Zedillo intentaba ocultar la actuación de paramilitares en ese crimen.

A dos décadas de distancia, levanta su voz sobre lo ocurrido en Iguala con los dirigentes sociales en 2013 y con los normalistas en septiembre último: “Lo que hicieron con ese cafre (José Luis Abarca) al que han protegido es un mensajito al pueblo, es decirnos: ‘vean de lo que somos capaces’. Ya lo hicieron en San Salvador Atenco en 2006 y todavía (Peña Nieto) lo presumió como vimos en la Ibero en 2012. Ahora es presidente y por eso digo: este fenómeno presidencial no lo habíamos visto desde Díaz Ordaz”.

Enviado a la diócesis de Saltillo en el año 2000 bajo presiones del gobierno federal, Vera asumió ahí la defensa de los migrantes indocumentados desde 2001, un lustro antes de que la guerra de Felipe Calderón convirtiera el flujo migratorio en tragedia humanitaria.

“No sabemos hasta dónde el crimen organizado está en las estructuras de los cárteles y hasta dónde se acaba el cártel para diferenciarlo de las estructuras política, judicial y financiera”, comenta.

Va más allá: “Don Samuel (Ruiz) decía que el Estado quería encapsular Chiapas en un tema local, cuando se trata de toda la estructura nacional. Tenía razón: toda la estructura nacional está hoy en pobreza y exclusión como Chiapas”.

El verdadero crimen organizado

Raúl Vera abandona un momento la situación de Iguala y menciona los despojos de tierras, la vulneración de los derechos laborales, los bajos salarios, la clase política que se pone de acuerdo en el Pacto por México, que califica como un convenio “para repartirse el pastel” entre dirigentes que no representan al pueblo…

“Son unos irresponsables, son una bola de… esos son el crimen organizado”, exclama.

Así, no da por buena ninguna “reforma estructural”. Ejemplifica con Grupo México, el corporativo del segundo mexicano más rico –Germán Larrea–, que presume en su sitio de internet la mayor producción al menor costo. Un costo tan barato, dice Vera, que sólo implica vidas humanas, envenenamiento de poblaciones, destrucción del ambiente y mucha impunidad.

“No estamos en democracia. Estamos en manos de una camarilla de abusivos, ladrones, mentirosos, que saben lo que hicieron y que el pueblo no está de acuerdo, y toman medidas para protegerse, para criminalizar, para denostar al que no está de acuerdo. Ahí está de ejemplo la reforma de telecomunicaciones para controlar los medios y espiar.”

Y retoma el caso de Iguala: “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca. Hoy lo sabemos. No se van a tocar el corazón para hacer lo que hicieron en Ayotzinapa, en Atenco, en Chiapas y en todo el país. Son mentes (de los políticos) que ya no tienen otra posibilidad de pensar, incapaces de un camino distinto que los va a llevar cada día a ser peores”