Los mismos de siempre
El Jue, 19 de Febrero de 2015, por David Páramo
David Páramo
Columnista de Excélsior.
Traición,
conflicto de interés. Desconocimiento. Drama. Alguna o varias de estas
palabras pueden aplicarse a la campaña que lanzaron Irene Levy y Clara Luz Álvarez en
contra de la publicación de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Multiprogramación por parte del Instituto Federal de las
Telecomunicaciones.
Vale la pena destacar que ambas mujeres acaban de ser nombradas miembros del consejo consultivo del IFT, antes no habían alcanzado la calificación suficiente para estar consideradas en el pleno que preside Gabriel Contreras.
En el caso de Álvarez debe precisarse que su crítica es un tanto más mesurada, pero en los dos podría considerarse una traición porque no hicieron sus objeciones en el consejo consultivo sino ante los medios de comunicación y, en segundo término, se trata de opiniones que simple y sencillamente están equivocadas.
La historia de Levy es muy conocida. En reiteras ocasiones esta mujer ha tenido relación comercial con el preponderante en las telecomunicaciones, aun cuando siempre ha tratado de negarla como si fuera algo vergonzoso. Cuando cobraba 15 mil pesitos por estar en la Cofetel como supuesta representante de la sociedad civil era defensora a ultranza de Mony Sacha de Swaan, quien, llegado el momento procesal, deberá responder por acusaciones de delitos ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Las dos tienen en el consejo consultivo del IFT un espacio adecuado e institucional para hacer sus opiniones si realmente estuvieran a favor del mejor desarrollo del instituto. Más allá, parecería que se colaron a este órgano para dinamitar desde adentro a la institución de la que no pudieron formar parte o para generar conflicto a favor de la posición de quienes han sido lastimados por la actuación de este órgano de las telecomunicaciones.
Además, la opinión jurídica que sirvió a los frívolos del periodismo para decir que se trataba de un regalo para Televisa y Televisión Azteca está totalmente equivocada desde el punto de vista jurídico que, al final del día, es el que debe prevalecer y demostrar por qué Levy se quedó corta para ser considerada en el pleno del IFT.
Bastaría leer el artículo 104 de la LFTR en la que se regula el arrendamiento de bandas de frecuencia para cualquier concesionario. Ojo, no es un regalo para las dos televisoras abiertas más grandes puesto que se establece que para acceder a la multiprogramación en televisión el concesionario de radio o los terceros que correspondan, según sea el caso, deberán transmitir al menos un canal de programación en alta definición.
En ningún momento se establece que se trata de una ley nominativa, así que cualquier persona que le diga que se trata de un regalo para Televisa y Televisión Azteca, ya que está abierta para todos los concesionarios, así que no sólo ellos podrán rentar los canales a terceros sino cualquiera que tenga una concesión. Se equivocan de punta a punta los que creen que sólo hay dos concesionarios de televisión abierta en todo el país.
Déjà vu
La posición que tiene como frente a Levy y los grupos de interés que representa es muy similar al escándalo que hicieron cuando los canales de televisión abierta comenzaron a utilizar las señales de alta definición.
Seguramente recuerda que “inventaron” que tendrían que devolver el canal analógico u otras aberraciones similares. Atrás de este asunto también estuvieron Mony Sacha, Juan Molinar Horcasitas y los frívolos del periodismo quienes creen que el público es tonto y sólo consume cabezas tan atractivas como falsas.
El asunto, como se recordará, llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde las televisoras demostraron jurídicamente y fuera de cualquier duda que no habían violado sus títulos de concesión o cualquiera de las faramalladas que se le ocurrió a este grupo que superchairos de las telecomunicaciones.
Lo verdaderamente relevante de la multiprogramación es la posibilidad de ampliar la gama de contenidos a favor de los usuarios, puesto que de cada canal podrán derivarse otros tres.
El IFT no renuncia a su capacidad regulatoria, puesto que los concesionarios deberán solicitarles autorización y en cualquier momento podrán cobrar una contraprestación sobre servicios adicionales a los de radiodifusión.
La determinación del pleno del IFT tiene como principal objetivo aumentar las salidas para los generadores de contenidos, lo que permitirá a los usuarios tener acceso a contenidos diferenciados, lo que sin lugar a dudas contribuye a una mejor democracia, entretenimiento, educación y diversión.
Ficrea
De los que dicen haber sido defraudaos por Ficrea, muchos se mantienen como presuntos ahorradores porque no han podido demostrar que lo son, ya que no se han registrado ante el seguro de depósito ni ante la intervención gerencial de esta sociedad financiera popular.
En el Congreso de la Unión se instaló el martes una comisión bicameral en la cual se dará seguimiento al caso. Si los defraudados esperan que se utilicen fondos públicos para devolverles sus recursos están muy equivocados, pues el tema ni siquiera está en la mente de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.
Lo que se podrá hacer desde el Congreso es dar seguimiento al buen trabajo que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jaime González Aguadé, y de la intervención gerencial.
Destaca el trabajo que ha realizado Nacional Financiera para garantizar que existan los activos que dicen tenerse para resarcir, en la medida de lo posible, todo aquello que supere las 25,000 UDIS; de hecho, algunos ya han recibido el monto de su inversión. Más de la mitad de los ahorradores están cubiertos en por lo menos 80% por el seguro de depósito, así que la recuperación de los fondos para estos grupos será adecuada.
Los legisladores deberán usar esta mesa para analizar nuevas formas regulatorias para garantizar que los diferentes intermediarios financieros cumplan con la función para la que fueron creados y no como una vía para operaciones francamente dudosas.
Por otra parte, deberán dar seguimiento a la persecución legal que se hace de Rafael Olvera y sus cómplices, a tal modo de lograr no sólo una mayor recuperación sino que cumplan ante la justicia.
Vale la pena destacar que ambas mujeres acaban de ser nombradas miembros del consejo consultivo del IFT, antes no habían alcanzado la calificación suficiente para estar consideradas en el pleno que preside Gabriel Contreras.
En el caso de Álvarez debe precisarse que su crítica es un tanto más mesurada, pero en los dos podría considerarse una traición porque no hicieron sus objeciones en el consejo consultivo sino ante los medios de comunicación y, en segundo término, se trata de opiniones que simple y sencillamente están equivocadas.
La historia de Levy es muy conocida. En reiteras ocasiones esta mujer ha tenido relación comercial con el preponderante en las telecomunicaciones, aun cuando siempre ha tratado de negarla como si fuera algo vergonzoso. Cuando cobraba 15 mil pesitos por estar en la Cofetel como supuesta representante de la sociedad civil era defensora a ultranza de Mony Sacha de Swaan, quien, llegado el momento procesal, deberá responder por acusaciones de delitos ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Las dos tienen en el consejo consultivo del IFT un espacio adecuado e institucional para hacer sus opiniones si realmente estuvieran a favor del mejor desarrollo del instituto. Más allá, parecería que se colaron a este órgano para dinamitar desde adentro a la institución de la que no pudieron formar parte o para generar conflicto a favor de la posición de quienes han sido lastimados por la actuación de este órgano de las telecomunicaciones.
Además, la opinión jurídica que sirvió a los frívolos del periodismo para decir que se trataba de un regalo para Televisa y Televisión Azteca está totalmente equivocada desde el punto de vista jurídico que, al final del día, es el que debe prevalecer y demostrar por qué Levy se quedó corta para ser considerada en el pleno del IFT.
Bastaría leer el artículo 104 de la LFTR en la que se regula el arrendamiento de bandas de frecuencia para cualquier concesionario. Ojo, no es un regalo para las dos televisoras abiertas más grandes puesto que se establece que para acceder a la multiprogramación en televisión el concesionario de radio o los terceros que correspondan, según sea el caso, deberán transmitir al menos un canal de programación en alta definición.
En ningún momento se establece que se trata de una ley nominativa, así que cualquier persona que le diga que se trata de un regalo para Televisa y Televisión Azteca, ya que está abierta para todos los concesionarios, así que no sólo ellos podrán rentar los canales a terceros sino cualquiera que tenga una concesión. Se equivocan de punta a punta los que creen que sólo hay dos concesionarios de televisión abierta en todo el país.
Déjà vu
La posición que tiene como frente a Levy y los grupos de interés que representa es muy similar al escándalo que hicieron cuando los canales de televisión abierta comenzaron a utilizar las señales de alta definición.
Seguramente recuerda que “inventaron” que tendrían que devolver el canal analógico u otras aberraciones similares. Atrás de este asunto también estuvieron Mony Sacha, Juan Molinar Horcasitas y los frívolos del periodismo quienes creen que el público es tonto y sólo consume cabezas tan atractivas como falsas.
El asunto, como se recordará, llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde las televisoras demostraron jurídicamente y fuera de cualquier duda que no habían violado sus títulos de concesión o cualquiera de las faramalladas que se le ocurrió a este grupo que superchairos de las telecomunicaciones.
Lo verdaderamente relevante de la multiprogramación es la posibilidad de ampliar la gama de contenidos a favor de los usuarios, puesto que de cada canal podrán derivarse otros tres.
El IFT no renuncia a su capacidad regulatoria, puesto que los concesionarios deberán solicitarles autorización y en cualquier momento podrán cobrar una contraprestación sobre servicios adicionales a los de radiodifusión.
La determinación del pleno del IFT tiene como principal objetivo aumentar las salidas para los generadores de contenidos, lo que permitirá a los usuarios tener acceso a contenidos diferenciados, lo que sin lugar a dudas contribuye a una mejor democracia, entretenimiento, educación y diversión.
Ficrea
De los que dicen haber sido defraudaos por Ficrea, muchos se mantienen como presuntos ahorradores porque no han podido demostrar que lo son, ya que no se han registrado ante el seguro de depósito ni ante la intervención gerencial de esta sociedad financiera popular.
En el Congreso de la Unión se instaló el martes una comisión bicameral en la cual se dará seguimiento al caso. Si los defraudados esperan que se utilicen fondos públicos para devolverles sus recursos están muy equivocados, pues el tema ni siquiera está en la mente de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.
Lo que se podrá hacer desde el Congreso es dar seguimiento al buen trabajo que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jaime González Aguadé, y de la intervención gerencial.
Destaca el trabajo que ha realizado Nacional Financiera para garantizar que existan los activos que dicen tenerse para resarcir, en la medida de lo posible, todo aquello que supere las 25,000 UDIS; de hecho, algunos ya han recibido el monto de su inversión. Más de la mitad de los ahorradores están cubiertos en por lo menos 80% por el seguro de depósito, así que la recuperación de los fondos para estos grupos será adecuada.
Los legisladores deberán usar esta mesa para analizar nuevas formas regulatorias para garantizar que los diferentes intermediarios financieros cumplan con la función para la que fueron creados y no como una vía para operaciones francamente dudosas.
Por otra parte, deberán dar seguimiento a la persecución legal que se hace de Rafael Olvera y sus cómplices, a tal modo de lograr no sólo una mayor recuperación sino que cumplan ante la justicia.
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