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La otra guerra. El Salvador, veinticinco años después del Acuerdo de Paz Kaos en la red
A
comienzos de 2017 se desarrollaron en El Salvador diversas actividades
en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la firma del Acuerdo
de Paz, el 16 de enero de 1992, entre el gobierno de aquella época y la
comandancia general de las fuerzas insurgentes. El conflicto había
durado doce años y se había saldado con la muerte de más de 70.000
combatientes de ambas partes y población civil y la desaparición de
alrededor de 13.000 personas. Sin embargo, el país está muy lejos de
tener una sociedad en paz.
A
la guerra civil le sucedió, casi inmediatamente, un fenómeno de
violencia creciente extendido en todo el territorio nacional que se ha
cobrado la vida de aproximadamente 100.000 personas a lo largo de estos
últimos 25 años. En la actualidad, analistas políticos, funcionariado
del gobierno, miembros del cuerpo diplomático, dirigentes políticos de
todas las corrientes ideológicas, líderes religiosos, asociaciones
empresariales, medios de comunicación y población en general,
identifican como principal problema nacional la situación de inseguridad
que se vive en todo el país.
Seis maras, inseguridad general
De esta situación se señala como principales responsables a seis pandillas: La MS 13, El Barrio 18 Revolucionarios, El Barrio 18 Sureños, La Máquina, La Mao- Mao y Mirada Locos 13. La MS 13 es también conocida como la Mara Salvatrucha y está incluida en la lista de organizaciones criminales transnacionales que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde también aparecen Al- Qaeda, los talibanes y los japoneses Yakuza, por ejemplo.
Las pandillas, cuyo número de miembros se estima en unos 70.000, de los cuales más de 15.000 se encuentran retenidos en centros penales y policiales, tienen presencia en todo el territorio nacional. Cuentan, según opiniones de personas conocedoras, incluso de funcionarios del actual gobierno, con una base social de apoyo de entre 250.000 y 400.000 personas.
Algunas de las claves que pueden dar pistas acerca del origen y naturaleza de este fenómeno social tan complejo y arraigado en la sociedad salvadoreña podrían ser las siguientes.
Violencia y ajustes estructurales
El modelo neoliberal se aplicó en El Salvador desde finales de los años 80 a partir de la ejecución de sucesivos “programas de ajuste estructural”, cuya esencia la constituyó la privatización de los principales activos del Estado. El fortalecimiento del mercado al servicio de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, con el correspondiente debilitamiento del Estado, agravó la exclusión económica y con ella se desataron al menos tres fenómenos sociales convertidos ahora en detonantes de la mayor crisis de nuestra historia.
En primer lugar, se multiplicó la migración. Miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas entendieron que, si bien ya no había guerra, el país seguía siendo invivible económica y socialmente, lo que motivó su peregrinaje hacia el exterior en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Además,
surgió un sector social nuevo: cientos de miles de personas que
perdieron sus empleos formales en el aparato estatal, la industria y
especialmente en la agricultura, se dedicaron al comercio informal y a
la llamada economía del “rebusque”, a la informalidad total. Dieron
lugar a una amplia capa social, compuesta por miles y miles de personas
sin ocupación identificable, dedicadas a realizar diferentes actividades
para poder sobrevivir. A todas estas personas se las llamó “los
descartables o desechables”.
En tercer lugar, surgió el fenómeno de las maras y pandillas. Una gran cantidad de jóvenes que no lograron emigrar y otros muchos expulsados de Estados Unidos por ser parte de las pandillas surgidas en esa nación, encontraron en los espacios que dejó el Estado salvadoreño, en el abandono de sus responsabilidades en el territorio, en su debilitamiento frente al mercado, un lugar donde realizarse y sobrevivir a través de actividades delictivas. Este fenómeno de las maras y pandillas rápidamente devino en la actual guerra social, a partir de sus propias disputas por el control de los territorios y de la decisión del gobierno de enfrentarlas militarmente.
Estos tres fenómenos nuevos han aparecido en la sociedad, precisamente, a partir del viejo y arraigado problema de la exclusión económica.
Las respuestas gubernamentales
Este fenómeno de violencia social generalizada ha ocupado la atención de los últimos cuatro gobiernos en diferentes momentos y formas. Ha tenido impacto en los gobiernos de los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ambos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Francisco Flores falleció el año pasado mientras guardaba arresto domiciliario acusado de apropiación indebida de fondos del Estado y lavado de dólares; Antonio Saca se encuentra actualmente recluido en el principal centro penitenciario bajo cargos similares y Mauricio Funes está asilado en Nicaragua acusado de enriquecimiento ilícito. Salvador Sánchez Cerén, quien fue vicepresidente del anterior, actualmente se encuentra en la medianía de su mandato de cinco años.
Tanto los ex presidentes Francisco Flores como Antonio Saca enfrentaron el fenómeno con un enfoque puramente policial, tratando de endurecer leyes y prácticas represivas policiales y militares con la llamada estrategia de “mano dura” del primero y de “super mano dura” del segundo. No hubo otro resultado visible que no fuera el de la sobresaturación de las cárceles y centros penitenciarios, llevándolos a un nivel de 325 por ciento de sobrepoblación (el sistema había sido construido para albergar 8.000 privados de libertad y para el año 2011 contaba con más de 27.000 y más de 3.000 hacinados en las bartolinas policiales) y el elevamiento de la cantidad de homicidios diarios, que ubicaron al país como el segundo más violento del mundo, con una tasa de 70 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, el ex presidente Mauricio Funes, ante el fracaso de sus antecesores, impulsó a inicios del año 2012 una nueva estrategia: la de propiciar condiciones para lograr una tregua en el enfrentamiento entre pandillas para posteriormente lograr la disminución del número de homicidios y finalmente la reinserción de los pandilleros en la vida “normal” de la sociedad y la desaparición de las mismas.
Este proceso alcanzó rápidamente mucha notoriedad y relevancia, incluso internacional, logrando la participación activa de personeros de iglesias, de miembros del gabinete de seguridad (ministro de Seguridad Pública y otros), de alcaldes (entre ellos el ex alcalde de la ciudad de Santa Tecla y ahora vicepresidente Oscar Ortiz) y de algún que otro ex guerrillero. También se logró la participación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza.
A mediados del mismo año 2012 se creó una instancia que hacía prever la posibilidad de que esa estrategia se consolidara. El Comité Técnico de Seguimiento integraba como representante de la OEA al embajador Adán Blackwell, a un reconocido empresario salvadoreño y a dos facilitadores: Monseñor Fabio Colindres y el ex guerrillero Raúl Mijango.
El logro más visible de esta estrategia fue la disminución de los homicidios a una cifra cercana a la mitad, de 4.371 registrados en el año 2011 (70 por cada 100.000 habitantes) pasó a 2.594 en 2012, primer año de la tregua (41/100.000) y a 2.499 en el 2013 (39/100.000).
El camino hacia atrás
Sin embargo, este proceso fue duramente cuestionado por la oposición política, algunos sectores empresariales y los medios masivos de comunicación, quienes, blandiendo la Constitución de la República, calificaron y denunciaron por ilegal e inconstitucional que el Gobierno estuviese apoyando un proceso de negociación que otorgaba algunas ventajas en cuanto a las condiciones de vida a los líderes de las pandillas en el sistema penitenciario, a cambio del compromiso de mantener bajas las cifras de homicidio.
En el fondo, el origen del malestar y de los ataques de la oposición hacia la tregua era electoral: el ex presidente Funes y su partido, el FMLN, estaban obteniendo alguna ventaja al mostrar como éxito su política, la reducción en el número de homicidios, en un año de campaña electoral presidencial.
No obstante, fue tan grande la fuerza de las críticas que el ex presidente y el funcionariado que participaron de esa iniciativa fueron poco a poco distanciándose y, finalmente, negando todo involucramiento en la misma. La tregua entre pandillas se fue diluyendo y rápidamente los homicidios comenzaron a incrementarse, pasando a 3.912 en el año 2014 a 6.657 en el 2015, año en el cual El Salvador se ubicó como el país más violento del mundo, con un porcentaje de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil.
En junio de 2014, pocos meses después de constituirse, el nuevo gobierno del FMLN terminó con los últimos vestigios que quedaban de aquella estrategia y a principios del año 2015 anunció públicamente su total rechazo a establecer diálogos con los liderazgos de las pandillas para propiciar una nueva tregua o darle continuidad a la anterior, asegurando que el único camino a utilizar era el del imperio de la ley y que las pandillas serían perseguidas y sometidas a la justicia.
Este se convirtió desde entonces en el discurso oficial. Su soporte político y social es el llamado Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que participan, a pedido del Gobierno, cerca de un centenar de personas provenientes de diversas organizaciones empresariales, políticas, religiosas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), universidades y, por supuesto, miembros del Gobierno, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Después de dos años de este anuncio gubernamental y de los respectivos aprestos policiales, militares, logísticos y carcelarios,así como del apoyo y aprobación de esta política por parte de todos los partidos políticos, la gran empresa privada y los medios de comunicación, se ha creado en la población un respaldo ampliamente mayoritario a favor de las acciones punitivas que actualmente se llevan a cabo en contra de las pandillas. Las principales acciones han sido las siguientes:
El Gobierno, por su parte, está mostrando los resultados de su política como muy positivos: el año pasado hubo una reducción de más de 1.300 homicidios en relación al año 2015 y, según cifras de la Policía Nacional Civil, la tendencia a la baja continúa. En enero de este año únicamente se registraron 256 homicidios, pasando de un promedio diario de hasta 20 homicidios por día en 2015 a “únicamente” nueve.
Esta política de enfrentamiento total, de aniquilamiento de los miembros de pandillas, ha sido bien acogida por los sectores económicos más poderosos, por los partidos políticos y por los medios de comunicación, que criticaron tan fuertemente la política del gobierno anterior.
En cuanto a los sectores populares, existe también una opinión favorable a la actuación del gobierno, lo cual es explicable por la grave situación de inseguridad y extorsión a que son sometidos en sus comunidades, en gran parte controladas por las pandillas, pero también por el intenso bombardeo a favor de esa política que se impulsa desde los grandes medios de comunicación.
El discurso de los principales partidos políticos, ARENA y FMLN, es abiertamente favorable a esa política. Sin embargo, han perdido credibilidad, pues es ampliamente conocido que varios de sus dirigentes, e incluso algunos ministros del actual Gobierno, han sostenido reuniones con líderes de pandillas, tratando de obtener ventajas y apoyos de las mismas, en especial, en períodos electorales.
Una paz que evite una guerra diferente
A esta visión optimista del Gobierno y otros sectores se contrapone la de otros, actualmente en minoría, representada por algunos líderes religiosos aglutinados por la denominada Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz, así como por otras personas que no pertenecen a ese agrupamiento, académicos e intelectuales e incluso miembros del cuerpo diplomático. Estas personas consideran que el camino asumido por el Gobierno es inviable y que además atenta contra los derechos humanos. Sostienen que la situación de violencia requiere un tratamiento de las causas que la han generado y reproducen, así como la apertura de espacios de diálogo que permitan construir otros caminos que no sean el de combatir la violencia con más violencia.
Es evidente que los líderes de pandillas han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a abrir espacios de diálogo con diversos sectores de la sociedad, e incluso han expresado su disposición a poner en la mesa de discusión la posibilidad del desmontaje de sus estructuras.
Los resultados expuestos como exitosos por el Gobierno podrían ser solo un espejismo que encubra el fin de la guerra entre pandillas (lo cual explicaría en parte la disminución de los homicidios), pero, a la vez, el escalamiento de la confrontación entre aquellas y las fuerzas del Estado. Por ahora no puede decirse que la nueva guerra esté terminando: podría ser que apenas se esté transformando.
Fidel Nieto es rector de la Universidad Luterana de El Salvador. Forma parte del consejo editorial de Pueblos – Revista de Información y Debate.
Artículo publicado en el nº73 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2017.
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Seis maras, inseguridad general
De esta situación se señala como principales responsables a seis pandillas: La MS 13, El Barrio 18 Revolucionarios, El Barrio 18 Sureños, La Máquina, La Mao- Mao y Mirada Locos 13. La MS 13 es también conocida como la Mara Salvatrucha y está incluida en la lista de organizaciones criminales transnacionales que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde también aparecen Al- Qaeda, los talibanes y los japoneses Yakuza, por ejemplo.
Las pandillas, cuyo número de miembros se estima en unos 70.000, de los cuales más de 15.000 se encuentran retenidos en centros penales y policiales, tienen presencia en todo el territorio nacional. Cuentan, según opiniones de personas conocedoras, incluso de funcionarios del actual gobierno, con una base social de apoyo de entre 250.000 y 400.000 personas.
Algunas de las claves que pueden dar pistas acerca del origen y naturaleza de este fenómeno social tan complejo y arraigado en la sociedad salvadoreña podrían ser las siguientes.
Violencia y ajustes estructurales
El modelo neoliberal se aplicó en El Salvador desde finales de los años 80 a partir de la ejecución de sucesivos “programas de ajuste estructural”, cuya esencia la constituyó la privatización de los principales activos del Estado. El fortalecimiento del mercado al servicio de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, con el correspondiente debilitamiento del Estado, agravó la exclusión económica y con ella se desataron al menos tres fenómenos sociales convertidos ahora en detonantes de la mayor crisis de nuestra historia.
En primer lugar, se multiplicó la migración. Miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas entendieron que, si bien ya no había guerra, el país seguía siendo invivible económica y socialmente, lo que motivó su peregrinaje hacia el exterior en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Además,
surgió un sector social nuevo: cientos de miles de personas que
perdieron sus empleos formales en el aparato estatal, la industria y
especialmente en la agricultura, se dedicaron al comercio informal y a
la llamada economía del “rebusque”, a la informalidad total. Dieron
lugar a una amplia capa social, compuesta por miles y miles de personas
sin ocupación identificable, dedicadas a realizar diferentes actividades
para poder sobrevivir. A todas estas personas se las llamó “los
descartables o desechables”.En tercer lugar, surgió el fenómeno de las maras y pandillas. Una gran cantidad de jóvenes que no lograron emigrar y otros muchos expulsados de Estados Unidos por ser parte de las pandillas surgidas en esa nación, encontraron en los espacios que dejó el Estado salvadoreño, en el abandono de sus responsabilidades en el territorio, en su debilitamiento frente al mercado, un lugar donde realizarse y sobrevivir a través de actividades delictivas. Este fenómeno de las maras y pandillas rápidamente devino en la actual guerra social, a partir de sus propias disputas por el control de los territorios y de la decisión del gobierno de enfrentarlas militarmente.
Estos tres fenómenos nuevos han aparecido en la sociedad, precisamente, a partir del viejo y arraigado problema de la exclusión económica.
Las respuestas gubernamentales
Este fenómeno de violencia social generalizada ha ocupado la atención de los últimos cuatro gobiernos en diferentes momentos y formas. Ha tenido impacto en los gobiernos de los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ambos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Francisco Flores falleció el año pasado mientras guardaba arresto domiciliario acusado de apropiación indebida de fondos del Estado y lavado de dólares; Antonio Saca se encuentra actualmente recluido en el principal centro penitenciario bajo cargos similares y Mauricio Funes está asilado en Nicaragua acusado de enriquecimiento ilícito. Salvador Sánchez Cerén, quien fue vicepresidente del anterior, actualmente se encuentra en la medianía de su mandato de cinco años.
Tanto los ex presidentes Francisco Flores como Antonio Saca enfrentaron el fenómeno con un enfoque puramente policial, tratando de endurecer leyes y prácticas represivas policiales y militares con la llamada estrategia de “mano dura” del primero y de “super mano dura” del segundo. No hubo otro resultado visible que no fuera el de la sobresaturación de las cárceles y centros penitenciarios, llevándolos a un nivel de 325 por ciento de sobrepoblación (el sistema había sido construido para albergar 8.000 privados de libertad y para el año 2011 contaba con más de 27.000 y más de 3.000 hacinados en las bartolinas policiales) y el elevamiento de la cantidad de homicidios diarios, que ubicaron al país como el segundo más violento del mundo, con una tasa de 70 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, el ex presidente Mauricio Funes, ante el fracaso de sus antecesores, impulsó a inicios del año 2012 una nueva estrategia: la de propiciar condiciones para lograr una tregua en el enfrentamiento entre pandillas para posteriormente lograr la disminución del número de homicidios y finalmente la reinserción de los pandilleros en la vida “normal” de la sociedad y la desaparición de las mismas.
Este proceso alcanzó rápidamente mucha notoriedad y relevancia, incluso internacional, logrando la participación activa de personeros de iglesias, de miembros del gabinete de seguridad (ministro de Seguridad Pública y otros), de alcaldes (entre ellos el ex alcalde de la ciudad de Santa Tecla y ahora vicepresidente Oscar Ortiz) y de algún que otro ex guerrillero. También se logró la participación del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza.
A mediados del mismo año 2012 se creó una instancia que hacía prever la posibilidad de que esa estrategia se consolidara. El Comité Técnico de Seguimiento integraba como representante de la OEA al embajador Adán Blackwell, a un reconocido empresario salvadoreño y a dos facilitadores: Monseñor Fabio Colindres y el ex guerrillero Raúl Mijango.
El logro más visible de esta estrategia fue la disminución de los homicidios a una cifra cercana a la mitad, de 4.371 registrados en el año 2011 (70 por cada 100.000 habitantes) pasó a 2.594 en 2012, primer año de la tregua (41/100.000) y a 2.499 en el 2013 (39/100.000).
El camino hacia atrás
Sin embargo, este proceso fue duramente cuestionado por la oposición política, algunos sectores empresariales y los medios masivos de comunicación, quienes, blandiendo la Constitución de la República, calificaron y denunciaron por ilegal e inconstitucional que el Gobierno estuviese apoyando un proceso de negociación que otorgaba algunas ventajas en cuanto a las condiciones de vida a los líderes de las pandillas en el sistema penitenciario, a cambio del compromiso de mantener bajas las cifras de homicidio.
En el fondo, el origen del malestar y de los ataques de la oposición hacia la tregua era electoral: el ex presidente Funes y su partido, el FMLN, estaban obteniendo alguna ventaja al mostrar como éxito su política, la reducción en el número de homicidios, en un año de campaña electoral presidencial.
No obstante, fue tan grande la fuerza de las críticas que el ex presidente y el funcionariado que participaron de esa iniciativa fueron poco a poco distanciándose y, finalmente, negando todo involucramiento en la misma. La tregua entre pandillas se fue diluyendo y rápidamente los homicidios comenzaron a incrementarse, pasando a 3.912 en el año 2014 a 6.657 en el 2015, año en el cual El Salvador se ubicó como el país más violento del mundo, con un porcentaje de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil.
En junio de 2014, pocos meses después de constituirse, el nuevo gobierno del FMLN terminó con los últimos vestigios que quedaban de aquella estrategia y a principios del año 2015 anunció públicamente su total rechazo a establecer diálogos con los liderazgos de las pandillas para propiciar una nueva tregua o darle continuidad a la anterior, asegurando que el único camino a utilizar era el del imperio de la ley y que las pandillas serían perseguidas y sometidas a la justicia.
Este se convirtió desde entonces en el discurso oficial. Su soporte político y social es el llamado Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que participan, a pedido del Gobierno, cerca de un centenar de personas provenientes de diversas organizaciones empresariales, políticas, religiosas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), universidades y, por supuesto, miembros del Gobierno, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Después de dos años de este anuncio gubernamental y de los respectivos aprestos policiales, militares, logísticos y carcelarios,así como del apoyo y aprobación de esta política por parte de todos los partidos políticos, la gran empresa privada y los medios de comunicación, se ha creado en la población un respaldo ampliamente mayoritario a favor de las acciones punitivas que actualmente se llevan a cabo en contra de las pandillas. Las principales acciones han sido las siguientes:
- La creación de unidades especiales de combate tanto de la policía como del ejército.
- La aprobación, por la Asamblea Legislativa, de nuevos impuestos para equipar al ejército y la policía.
- Un conjunto de medidas en su mayoría represivas con el nombre de “medidas especiales”.
- Garantizar en gran parte el aislamiento telefónico de los pandilleros retenidos en los centros penales.
El Gobierno, por su parte, está mostrando los resultados de su política como muy positivos: el año pasado hubo una reducción de más de 1.300 homicidios en relación al año 2015 y, según cifras de la Policía Nacional Civil, la tendencia a la baja continúa. En enero de este año únicamente se registraron 256 homicidios, pasando de un promedio diario de hasta 20 homicidios por día en 2015 a “únicamente” nueve.
Esta política de enfrentamiento total, de aniquilamiento de los miembros de pandillas, ha sido bien acogida por los sectores económicos más poderosos, por los partidos políticos y por los medios de comunicación, que criticaron tan fuertemente la política del gobierno anterior.
En cuanto a los sectores populares, existe también una opinión favorable a la actuación del gobierno, lo cual es explicable por la grave situación de inseguridad y extorsión a que son sometidos en sus comunidades, en gran parte controladas por las pandillas, pero también por el intenso bombardeo a favor de esa política que se impulsa desde los grandes medios de comunicación.
El discurso de los principales partidos políticos, ARENA y FMLN, es abiertamente favorable a esa política. Sin embargo, han perdido credibilidad, pues es ampliamente conocido que varios de sus dirigentes, e incluso algunos ministros del actual Gobierno, han sostenido reuniones con líderes de pandillas, tratando de obtener ventajas y apoyos de las mismas, en especial, en períodos electorales.
Una paz que evite una guerra diferente
A esta visión optimista del Gobierno y otros sectores se contrapone la de otros, actualmente en minoría, representada por algunos líderes religiosos aglutinados por la denominada Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz, así como por otras personas que no pertenecen a ese agrupamiento, académicos e intelectuales e incluso miembros del cuerpo diplomático. Estas personas consideran que el camino asumido por el Gobierno es inviable y que además atenta contra los derechos humanos. Sostienen que la situación de violencia requiere un tratamiento de las causas que la han generado y reproducen, así como la apertura de espacios de diálogo que permitan construir otros caminos que no sean el de combatir la violencia con más violencia.
Es evidente que los líderes de pandillas han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a abrir espacios de diálogo con diversos sectores de la sociedad, e incluso han expresado su disposición a poner en la mesa de discusión la posibilidad del desmontaje de sus estructuras.
Los resultados expuestos como exitosos por el Gobierno podrían ser solo un espejismo que encubra el fin de la guerra entre pandillas (lo cual explicaría en parte la disminución de los homicidios), pero, a la vez, el escalamiento de la confrontación entre aquellas y las fuerzas del Estado. Por ahora no puede decirse que la nueva guerra esté terminando: podría ser que apenas se esté transformando.
Fidel Nieto es rector de la Universidad Luterana de El Salvador. Forma parte del consejo editorial de Pueblos – Revista de Información y Debate.
Artículo publicado en el nº73 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2017.
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