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Como el Reino Unido coopera con la represión a disidentes en Arabia Saudí
El
Reino Unido ha aprobado la venta al régimen saudí de aparatos dirigidos
a espiar a los ciudadanos, incluyendo a los opositores, en medio de una
serie de críticas en el Reino Unido a las ventas de armas y equipos de
seguridad al reino wahabí, que lleva a cabo constantes violaciones de
los derechos humanos.
El pasado miércoles, el diario The Independent mencionó a Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos como algunos de los destinatarios de estos equipos de espionaje británicos.
El informe señala que los equipos incluyen detectores que sirven para espiar los teléfonos móviles y los mensajes enviados y las llamadas realizadas a través de ellos y para identificar a sus propietarios, así como sistemas de control de IP para controlar todas las comunicaciones por Internet de un país.
“Este tipo de tecnología de vigilancia permitirá a uno de los más autoritarios regímenes del mundo llevar a cabo una vigilancia masiva y menos aparente contra la población y obtener un acceso ilimitado a las comunicaciones de cualquier persona”, señaló Edin Omanovic, miembro de Privacy International, una ONG británica.
“Esta tecnología de la vigilancia puede ser utilizada para reprimir a los disidentes mediante la vigilancia a activistas, periodistas y grupos de oposición y permitirá al aparato de seguridad identificar y detener a individuos y llevar a cabo serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas”, añadió.
Las ventas de dispositivos de espionaje y seguridad es llevada a cabo también en un momento en el que las Naciones Unidas han denunciando los crímenes de guerra llevados a cabo por el régimen saudí en Yemen, donde sus ataques aéreos han causado la muerte de 8.300 personas, en su gran mayoría civiles.
Toda esta cooperación se enmarca en un pacto de seguridad firmado entre los dos países y que Londres ha tratado de mantener en secreto.
La ministra del Interior británica, Theresa May, ha dado su acuerdo a un “protocolo de entendimiento” concluido con su homólogo saudí, el príncipe Mohammad bin Nayef, durante una visita de la primera a Riad el pasado año. El ministerio británico no dio ningún detalle sobre su viaje en aquella época ni realizó ningún anuncio con respecto a la ratificación del acuerdo. La única referencia al mismo fue hecha en un informe del Ministerio de Exteriores, que hizo alusión a un acuerdo para “modernizar el Ministerio del Interior saudí”.
Los grupos de defensa de los derechos humanos británicos han denunciado la naturaleza secreta del acuerdo, concluido con un régimen que ha sido condenado en numerosas ocasiones por no respetar los derechos humanos. En febrero, el reino saudí aprobó una nueva ley antiterrorista que definía el terrorismo como “actos y palabras” considerados “perturbadores” por las autoridades o que “desestabilizaran la seguridad de la sociedad”. En marzo, una serie de decretos saudíes incluyeron dentro de este delito otros hechos como “el contacto con todo grupo o persona opuesta al reino” o la organización de protestas o manifestaciones que “perturben la unidad nacional”.
El Ministerio del Interior saudí es también responsable de decapitaciones contra reos (157 el pasado año), incluyendo la amenaza que pesa sobre el joven Ali Mohammed Baqir al Nimr, que podría ser decapitado y crucificado por participar en manifestaciones antigubernamentales y por haber atacado supuestamente a las fuerzas de policía cuando tenía 17 años. Los contactos de Ali afirman que éste ha sido torturado durante su detención.
Los demócratas liberales y los laboristas británicos han pedido a May que proporcione al Parlamento los detalles del pacto y han expresado su inquietud con respecto al hecho de que tal acuerdo haya sido suscrito de espaldas al público. Para el dirigente de los demócratas liberales, “los acuerdos con países como Arabia Saudí no deberían ser realizados en secreto”. Él dijo además que era hora de “arrojar luz sobre la parte oscura de la relación del Reino Unido con Arabia Saudí”.
El pasado miércoles, el diario The Independent mencionó a Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos como algunos de los destinatarios de estos equipos de espionaje británicos.
El informe señala que los equipos incluyen detectores que sirven para espiar los teléfonos móviles y los mensajes enviados y las llamadas realizadas a través de ellos y para identificar a sus propietarios, así como sistemas de control de IP para controlar todas las comunicaciones por Internet de un país.
“Este tipo de tecnología de vigilancia permitirá a uno de los más autoritarios regímenes del mundo llevar a cabo una vigilancia masiva y menos aparente contra la población y obtener un acceso ilimitado a las comunicaciones de cualquier persona”, señaló Edin Omanovic, miembro de Privacy International, una ONG británica.
“Esta tecnología de la vigilancia puede ser utilizada para reprimir a los disidentes mediante la vigilancia a activistas, periodistas y grupos de oposición y permitirá al aparato de seguridad identificar y detener a individuos y llevar a cabo serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas”, añadió.
Las ventas de dispositivos de espionaje y seguridad es llevada a cabo también en un momento en el que las Naciones Unidas han denunciando los crímenes de guerra llevados a cabo por el régimen saudí en Yemen, donde sus ataques aéreos han causado la muerte de 8.300 personas, en su gran mayoría civiles.
Toda esta cooperación se enmarca en un pacto de seguridad firmado entre los dos países y que Londres ha tratado de mantener en secreto.
La ministra del Interior británica, Theresa May, ha dado su acuerdo a un “protocolo de entendimiento” concluido con su homólogo saudí, el príncipe Mohammad bin Nayef, durante una visita de la primera a Riad el pasado año. El ministerio británico no dio ningún detalle sobre su viaje en aquella época ni realizó ningún anuncio con respecto a la ratificación del acuerdo. La única referencia al mismo fue hecha en un informe del Ministerio de Exteriores, que hizo alusión a un acuerdo para “modernizar el Ministerio del Interior saudí”.
Los grupos de defensa de los derechos humanos británicos han denunciado la naturaleza secreta del acuerdo, concluido con un régimen que ha sido condenado en numerosas ocasiones por no respetar los derechos humanos. En febrero, el reino saudí aprobó una nueva ley antiterrorista que definía el terrorismo como “actos y palabras” considerados “perturbadores” por las autoridades o que “desestabilizaran la seguridad de la sociedad”. En marzo, una serie de decretos saudíes incluyeron dentro de este delito otros hechos como “el contacto con todo grupo o persona opuesta al reino” o la organización de protestas o manifestaciones que “perturben la unidad nacional”.
El Ministerio del Interior saudí es también responsable de decapitaciones contra reos (157 el pasado año), incluyendo la amenaza que pesa sobre el joven Ali Mohammed Baqir al Nimr, que podría ser decapitado y crucificado por participar en manifestaciones antigubernamentales y por haber atacado supuestamente a las fuerzas de policía cuando tenía 17 años. Los contactos de Ali afirman que éste ha sido torturado durante su detención.
Los demócratas liberales y los laboristas británicos han pedido a May que proporcione al Parlamento los detalles del pacto y han expresado su inquietud con respecto al hecho de que tal acuerdo haya sido suscrito de espaldas al público. Para el dirigente de los demócratas liberales, “los acuerdos con países como Arabia Saudí no deberían ser realizados en secreto”. Él dijo además que era hora de “arrojar luz sobre la parte oscura de la relación del Reino Unido con Arabia Saudí”.
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