sábado, 25 de marzo de 2017

¿Confianza inversionista o corrupción?

¿Confianza inversionista o corrupción?



La apertura económica le dio ese impulso que según los gobiernos necesita el país en inversión y desarrollo. Para que el país fuera viable, para la inversión extranjera se necesitaba invitar grandes monopolios a los cuales había que darles garantías para su desarrollo, entiéndase exenciones tributarias, mano de obra barata, cero compromisos con el cuidado del medio ambiente y nula seguridad a los trabajadores.
Estos elementos sin duda convertían al país en un lugar seguro para invertir, sin contar con la asesoría que políticos, empresarios y abogados hacen a estas empresas para garantizar las ganancias que esperan obtener, con un mínimo de inversión se han instalado, grandes conglomerados en el país, que no solo han venido destruyendo el medio ambiente, sino que han logrado sin mucho esfuerzo corromper las entidades del Estado, llegando hasta los gobiernos.
En Colombia la corrupción ha sido inherente al sistema político. Esta ha sido considerada como un mal necesario o un hecho propio de los políticos, quienes hacen como propio los dineros públicos, sin que ello les cause alguna vergüenza hacia sus electores o que estos mismos electores pierdan la confianza. Aunque, la poca participación en las urnas puede explicar en menor medida que los electores no confían en la clase política.
La clase política ha logrado armar un entramado de corrupción que permite que esto se convierta en un negocio lucrativo, donde existe una división del trabajo y que a la postre solo una parte de esta se descubra cuando existen casos realmente alarmantes por nombrar algunos ODEBRECHT, Reficar, donde el Estado no se había dado por enterado y solo se ha conocido parte de este modelo de corrupción a partir de lo que los gringos quieren entregar.
Es decir, el país está lejos de tomar medidas que lleven a desmontar la corrupción como ejercicio políticos, estos es imposible mientras sean los mismos que legislan a favor de los corruptos, los que cambian el articulito para seguir chupándole la teta al Estado o los que jamás se enteraron de los dineros que entraron en sus campañas.
Las sanciones que impone el Estado para las empresas que incurren en actos de corrupción nunca se conocen, sin olvidar que son estas mismas las que demandan por falta de cumplimiento con abogados muchos de los cuales han pertenecido a las entidades públicas, a las que ahora acusan y de las cuales esperan recibir jugosos honorarios.
En cuantos discurso se ha escuchado decir al gobierno de turno que las empresas que incurra en malas prácticas serán expulsadas del país y cuantas de ellas se han ido. Casos probados como Chiquita, Drummond, entre otras muchas más, demuestran que la corrupción hace parte del ordenamiento del territorio.
Casos como la cartelización de los productos de primera necesidad merecían que se tomaran medidas fuertes, para evitar que se sigan presentando casos como estos, valga la pena decir, hasta el momento salvo con unas sanciones pírricas ninguna de estas empresas salió del país ni cambio sus precios, todo siguió igual.
El debate frente a la corrupción no se ha dado y desde el gobierno involucrado en casos de corrupción se ha pretendido mostrar a la corrupción como un simple caso de algunos avivatos que se apoderan de un dinero que no les corresponde. Dineros que jamás vuelven a las arcas del Estados.
Esto por laxitud de la justicia permeada por la corrupción que tiene estratificado a los delincuentes, los que ya se caen por su propio peso, son enviados a sus casas de lujo adquiridas de formas ilícitas a pasar un tiempo de descanso mientras salen a disfrutar de sus bienes.
Pero el caso de la corrupción no puede verse como un simple delito de unos hampones, cuando el dinero del Estado se pierde se impide el desarrollo del país, la construcción de infraestructura, hospitales, escuelas, vías de acceso, viviendas, negando la posibilidad a una gran parte de la sociedad a tener acceso a los más elementales bienes públicos.
Pese a esto, la corrupción no solo está en los que se apropian de los bienes públicos, sino en todos aquellos que ejercen malas prácticas en las contrataciones, no le pagan el sueldo adecuado a los empleados, utilizan intermediación con el beneplácito del Estado, el cual les exonera de pagar sus obligaciones tributarias.
La corrupción es un delito que no va a desaparecer hasta cuando los colombianos tomen conciencia que la élite política no debe seguir gobernando y que el delito sea declarado de lesa humanidad por afectar a comunidades enteras casos como la Guajira o el Choco son alarmantes.
www.quimeran.blogspot.com

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