San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes
El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando hace tres años. Foto: Benjamin Flores |
La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo
Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de
ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:
Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando
ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando
detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la
cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un
policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben
dinero de la organización para colaborar.
Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la
organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo
Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que
ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en
México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el
instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.
El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta
informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que
carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de
los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números
de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los
ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas
con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.
En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la
participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que
iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y
omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros
de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa
organización criminal”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
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