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El conejo a la paz y a las FARC-EP Kaos en la red
Tardo
casi 6 años, desde que el gobierno y las FARC, tomaran la decisión de
sentarse en la mesa de La Habana, para discutir y pactar la mejor manera
que diera fin al conflicto más largo de América.
Tardo
casi 6 años, desde que el gobierno y las FARC, tomaran la decisión de
sentarse en la mesa de La Habana, para discutir y pactar la mejor manera
que diera fin al conflicto más largo de América. Esta decisión quedo
plasmada en un Acuerdo para la terminación del conflicto, donde no solo
Santos (2010-2018) como presidente en ejercicio y Timoleón Jiménez,
máximo comandante FARC plasmaron su rúbrica, que los obligaba a cumplir
lo suscripto.
Pese a esto, Santos para quitarle mayor capacidad de decisión a la insurgencia, convocó a un plebiscito donde los colombianos, ratificarían o rechazarían si querían la paz o la guerra. Cuesta creer que en un país azotado por la violencia y el conflicto, se tenga que preguntar esto, o que algún colombiano del común vaya en contra de lo acordado, pero como en el país del sagrado corazón todo es posible paso, y los colombianos votaron por la continuidad de la guerra.
Estas razones llevaron por parte de las FARC a desmantelar el Acuerdo y darle participación directa a la extrema derecha, quienes se oponen a la paz, y son los verdaderos beneficiados de la guerra o sino como se explica la apropiación de baldíos por parte de uno de los grandes terratenientes que tiene el país, y que gobernó a sus anchas la finca que se llama Colombia, entendiendo, que uno de los grandes problemas es la tierra y la posesión que durante años han adquirido empresarios, políticos, multinacionales entre otros pillos, para ello ha sido necesario teñir de sangre el campo.
Dejar atrás este largo conflicto no debería encontrar dificultades, las FARC decidieron someterse al Estado y este a cumplir lo pactado. Sin olvidar que la paz reposa en el artículo 22 de la Carta Magna “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, lo que supone que se debe procurar por todos los medios darle cumplimiento.
Lo pactado debía pasar por la decisión de la Corte, quienes en un primer momento aceptaron la vía rápida (fast track acto legislativo 1 de 2016 que reduce el número de debates en el Congreso), con el fin de agilizar los tiempos, para tramitar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación y permitía votar en bloque. Temas como JEP, requería que se cumplieran los términos, pues muchos combatientes esperan la libertad, frente a la dejación de armas, como compromiso para poner a andar la locomotora de la paz, 180 días en el proceso de dejación de armas.
Pese a esto, los jueces de ejecución de penas han venido dilatando y las ZVTN, tampoco han cumplido con lo acordado. Es decir, solo en el conflicto existe desde hace un tiempo el silencio de los fusiles, en lo concerniente al gobierno parece que no existe la intensión de implementar lo acordado, su objetivo era desarmar la insurgencia, el nobel de paz y que la revistas internacionales lo reconozcan como uno de los hombres más influyentes en el mundo.
Es de suponer que pese a que el Congreso, debía abrirle las puertas al Acuerdo, este no podía ser modificado ni cambiado, no tendría sentido que el Congreso que ha seccionado ininterrumpidamente durante todo el conflicto y ha podido legislar a favor del país común y dejar sin argumentos políticos a la insurgencia con leyes que beneficien a ese país, no lo hizo. Por el contrario han estado prestos a aprobar leyes que intensifiquen el conflicto; como el presupuesto a las fuerzas armadas, la entrada de multinacionales, la intervención gringa, entre otros más.
La lógica común o la malicia indígena, hacen pensar que existen intereses que van a intentar torcerle el cuello al Acuerdo, modificando algunos o todos los apartes del texto, al acomodo y necesidades de los políticos empresarios de la guerra, para que finalmente sigamos como estamos. La guerra es el mejor negocio o sino como se explica que EEUU, sea la primera potencia mundial, su producto de exportación las armas, en otros países es el café, el petróleo, oro entre otros.
Pese, a que se tenía claro que el fin último era la paz, ahora la Corte Constitucional y luego de tener casi desarmadas a la insurgencia y ubicadas en zonas veredales; consideró que lo pactado no se ajusta a los preceptos de la Carta política, dando vía libre a que se haga trizas ese “maldito papel”. Es decir, el Congreso puede modificar, rechazar, cambiar, lo acordado. Lo que lleva a quebrar, no solo la columna vertebrar del Acuerdo, sino a que este ni siquiera sea implementado.
Con esta decisión la Corte dejó claro, que la preocupación no es que las FARC existan, sino que dejen de existir, las necesitamos para sustentar la corrupción, no transformar el campo, ni las políticas de desarrollo y hacer control demográfico por medio de la guerra.
Muy seguramente, la Corte con su decisión permite que se recicle el conflicto, los guerrilleros ya entendieron lo ineficiente que es el Estado, la poca confianza que genera, lo que los obliga a decidir su futuro, eso sin contar con la incertidumbre sobre su futuro que ahora tienen y lo farragoso que resulto negociar, podemos estar dando paso a otra guerra de inimaginables proporciones.
Finalmente Santos dejó ver que no es un hombre de palabra y le fue leal a Uribe, y su insaciable sed de sangre y de baldíos. Cuesta creer que la decisión de la Corte se tomó en derecho y no en interés político.
www.quimeran.blogspot.com
Pese a esto, Santos para quitarle mayor capacidad de decisión a la insurgencia, convocó a un plebiscito donde los colombianos, ratificarían o rechazarían si querían la paz o la guerra. Cuesta creer que en un país azotado por la violencia y el conflicto, se tenga que preguntar esto, o que algún colombiano del común vaya en contra de lo acordado, pero como en el país del sagrado corazón todo es posible paso, y los colombianos votaron por la continuidad de la guerra.
Estas razones llevaron por parte de las FARC a desmantelar el Acuerdo y darle participación directa a la extrema derecha, quienes se oponen a la paz, y son los verdaderos beneficiados de la guerra o sino como se explica la apropiación de baldíos por parte de uno de los grandes terratenientes que tiene el país, y que gobernó a sus anchas la finca que se llama Colombia, entendiendo, que uno de los grandes problemas es la tierra y la posesión que durante años han adquirido empresarios, políticos, multinacionales entre otros pillos, para ello ha sido necesario teñir de sangre el campo.
Dejar atrás este largo conflicto no debería encontrar dificultades, las FARC decidieron someterse al Estado y este a cumplir lo pactado. Sin olvidar que la paz reposa en el artículo 22 de la Carta Magna “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, lo que supone que se debe procurar por todos los medios darle cumplimiento.
Lo pactado debía pasar por la decisión de la Corte, quienes en un primer momento aceptaron la vía rápida (fast track acto legislativo 1 de 2016 que reduce el número de debates en el Congreso), con el fin de agilizar los tiempos, para tramitar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación y permitía votar en bloque. Temas como JEP, requería que se cumplieran los términos, pues muchos combatientes esperan la libertad, frente a la dejación de armas, como compromiso para poner a andar la locomotora de la paz, 180 días en el proceso de dejación de armas.
Pese a esto, los jueces de ejecución de penas han venido dilatando y las ZVTN, tampoco han cumplido con lo acordado. Es decir, solo en el conflicto existe desde hace un tiempo el silencio de los fusiles, en lo concerniente al gobierno parece que no existe la intensión de implementar lo acordado, su objetivo era desarmar la insurgencia, el nobel de paz y que la revistas internacionales lo reconozcan como uno de los hombres más influyentes en el mundo.
Es de suponer que pese a que el Congreso, debía abrirle las puertas al Acuerdo, este no podía ser modificado ni cambiado, no tendría sentido que el Congreso que ha seccionado ininterrumpidamente durante todo el conflicto y ha podido legislar a favor del país común y dejar sin argumentos políticos a la insurgencia con leyes que beneficien a ese país, no lo hizo. Por el contrario han estado prestos a aprobar leyes que intensifiquen el conflicto; como el presupuesto a las fuerzas armadas, la entrada de multinacionales, la intervención gringa, entre otros más.
La lógica común o la malicia indígena, hacen pensar que existen intereses que van a intentar torcerle el cuello al Acuerdo, modificando algunos o todos los apartes del texto, al acomodo y necesidades de los políticos empresarios de la guerra, para que finalmente sigamos como estamos. La guerra es el mejor negocio o sino como se explica que EEUU, sea la primera potencia mundial, su producto de exportación las armas, en otros países es el café, el petróleo, oro entre otros.
Pese, a que se tenía claro que el fin último era la paz, ahora la Corte Constitucional y luego de tener casi desarmadas a la insurgencia y ubicadas en zonas veredales; consideró que lo pactado no se ajusta a los preceptos de la Carta política, dando vía libre a que se haga trizas ese “maldito papel”. Es decir, el Congreso puede modificar, rechazar, cambiar, lo acordado. Lo que lleva a quebrar, no solo la columna vertebrar del Acuerdo, sino a que este ni siquiera sea implementado.
Con esta decisión la Corte dejó claro, que la preocupación no es que las FARC existan, sino que dejen de existir, las necesitamos para sustentar la corrupción, no transformar el campo, ni las políticas de desarrollo y hacer control demográfico por medio de la guerra.
Muy seguramente, la Corte con su decisión permite que se recicle el conflicto, los guerrilleros ya entendieron lo ineficiente que es el Estado, la poca confianza que genera, lo que los obliga a decidir su futuro, eso sin contar con la incertidumbre sobre su futuro que ahora tienen y lo farragoso que resulto negociar, podemos estar dando paso a otra guerra de inimaginables proporciones.
Finalmente Santos dejó ver que no es un hombre de palabra y le fue leal a Uribe, y su insaciable sed de sangre y de baldíos. Cuesta creer que la decisión de la Corte se tomó en derecho y no en interés político.
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