¿Confianza inversionista o corrupción?
La
apertura económica le dio ese impulso que según los gobiernos necesita
el país en inversión y desarrollo. Para que el país fuera viable, para
la inversión extranjera se necesitaba invitar grandes monopolios a los
cuales había que darles garantías para su desarrollo, entiéndase
exenciones tributarias, mano de obra barata, cero compromisos con el
cuidado del medio ambiente y nula seguridad a los trabajadores.
Estos
elementos sin duda convertían al país en un lugar seguro para invertir,
sin contar con la asesoría que políticos, empresarios y abogados hacen a
estas empresas para garantizar las ganancias que esperan obtener, con
un mínimo de inversión se han instalado, grandes conglomerados en el
país, que no solo han venido destruyendo el medio ambiente, sino que han
logrado sin mucho esfuerzo corromper las entidades del Estado, llegando
hasta los gobiernos.
En Colombia la
corrupción ha sido inherente al sistema político. Esta ha sido
considerada como un mal necesario o un hecho propio de los políticos,
quienes hacen como propio los dineros públicos, sin que ello les cause
alguna vergüenza hacia sus electores o que estos mismos electores
pierdan la confianza. Aunque, la poca participación en las urnas puede
explicar en menor medida que los electores no confían en la clase
política.
La clase política ha
logrado armar un entramado de corrupción que permite que esto se
convierta en un negocio lucrativo, donde existe una división del trabajo
y que a la postre solo una parte de esta se descubra cuando existen
casos realmente alarmantes por nombrar algunos ODEBRECHT, Reficar, donde
el Estado no se había dado por enterado y solo se ha conocido parte de
este modelo de corrupción a partir de lo que los gringos quieren
entregar.
Es decir, el país está
lejos de tomar medidas que lleven a desmontar la corrupción como
ejercicio políticos, estos es imposible mientras sean los mismos que
legislan a favor de los corruptos, los que cambian el articulito para
seguir chupándole la teta al Estado o los que jamás se enteraron de los
dineros que entraron en sus campañas.
Las
sanciones que impone el Estado para las empresas que incurren en actos
de corrupción nunca se conocen, sin olvidar que son estas mismas las que
demandan por falta de cumplimiento con abogados muchos de los cuales
han pertenecido a las entidades públicas, a las que ahora acusan y de
las cuales esperan recibir jugosos honorarios.
En
cuantos discurso se ha escuchado decir al gobierno de turno que las
empresas que incurra en malas prácticas serán expulsadas del país y
cuantas de ellas se han ido. Casos probados como Chiquita, Drummond,
entre otras muchas más, demuestran que la corrupción hace parte del
ordenamiento del territorio.
Casos
como la cartelización de los productos de primera necesidad merecían que
se tomaran medidas fuertes, para evitar que se sigan presentando casos
como estos, valga la pena decir, hasta el momento salvo con unas
sanciones pírricas ninguna de estas empresas salió del país ni cambio
sus precios, todo siguió igual.
El
debate frente a la corrupción no se ha dado y desde el gobierno
involucrado en casos de corrupción se ha pretendido mostrar a la
corrupción como un simple caso de algunos avivatos que se apoderan de un
dinero que no les corresponde. Dineros que jamás vuelven a las arcas
del Estados.
Esto por laxitud de la
justicia permeada por la corrupción que tiene estratificado a los
delincuentes, los que ya se caen por su propio peso, son enviados a sus
casas de lujo adquiridas de formas ilícitas a pasar un tiempo de
descanso mientras salen a disfrutar de sus bienes.
Pero
el caso de la corrupción no puede verse como un simple delito de unos
hampones, cuando el dinero del Estado se pierde se impide el desarrollo
del país, la construcción de infraestructura, hospitales, escuelas, vías
de acceso, viviendas, negando la posibilidad a una gran parte de la
sociedad a tener acceso a los más elementales bienes públicos.
Pese
a esto, la corrupción no solo está en los que se apropian de los bienes
públicos, sino en todos aquellos que ejercen malas prácticas en las
contrataciones, no le pagan el sueldo adecuado a los empleados, utilizan
intermediación con el beneplácito del Estado, el cual les exonera de
pagar sus obligaciones tributarias.
La
corrupción es un delito que no va a desaparecer hasta cuando los
colombianos tomen conciencia que la élite política no debe seguir
gobernando y que el delito sea declarado de lesa humanidad por afectar a
comunidades enteras casos como la Guajira o el Choco son alarmantes.
www.quimeran.blogspot.com
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