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Guerrero convertido en barbarie, “es triste y peligroso vivir en este lugar”: esposa de activista asesinado
Redacción Revolución
Guerrero convertido en barbarie, “es triste y peligroso vivir en este lugar”: esposa de activista asesinado
(12
de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “Guerrero está convertido en
la barbarie, es triste, estresante y peligroso vivir en este lugar”,
afirma a Revolución TRESPUNTOCERO Sofía Lorena
Mendoza, actual dirigente de la Unión Campesina “Emiliano Zapata”, viuda
del activista Arturo Hernández Cardona, quien a tres años de su
levantamiento y ejecución extrajudicial sigue siendo un crimen sin
justicia, según se ha denunciado.
En 2011 un bloque de organizaciones sociales en Iguala que realizaban gestiones, se conformó para dar paso a la Unión Popular, e iniciaron actividades presentándose ante el presidente municipal, en ese momento José Luis Abarca, para solicitarle atendiera las distintas problemáticas de los diversos sectores de la población. Sin embargo, a decir por Mendoza, el funcionario “tardó mucho tiempo en prestarles atención, aproximadamente seis meses, y cuando lo hizo no les dieron las respuestas o posibles soluciones a sus peticiones”.
Lo que dio paso a las protestas constantes en contra de Abarca, quien al ejercer presión de manera frecuente por parte de la organización, a decir por algunos miembros, comenzaron a sentirse acosados, hostigados y perseguidos. “En marzo de 2013, se perpetró la muerte violenta del síndico de Iguala, e inmediatamente comenzaron a culpar a los integrantes de la Unión Popular, lo cual era absurdo porque ni siquiera tenían pruebas y solamente lo atribuyeron porque se manifestaban y se dedicaban a la gestión”, asegura Mendoza.
Semanas después al no poder inculpar a ninguno de los integrantes, las gestiones continuaron y las negativas por parte del presidente municipal también. “En una audiencia pública, Arturo mi esposo fue amenazado por la esposa de Abarca, aunque ella era directora del DIF municipal y no tenían nada que ver en ese momento en esa reunión, porque solamente le correspondía hablar a los integrantes del cabildo, también se expresó de manera agresiva”, asevera Mendoza.
Para mayo de 2013, los dirigentes de organización se sentían amenazados y acosados con mayor frecuencia. Por lo que el 29 de ese mismo mes, antes de una reunión con el presidente municipal, el grupo presentó una denuncia por amenazas y por hostigamiento en contra de José Luis Abarca y su esposa, además del director de la policía municipal, Felipe Flores, la cual tenían que ratificar el 31 de ese mismo mes.
Al termino de la reunión aquel 29, debido a que no llegaron a acuerdos concretos que beneficiaran a los integrantes de la organización, “el ambiente fue intenso, bastante ríspido, al parecer hubieron palabras fuertes y posiblemente amenazas, en algunas ocasiones ya ni siquiera lo quiero recordar, porque al ver que el Estado no ha hecho nada, entonces qué me queda mí, si no hay solución a lo que te estamos pidiendo.
Aquella tarde, después de encontrarse en un ambiente tenso, los representantes de Unión Popular advirtieron que se movilizarían y fue como cerraron una caseta de cobro de iguala, hubo un bloqueo de aproximadamente tres o cuatro horas, al terminar la actividad de ahí se los llevaron”, explica Mendoza.
Eran aproximadamente las cinco de la tarde cuando comenzó a retirarse la gente que se había dado cita para la acción de bloqueo, “fue un testigo quien presenció como a mi esposo, Arturo, y a otros siete integrantes más se los llevaron en una camioneta, de manera violenta, aunque la persona testificó vía acta notarial, pidió que no se le tomara más en cuenta porque también ha sido su vida difícil a raíz de los crímenes.
El 3 de julio volvieron a aparecer los cuerpos sin vida, entre ellos el de mi esposo. Presentó signos de violencia, es decir tortura, nos movilizamos y en aquel momento pedimos que el caso lo atrajera la PGR, siendo aún procurador Murillo Karam, aseguró que era un caso que le tocaba resolver al estado. Y pareciera que lo dejó en el olvido, sin embargo cuando pasó lo de Ayotzinapa, que fue poco tiempo después, no podía negar que no habían ya antecedentes de lo que pasaba en el cabildo y en lo que derivó la exigencia de resolución de gestiones, él ya sabía el caso de Unidad Popular en Guerrero”, afirma Mendoza.
En octubre de 2013 cuando la persona que presenció los hechos declaró ante una notaría pública en Distrito Federal, dicho documento no fue tomado en cuenta, puesto que invalidaron dicho testimonio, en marzo de 2014 lo hizo frente a las autoridades correspondientes en Guerrero, sin embargo el expediente quedó archivado y no se volvió a tocar, hasta que se perpetró la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Fue el 20 de octubre de 2014 cuando las autoridades retomaron el caso de Arturo Hernández, y fue utilizada para detener a José Luis Abarca, “pero fue usada como pretexto, porque en su momento, nosotros presentamos un juicio de revocación de mandato para que fuese investigado en el Congreso local, pero no hicieron caso, tuvo que pasar lo de los jóvenes para tocar el tema, cuando ya antes habían antecedentes, y se había solicitado que se separara del cargo precisamente por violaciones a derechos humanos”, comenta Sofía.
Quien dice que a tres años de los crímenes en contra de su esposo y los otros integrantes de la organización, nuevamente el caso volvió a quedar en “un rincón”; “lo más lamentable es que no podemos facilidad de movimiento, porque el caso se encuentra en Matamoros por lo que nosotros nada más hemos sido 4 o 5 veces, no podemos viajar constantemente. La explicación que nos da la PGR es que lo tienen ahí porque deben proteger el expediente, a las víctimas y al procesado en sus derechos, pero para nosotros no tiene sentido, en especial cuando no tenemos respuestas y el caso se encuentra estancado”, comenta la esposa de Arturo.
Otra problemática que ha hecho que la justicia para el caso no llegue, es que las autoridades no han motivado ningún mecanismo que permita que el acusado declare con respecto a dicha denuncia. “Este señor metió un amparo, eso le ha permitido que él no hable del tema, y por si solo no lo hará, a veces creemos que su acción es deliberada, para que nosotros nos cansemos y abandonemos la exigencia de esclarecimiento, porque esto podría llevarnos varios años más”, agrega Mendoza.
Ella en compañía de otros familiares ha realizado giras para dar a conocer su caso, con el apoyo de distintas Organizaciones No Gubernamentales, a otros países que incluyen Estados Unidos, en donde asevera han afirmado quienes escuchan su historia que “el Estado mexicano es un monstruo difícil de vencer en cuestión de derechos humanos”.
A su vez da cuenta que aun cuando organismos como la CIDH han presionado al gobierno para que acelere el proceso del caso y se pueda dar paso a la justicia, atendiendo la problemática con responsabilidad, esto no ha sido posible aún, derivado del desinterés de éste.
El reclamo al Gobierno Federal, por parte de las familias siempre ha sido que el caso nunca se haya tomado con la seriedad pertinente, puesto que en el expediente del caso Cardona, solamente se han revisado incidentes menores de la investigación. A su vez hoy, piden se reactiven las medidas cautelares a su favor, porque el temor se acrecienta cada vez más, por el alza de violencia que se padece en Iguala.
A esto se suma que aun cuando presentaron las pruebas, el ahora ex director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, no ha sido detenido, lo cual los pone en riesgo, a ella y su familia. “Nosotros hemos buscado justicia en todos lados y solamente con apoyo de las Gongs hemos avanzado, tan sólo un poco, lo único que buscamos es saber lo qué pasó realmente aquella tarde y porque sucedió. Aunque hoy hablo solamente de este caso, en Guerrero hay muchos más, que al igual que el nuestro parece no ver una pronta justicia”, sentencia Sofía.
En 2011 un bloque de organizaciones sociales en Iguala que realizaban gestiones, se conformó para dar paso a la Unión Popular, e iniciaron actividades presentándose ante el presidente municipal, en ese momento José Luis Abarca, para solicitarle atendiera las distintas problemáticas de los diversos sectores de la población. Sin embargo, a decir por Mendoza, el funcionario “tardó mucho tiempo en prestarles atención, aproximadamente seis meses, y cuando lo hizo no les dieron las respuestas o posibles soluciones a sus peticiones”.
Lo que dio paso a las protestas constantes en contra de Abarca, quien al ejercer presión de manera frecuente por parte de la organización, a decir por algunos miembros, comenzaron a sentirse acosados, hostigados y perseguidos. “En marzo de 2013, se perpetró la muerte violenta del síndico de Iguala, e inmediatamente comenzaron a culpar a los integrantes de la Unión Popular, lo cual era absurdo porque ni siquiera tenían pruebas y solamente lo atribuyeron porque se manifestaban y se dedicaban a la gestión”, asegura Mendoza.
Semanas después al no poder inculpar a ninguno de los integrantes, las gestiones continuaron y las negativas por parte del presidente municipal también. “En una audiencia pública, Arturo mi esposo fue amenazado por la esposa de Abarca, aunque ella era directora del DIF municipal y no tenían nada que ver en ese momento en esa reunión, porque solamente le correspondía hablar a los integrantes del cabildo, también se expresó de manera agresiva”, asevera Mendoza.
Para mayo de 2013, los dirigentes de organización se sentían amenazados y acosados con mayor frecuencia. Por lo que el 29 de ese mismo mes, antes de una reunión con el presidente municipal, el grupo presentó una denuncia por amenazas y por hostigamiento en contra de José Luis Abarca y su esposa, además del director de la policía municipal, Felipe Flores, la cual tenían que ratificar el 31 de ese mismo mes.
Al termino de la reunión aquel 29, debido a que no llegaron a acuerdos concretos que beneficiaran a los integrantes de la organización, “el ambiente fue intenso, bastante ríspido, al parecer hubieron palabras fuertes y posiblemente amenazas, en algunas ocasiones ya ni siquiera lo quiero recordar, porque al ver que el Estado no ha hecho nada, entonces qué me queda mí, si no hay solución a lo que te estamos pidiendo.
Aquella tarde, después de encontrarse en un ambiente tenso, los representantes de Unión Popular advirtieron que se movilizarían y fue como cerraron una caseta de cobro de iguala, hubo un bloqueo de aproximadamente tres o cuatro horas, al terminar la actividad de ahí se los llevaron”, explica Mendoza.
Eran aproximadamente las cinco de la tarde cuando comenzó a retirarse la gente que se había dado cita para la acción de bloqueo, “fue un testigo quien presenció como a mi esposo, Arturo, y a otros siete integrantes más se los llevaron en una camioneta, de manera violenta, aunque la persona testificó vía acta notarial, pidió que no se le tomara más en cuenta porque también ha sido su vida difícil a raíz de los crímenes.
El 3 de julio volvieron a aparecer los cuerpos sin vida, entre ellos el de mi esposo. Presentó signos de violencia, es decir tortura, nos movilizamos y en aquel momento pedimos que el caso lo atrajera la PGR, siendo aún procurador Murillo Karam, aseguró que era un caso que le tocaba resolver al estado. Y pareciera que lo dejó en el olvido, sin embargo cuando pasó lo de Ayotzinapa, que fue poco tiempo después, no podía negar que no habían ya antecedentes de lo que pasaba en el cabildo y en lo que derivó la exigencia de resolución de gestiones, él ya sabía el caso de Unidad Popular en Guerrero”, afirma Mendoza.
En octubre de 2013 cuando la persona que presenció los hechos declaró ante una notaría pública en Distrito Federal, dicho documento no fue tomado en cuenta, puesto que invalidaron dicho testimonio, en marzo de 2014 lo hizo frente a las autoridades correspondientes en Guerrero, sin embargo el expediente quedó archivado y no se volvió a tocar, hasta que se perpetró la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Fue el 20 de octubre de 2014 cuando las autoridades retomaron el caso de Arturo Hernández, y fue utilizada para detener a José Luis Abarca, “pero fue usada como pretexto, porque en su momento, nosotros presentamos un juicio de revocación de mandato para que fuese investigado en el Congreso local, pero no hicieron caso, tuvo que pasar lo de los jóvenes para tocar el tema, cuando ya antes habían antecedentes, y se había solicitado que se separara del cargo precisamente por violaciones a derechos humanos”, comenta Sofía.
Quien dice que a tres años de los crímenes en contra de su esposo y los otros integrantes de la organización, nuevamente el caso volvió a quedar en “un rincón”; “lo más lamentable es que no podemos facilidad de movimiento, porque el caso se encuentra en Matamoros por lo que nosotros nada más hemos sido 4 o 5 veces, no podemos viajar constantemente. La explicación que nos da la PGR es que lo tienen ahí porque deben proteger el expediente, a las víctimas y al procesado en sus derechos, pero para nosotros no tiene sentido, en especial cuando no tenemos respuestas y el caso se encuentra estancado”, comenta la esposa de Arturo.
Otra problemática que ha hecho que la justicia para el caso no llegue, es que las autoridades no han motivado ningún mecanismo que permita que el acusado declare con respecto a dicha denuncia. “Este señor metió un amparo, eso le ha permitido que él no hable del tema, y por si solo no lo hará, a veces creemos que su acción es deliberada, para que nosotros nos cansemos y abandonemos la exigencia de esclarecimiento, porque esto podría llevarnos varios años más”, agrega Mendoza.
Ella en compañía de otros familiares ha realizado giras para dar a conocer su caso, con el apoyo de distintas Organizaciones No Gubernamentales, a otros países que incluyen Estados Unidos, en donde asevera han afirmado quienes escuchan su historia que “el Estado mexicano es un monstruo difícil de vencer en cuestión de derechos humanos”.
A su vez da cuenta que aun cuando organismos como la CIDH han presionado al gobierno para que acelere el proceso del caso y se pueda dar paso a la justicia, atendiendo la problemática con responsabilidad, esto no ha sido posible aún, derivado del desinterés de éste.
El reclamo al Gobierno Federal, por parte de las familias siempre ha sido que el caso nunca se haya tomado con la seriedad pertinente, puesto que en el expediente del caso Cardona, solamente se han revisado incidentes menores de la investigación. A su vez hoy, piden se reactiven las medidas cautelares a su favor, porque el temor se acrecienta cada vez más, por el alza de violencia que se padece en Iguala.
A esto se suma que aun cuando presentaron las pruebas, el ahora ex director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, no ha sido detenido, lo cual los pone en riesgo, a ella y su familia. “Nosotros hemos buscado justicia en todos lados y solamente con apoyo de las Gongs hemos avanzado, tan sólo un poco, lo único que buscamos es saber lo qué pasó realmente aquella tarde y porque sucedió. Aunque hoy hablo solamente de este caso, en Guerrero hay muchos más, que al igual que el nuestro parece no ver una pronta justicia”, sentencia Sofía.
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