Colombia. Presupuesto General de la Nación, 2017: finanzas para la guerra
En Colombia, los gastos de las fuerzas militares y de policía, los
de carácter social (educación, salud, seguridad social), los servicios
públicos domiciliares (electricidad, agua, saneamiento básico, gas y
comunicaciones) y los ingresos salarios-corrupción que absorbe la
creciente burocracia estatal y la clase política, son los que registran
un mayor dinamismo en los últimos setenta años.
* Libardo Sarmiento Anzola. Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias. Integrante del Observatorio de derechos humanos en perspectiva crítica.
Es un presupuesto de guerra. Identidad y
tendencia sostenida del Presupuesto General de la Nación –PGN– durante
las administraciones Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018), lo que
permite concluir que el proceso de paz no pasa de ser un engatusamiento
al que han sometido al país la dupla Uribe-Santos. Su fin es el mismo:
el exterminio de la insurgencia y el abatimiento del pueblo trabajador.
Cambian las estrategias, la guerra abierta en el primero y el engaño en
el segundo. Reedición de la operación “jaque”, sin “mate” definitivo.
Propósito para el que no ahorran ni
existe regla fiscal. Colombia es el cuarto país de América que más
invierte en gasto militar (lo superan Estados Unidos, Canadá y Brasil),
según el reciente informe del Instituto Internacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo (1). En paralelo, el 21 de noviembre de 2016, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció acerca de la
violencia y los más recientes asesinatos de promotores de la paz en
zonas afectadas por el conflicto armado en nuestro país (75 homicidios,
del cual hacen parte líderes sociales, defensores de derechos humanos,
sindicalistas, miembros de la UP, campesinos y miembros de pueblos
étnicos, durante lo corrido del año). En el mensaje, la ONU subrayó que
estos lamentables hechos generan desconfianza en las negociaciones de
paz. El “baile rojo” se reanima, al ritmo de la extrema derecha
colombiana (2).
Prioridad para el gasto militar que no
cesa. Entre los años 2002-2017 la participación en el PGN de los gastos
para financiar la guerra aumentó de 15 a 18 por ciento. En el año 2016,
el presupuesto para el ejército y la policía sumó $28.745 miles de
millones; para 2017 el presupuesto asignado es de $ 29.471 miles de
millones, esto es, un crecimiento de 2,6 por ciento. En contraste, entre
2016-2017 el presupuesto del sector agropecuario descendió de $2.504
miles de millones a $2.096 miles de millones; esto es, una caída
relativa de 16,3 por ciento; además, recortaron de un sólo machetazo el
41 por ciento del presupuesto de inversión a la cartera del agro, a
pesar de los compromisos contraídos para el agro en los Acuerdos
alcanzados con las Farc. La oligarquía lo sabe por experiencia
histórica: la violencia es un buen negocio en Colombia, con
extraordinarios réditos electorales, económicos y patrimoniales.
Un gasto en creciente que desdice de las
reales intenciones de paz. Si el Estado redujera, sólo en el año 2017,
una cuarta parte del gasto destinado a la guerra quedarían disponibles
$7,4 billones de pesos; cifra equivalente a la que buscan recaudar con
la nueva reforma tributaria, tornándola innecesaria.
En complemento, la función de regulación
Estado-sociedad concentra también una alta proporción de las
apropiaciones que les permite, a la clase política y a la burocracia,
mantener los privilegios que le son negados al pueblo: 9,2 por ciento
del PGN en 2017. Para el año 2017, por ejemplo, el presupuesto asignado
para el Congreso de la República suma $528 mil millones; cifra que
indica, al ser dividida por los 268 congresistas que lo integran, que
cada uno le cuesta a la ciudadanía $1.970 millones al año. Un bolsillo
roto. Además, según la Procuraduría General de la Nación, por cuenta de
la corrupción pública –delito de cuello blanco– se pierden $20 billones
anuales durante la ejecución de los gastos del PGN.
Presupuesto de ingresos y ley de apropiaciones para 2017
Las mayorías, como aplanadora, lo
permiten todo. Eso lo saben los gobiernos de todos los colores. El
pasado 19 de octubre de 2016, como estaba proyectado, las plenarias del
Senado y de la Cámara de Representantes, aprobaron el PGN para la
vigencia fiscal 2017 “Presupuesto General de la Nación para la Nueva
Economía”, cuyo valor es de $224,4 billones de pesos, superior en 6,6
por ciento al de 2016, del cual destinan a la inversión pública un monto
de $35,9 billones (16%), al servicio de la deuda publica $51,5 billones
(23%) y al funcionamiento $137 billones (61%).
El PGN para la vigencia fiscal 2017
cuenta con tres fuentes de ingresos que le generan el 80 por ciento de
los recursos: i) impuestos de renta; ii) IVA; iii) recursos de capital
(endeudamiento público, principalmente). En consecuencia, la principal
fuente de ingresos de la Nación para el año 2017 está constituida por
los ingresos corrientes (53,2%), le sigue en importancia los recursos de
capital (31,2%). Las otras tres fuentes de recursos: parafiscales,
fondos especiales y establecimientos públicos, aportan el 15,6 por
ciento restante (gráfico 1).
A su vez, en su otra cara, el gasto del
PGN 2017 está concentrado en un 93,5 por ciento en el desempeño de
cuatro funciones sistémicas del Estado (gráfico 2): apalancamiento del
capital financiero (23%), regulación Estado-sociedad (9,2%),
represión-control ciudadano (17,6%) y formación-reproducción de la
fuerza de trabajo (43,7%).
Existe una asociación entre la clase
política hegemónica, aquella tecnocracia que controla el Estado y los
que poseen los medios de la actividad económica. El Estado ha dejado
libre la desbocada acumulación de capital mediante la financiarización
de la economía, la liberación de los mercados, la privatización de las
empresas públicas y la entrega de los servicios sociales y la
infraestructura a la voracidad de los negociantes de las necesidades
humanas. Entre 1947 y 2017, el apalancamiento de la acumulación de
capital por parte del Estado colombiano cayó de 32,3 por ciento del PGN a
tan sólo 6,2.
En contraste, los gastos dirigidos a la
formación y reproducción de la fuerza de trabajo registran un importante
crecimiento durante los últimos setenta años, al ritmo de la
urbanización, el aumento en los índices de pobreza, la concentración del
ingreso y la riqueza, la exclusión de sectores populares y la
modernización del sistema productivo. En 1947, eran poco significativos
los gastos destinados a la formación y reproducción de la fuerza de
trabajo (9.8%, en un país que por entonces exhibía elevados coeficientes
de analfabetismo, grave deterioro de la salud pública y no más de un 2
por ciento de la población con servicios de seguridad social). En 2017,
el PGN, llamado “Para la nueva Colombia”, de sus $224,4 billones destina
el 43,7 por ciento a la formación y reproducción de la fuerza de
trabajo (conformado principalmente por los gastos de educación, salud y
protección social: 57% de esta función estatal). En conjunto, conforman
un salario social asumido por el Estado ante la precariedad y los bajos
salarios que caracterizan al mercado de trabajo y los altos índices de
informalidad y exclusión laboral.
La distribución presupuestal no es una
relación circunstancial en el sistema colombiano de finanzas públicas,
sino una tendencia sostenida en la propia estructura política del
Estado. De allí que pueda constatarse en los últimos setenta años un
crecimiento en el servicio a la deuda pública (financiarización de la
economía: el capital especulativo domina al capital productivo y el
Estado pierde el control y regulación financiera y monetaria), en 1947
el Servicio de la deuda pública nacional representaba el 14,2 por ciento
del presupuesto de gastos de la nación y en 2017 éste genera un
desangre de 23 por ciento en las finanzas públicas.
Por último, la sostenibilidad ambiental
nunca ha preocupado a las clases dominantes y rentistas en Colombia: los
presupuestos asignados históricamente son insignificantes, al igual que
los destinados a las actividades de ciencia y tecnología.
Lo hasta aquí anotado permite reafirmar
que el Estado tiene como función principal mantener, reproducir y
defender el dominio y explotación de clases. La mayor parte de la
historia humana se caracteriza por el hecho que una pequeña minoría ha
dominado y explotado a la mayoría de sus semejantes. Para hacerlo, la
minoría ha utilizado la fuerza, pero ésta por sí sola no es suficiente.
La hacienda pública juega un rol determinante: de una parte, mediante la
tributación confiscatoria mantiene en la pobreza a la gran mayoría de
la clase trabajadora (en contubernio con los bajos salarios); de otra,
con subsidios que se orientan, con carácter asistencial y paternalista, a
la reproducción de la fuerza laboral y a la eterna dependencia
socio-política y cultural de los sectores populares, lo que en parte
explica su aceptación sumisa del dominio de la minoría.
Balance fiscal, 1994-2017
La demanda por bienes públicos tiende a
crecer de manera más acelerada que el ingreso o la producción de un
país. Esta relación positiva entre el crecimiento del PIB por persona y
la importancia relativa del sector público en el PIB se conoce como “Ley
de Wagner” (3). En Colombia, los gastos de las fuerzas militares y de
policía, los de carácter social (educación, salud, seguridad social),
los servicios públicos domiciliares (electricidad, agua, saneamiento
básico, gas y comunicaciones) y los ingresos salarios-corrupción que
absorbe la creciente burocracia estatal y la clase política, son los que
registran un mayor dinamismo en los últimos setenta años.
En el período postconstitucional
(1991-2017), los ingresos totales del Estado aumentaron de 10 a 15 por
ciento del PIB. Este crecimiento en la participación relativa del Estado
respecto a la riqueza generada en el país está altamente correlacionada
con los ingresos tributarios, dado que representan el 95 por ciento del
ingreso total del Gobierno Nacional Central –GNC- (Gráfico 3).
En esta constante, los tres impuestos
más importantes del país son: i) el aplicado a la renta y
complementarios (patrimonio, ganancias ocasionales y remesas); en el
período 1994-2016 crecieron de 3,6 a 4,6 por ciento del PIB (con la
implementación de la Reforma Tributaria Estructural –RTE– esperan que
alcance el 7% en 2017); ii) el impuesto al valor agregado (IVA) sobre
los bienes producidos y vendidos en el país; en 1994 tenían una
participación del 2,1 y en 2016 de 4,9 por ciento del PIB (con la RTE
aumentarán su importancia relativa a 4,9% del PIB); iii) los impuestos
sobre la actividad económica externa, relacionados con los aranceles
aduaneros, sobre importaciones de bienes y el IVA que se cobra sobre la
nacionalización de este tipo de mercancías; en 1994 representaban el 1,4
y en 2016 el 1,6 por ciento del PIB, presentando una alta inestabilidad
durante este período debido principalmente a las políticas de apertura
económica (para 2017 se espera que aumenten a 2,1% del PIB).
Finalmente, otros impuestos, como la
sobretasa a los combustibles, el gravamen a los movimientos financieros,
los ingresos no tributarios, fondos especiales y recursos de capital
crecieron entre 1994 y 2013 de 1,2 a 2,7 por ciento del PIB, en los años
siguientes cayeron perdiendo participación en el PIB hasta alcanzar tan
solo el 0,8 por ciento en 2016 y sin la esperanza que aumenten en 2017
(el desplome se debe principalmente a la caída en la contribución de los
hidrocarburos que registran una pérdida en los ingresos del GNC de 3,3%
del PIB entre 2013 y 2017).
De acuerdo a esta misma “Ley de Wagner”,
los gastos del Estado colombiano aumentan a un nivel más alto que los
ingresos. Durante el período postconstitucional aumentaron de 10,7 a 19
por ciento del PIB, y en 2017 debido al ajuste fiscal el Gobierno busca
bajarlos a 18,2 por ciento del PIB (Gráfico 4). Los impuestos son la
fuente de vida de la burocracia, el ejército, la policía y la clase
política; en conjunto absorben una alta proporción de los gastos de
funcionamiento para mantener activa la máquina de gobierno. Los gastos
de funcionamiento del Estado (incluidas las transferencias: sistema
general de participaciones y pensiones, entre otros) crecen de 8,1 a
13,9 por ciento entre 1994 y 2017.
De esta manera, la inversión pública
termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance
fiscal del GNC: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en
2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9
por ciento del PIB en 2016 (para 2017, la inversión del GNC cae a 1,1%
del PIB). Al considerar la totalidad del PGN, el presupuesto de
inversión registra una participación relativa de 4,3 por ciento del PIB
en 2016 y en 2017 cae a 4 por ciento.
El análisis de la estructura de la
hacienda pública, orientada hacia la sustentación de las clientelas de
partido en la expansión burocrática del Estado y financiada con ingresos
de la clase trabajadora, sirve para fijar las bases de una ley de
hierro de este sistema regresivo de finanzas públicas: la ley del
déficit crónico. Ley que se encuentra aplicada, inexorablemente, en la
hacienda pública de los siglos XIX-XX y en lo corrido del siglo XXI, no
obstante los profundos cambios en la estructura productiva, poblacional,
social y política del país.
En el siglo XIX, el déficit fiscal no
sólo se convirtió en una constante del presupuesto nacional, sino que
dio origen a un sistema de endeudamiento que tomaba más del 50 por
ciento del presupuesto en el servicio de la deuda pública. Este
principio deficitario de la hacienda pública se inició con las guerras
de independencia, financiadas con empréstitos ingleses, en condiciones
usurarias que rebasaron la capacidad de pago y los niveles productivos
de un débil e incipiente país. Tradicionalmente sólo han existido dos
técnicas para enfrentar este problema hereditario del déficit crónico de
una hacienda pública señorial: el endeudamiento público (con
empréstitos externos o deuda pública interna) o el recorte drástico del
gasto social y la inversión, generando desocupación y recargando la
solución del problema fiscal sobre los hombros de las clases más pobres.
Durante el período 1994-2017 el Servicio de la deuda pública nacional
crece de 1 a 3,2 por ciento del PIB.
Suma y resta. El balance fiscal del
Sector Público Consolidado (SPC) corresponde al resultado obtenido, sea
éste déficit o superávit, de la diferencia entre todos los ingresos que
registra el sector público, menos todos sus gastos. Durante el período
1994-1999 el déficit del GNC creció de 1 a 6,5 por ciento del PIB; en el
año 2013 había logrado disminuirse a 2,4 por ciento del PIB; vuelve a
aumentar y en 2016 alcanzó el déficit un valor relativo de 4 por ciento
del PIB (Gráfico 5). El PGN para la vigencia de 2017 deberá ser
consistente con la regla fiscal que exige una reducción del déficit del
gobierno nacional a 3,3 del PIB para 2017 (de acuerdo con los ingresos y
gastos proyectados, el déficit de estima en 3,4% del PIB, todo
dependiendo de la implementación y efectividad de la RTE).
Finalmente, el PGN 2017 no resuelve dos
grandes incertidumbres que ensombrecen el panorama: la recesión
económica (el crecimiento del PIB entre 2015-2016 cae de 3,1 a 2%) y la
grave caída en los ingresos públicos que dejan un hueco fiscal para 2017
por $33,6 billones ($26,4 billones por el menor ingreso petrolero y
$7,2 billones por los mayores intereses de la deuda pública). El
escenario indeseable es el más probable: de una parte, la reforma
tributaria no resuelve el problema estructural del déficit fiscal pero,
de otra, afecta negativamente los ingresos familiares de los
trabajadores y las utilidades del capital, agudizando la tendencia
recesiva de la actividades productivas al debilitar la demanda,
introducir mayor incertidumbre en los negocios y aumentar los índices de
pobreza, a la vez que convoca las temibles y oscuras fuerzas que
conducen a la crisis. Todo en medio de una guerra que retoma su
actividad destructiva ante los cantos de una lumpen oligarquía violenta,
inclemente y enceguecida por el odio y la avaricia.
1 Recuperado el 24/11/2016 de:
2 “El Baile Rojo” fue el nombre de la
operación con la cual la lumpen oligarquía, los políticos de extrema
derecha, el Ejército, la Policía y el DAS, aliados con el
paramilitarismo, emprendieron el exterminio del grupo de izquierda
“Unión Patriótica”. La Unión Patriótica, UP, fue un partido político de
izquierda que surgió de los diálogos de paz del gobierno de Belisario
Betancur (1982-1886) con la guerrilla de las Farc en 1985. Documental: https://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E
3 Esta ley, cuyo nombre deriva del
economista alemán Adolph Wagner, considera que el desarrollo económico
de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor
de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una
sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de
conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del
Estado en su solución; ii) la caracterización de los bienes y servicios
públicos como bienes superiores y elásticos, es decir que la
elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.
* Libardo Sarmiento Anzola. Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias. Integrante del Observatorio de derechos humanos en perspectiva crítica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario