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Libertad para Milagro Sala y repudio a las políticas regresivas del presidente argentino Mauricio Macri en Derechos Humanos

 

 

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Al Presidente de la República Argentina, D. Mauricio Macri
Los abajo firmantes, organizaciones y ciudadanos y ciudadanas de distintos países del mundo, parlamentarios, cargos electos, dirigentes políticos, sociales y sindicales, queremos hacer llegar al Presidente de la Nación Argentina, D. Mauricio Macri, nuestra preocupación y consternación por la detención de Milagro Sala - diputada del Mercosur y reconocida dirigente de la organización TUPAC AMARU - y nuestra exigencia, compartida con cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina y de distintos lugares del mundo, de que recupere la libertad de forma inmediata.
La parlamentaria Milagro Sala fue detenida en su casa como consecuencia de una denuncia interpuesta por el Gobierno de la provincia de Jujuy, acusada de instigación a cometer delitos y tumultos. La realidad es que no hacía más que ejercer, junto a otros miles de personas que llevan concentradas y acampadas hace más de un mes en una plaza pública frente al edificio de la Gobernación, sus derechos a las libertades de expresión, reunión, manifestación y petición. Los ejercitaban en desacuerdo y queja con medidas implementadas por el Gobernador que atentan gravemente contra los derechos de los trabajadores y de los movimientos sociales. Su detención es una demostración de intolerancia y de criminalización de la protesta social pacífica.
Esta grave decisión se suma a otras medidas regresivas que está adoptando el actual Gobierno argentino en distintos ámbitos y, particularmente, en las destinadas a revertir los notables logros alcanzados en la promoción y protección de los derechos humanos, que tanto respeto y reconocimiento le han granjeado internacionalmente al pueblo argentino:
 Desmantelamiento de organismos vinculados a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y despido masivo de trabajadores.
Desde el 10 de diciembre el nuevo gobierno está desarmando numerosas dependencias y despidiendo a muchos trabajadores públicos abocados a la materialización de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Han sido despedidas hasta ahora cientos de personas en distintos lugares del país y en diferentes organismos, entre otros, Programa Verdad y Justicia, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa", Dirección de Gestión de Información del Archivo Nacional de la Memoria, Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, diversos ex centros clandestinos de detención, etc.
 Reunión del recientemente designado Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, con integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que reivindica la actuación de militares y fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado y el enjuiciamiento de militantes populares y de organizaciones armadas que sobrevivieron al terrorismo de Estado, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el 14 de enero.
La reunión referida, realizada en uno de los lugares más simbólicos del Terrorismo de Estado, generó un amplio repudio por parte de los organismos de Derechos Humanos, como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S., entre otros. El citado Celtyv reivindica la “teoría de los dos demonios” y se refiere a las víctimas del terrorismo de Estado como “terroristas subversivos”. Su presencia en el que fuera centro de detención, tortura y exterminio de la Marina es un agravio intolerable para la memoria de los desaparecidos y el conjunto de la sociedad argentina.
 Remoción del presidente del Archivo Nacional de la Memoria y designación unilateral e inconsulta de uno nuevo.
El Archivo Nacional de la Memoria reúne la mayor documentación existente en el país sobre la vida de los militantes populares, las víctimas del genocidio y la lucha que sostuvieron los organismos de derechos humanos contra el terrorismo de Estado. Su fondo documental tiene, entre otros importantes fines, el de ser una relevante fuente de información para todos los juicios que por crímenes contra la humanidad se celebran a lo largo de la República Argentina. Está situado en uno de los edificios del que fuera el ex centro clandestino de detención Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El organismo estaba presidido por el nieto restituido Horacio Pietragalla Corti con mandato desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 6 de diciembre de 2019. Fue designado por el gobierno anterior con el consejo y consenso de diversos organismos de derechos humanos. El día 20 de enero de 2016 el actual gobierno, sin consulta alguna, dictó un decreto, de remoción del presidente y nombramiento en su lugar de Gustavo Peters Castro, en cuyos considerandos se expresa “…la designación responde únicamente a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional resultando por lo tanto un cargo de conducción política que debe adecuarse a los lineamientos fijados por aquél.”
Por todo ello exigimos del Gobierno y de las autoridades competentes de la República Argentina:
  La inmediata libertad de Milagro Sala.
  La reincorporación de todas las personas despedidas en los distintos organismos y dependencias relacionadas con los programas de Memoria, Verdad y Justicia.
  La continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas destinadas al recuerdo permanente del genocidio cometido contra el pueblo argentino y de los juicios contra sus responsables.
  La designación del presidente del Archivo Nacional de la Memoria con el acuerdo y consenso de los organismos argentinos de derechos humanos.
  El mantenimiento y profundización de los logros obtenidos por la sociedad argentina en el fomento y protección de los derechos humanos.