¿De dónde salen los flamantes todoterreno que circulan en caravana por senderos polvorientos en los vídeos del Estado islámico? ¿Quién les facilita los fusiles y ametralladoras que enarbolan? ¿Cómo obtienen los impolutos uniformes? ¿Quién se los suministra y cómo los pagan?
El pasado 15 de marzo la policía incautó un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz) y dos más en el de Valencia. El primero contenía ropa de segunda mano, como se había declarado a aduanas, pero en los dos últimos había una máquina de embalar y, ocultos bajo montones de ropa usada, cinco toneladas de fardos, perfectamente empaquetados y marcados, con unos 20.000 uniformes militares sin estrenar: suficientes para equipar a todo un ejército.
Los envíos se hacían por barco a Turquía y luego por carretera a Siria
La empresa Tigre Negro S. L. , de exportación textil, era la tapadera
El contenedor con cinco toneladas de ropa militar venía de Arabia Saudí
Termanini no ocultaba de qué lado estaba: en Facebook colgó fotografías suyas con armas automáticas en el paso de Bad al Hawa y en la ciudad siria de Idlib, bajo control de Al Nusra. Las escuchas telefónicas revelaron cómo, al igual que muchos yihadistas, había mudado de lealtades, pasando de trabajar para la filial siria de Al Qaeda a servir al autodenominado Califato. En el registro se le incautó una pistola de calibre 22 Long Rifle, obviamente ilegal.
El financiero de las operaciones de Termanini era, supuestamente, Mohamed Abu El Rub Karima, nacido en Jordania en 1960 y vecino de Ontinyent. En su nave del polígono industrial de L' Altet se hallaron uniformes como los incautados luego en el contenedor de Valencia. Para recaudar fondos y efectuar pagos, recurría a la hawala, el sistema tradicional musulmán basado en la confianza que permite mover dinero entre distintos países sin dejar el rastro de las transferencias bancarias.
El ideólogo del grupo era supuestamente Nourdine Chikar Allal, empresario marroquí residente en Muro d’Alcoi y presidente de la mezquita de Cocentaina quien se encargaba, gracias a sus contactos en Turquía, de despejar los obstáculos con los que tropezaban los envíos hasta llegar a su destino final.
Como en muchas otras ocasiones, alguno de los implicados es un viejo conocido de los servicios de información españoles: Hitham Sakka Al-Kasim, nacido en Homs (Siria) y detenido en Ceuta, fue investigado por la Audiencia Nacional en relación con los grupos vinculados al 11-S; mientras que su hermano lo fue por los atentados del 11-M.
Otros dos detenidos, un marroquí y un sirio, eran los empleados de confianza de Termanini en Tigre Negro, pero entre los presuntos implicados hay también un español: Simón Richart Lucas, nacido en Muro d'Alcoi y residente en L'Alqueria. No se trataría de un converso ni de un fanático yihadista, sino de un empresario escaso de escrúpulos dispuesto a no hacer ascos a ningún negocio, según quienes le conocen.
La red no solo enviaba uniformes al Estado Islámico, sino que gestionaba cualquier clase de pedido. Por ejemplo, un tipo de fertilizante que no se vende en España y sirve para producir explosivos que Termanini habría encargado adquirir a Hitham.
La madeja de la trama de apoyo al Estado Islámico es muy compleja y tiene ramificaciones en múltiples países. Los investigadores sólo empiezan a desentrañarla ahora, pero están seguros de que —como sucedió con ETA en su día— para vencerlo no basta con detener a los combatientes: hay que cortar su financiación, cegar las vías de aprovisionamiento logístico.
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