por Raúl Zibechi, en Sputnik en castellano

La crisis política brasileña es un abismo sin fondo. Con el 3% de apoyo popular el gobierno de Michel Temer es un barco a la deriva, sin rumbo ni timonel. No cae porque se somete a las multinacionales y al agronegocio, y porque cualquiera que venga sería igual o peor. En ese clima político, los altos mandos militares empezaron a levantar la voz.
En pocas semanas tres generales hicieron declaraciones públicas a favor de la intervención de los militares para solucionar la crisis. La primera correspondió al general Hamilton Mourao, quien dijo en público que si las instituciones no son capaces de resolver la crisis política, “nosotros tendremos que imponer eso”.
El segundo fue el general en retiro Augusto Heleno, quien había sido comandante de las fuerzas brasileñas en Haití entre 2004 y 2005. El general respaldó a Mourao, advirtió que no debía ser sancionado por el Ministerio de Defensa y amenazó con “adelantar acciones” en caso de que eso sucediera.
La tercera declaración fue del comandante militar del Sur, la guarnición más poderosa, general Edson Leal Pujol, quien llamó a la población a salir a las calles contra la corrupción para exigir una intervención militar.
Diversos analistas brasileños afirman que los militares están moviendo sus fichas ante la posible destitución de Temer por corrupción. Algunos van más lejos y aseguran que se trata de bloquear un posible triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de 2018. En efecto, según las encuestas Lula es el preferido del electorado en todos los escenarios imaginables, aunque también cosecha mayor rechazo.
Un analista prudente como el ex canciller Celso Amorim, declaró recientemente que “en el actual escenario el factor militar tiene peso”. El hecho irrefutable es que los militares están opinando sobre la coyuntura política, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.
La segunda cuestión es que los militares están divididos. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, rechazó sancionar al general Mourao. Los militares que han hecho declaraciones a favor de un golpe contra la democracia no pertenecen al mismo sector de Villas Boas.
El 26 de setiembre el comandante del Ejército citó una reunión con oficiales generales activos y en reserva, en la que participaron tres ex comandantes y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010). Uno de los aspectos centrales fue “asegurar la cohesión, la jerarquía y la disciplina”, lo que indica que los tres aspectos están comprometidos en el seno de las fuerzas armadas.
El tercer elemento a tener en cuenta es el apoyo que los militares golpistas tienen de una parte considerable de la sociedad civil. El ex militar Jair Bolsonaro, con posiciones de ultraderecha, marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, con el 20% de las intenciones de voto. Bolsonaro tiene fluidas relaciones con el sector militar que encarna Mourao, quien a su vez es el referente de los civiles que apoyan una intervención militar.
En octubre de 2015 Mourao fue sancionado por la entonces presidenta Dilma Rousseff, por declaraciones similares a las realizadas semanas atrás. Era el responsable del Comando Militar del Sur y se lo castigó con el traslado a una tarea burocrática de economía y finanzas. A partir de ese momento fue el ícono de los manifestantes contra Dilma. Un enorme muñeco inflable de 12 metros de altura, simbolizaba a Mourao con una banda presidencial en el pecho. En marzo deberá pasar a la reserva y no son pocos los que proponen que sea candidato a la presidencia.
La cuarta cuestión radica en la importancia de las Fuerzas Armadas en la historia reciente de Brasil. Tuvieron una enorme influencia durante la extensa dictadura (1964-1985) y la perdieron completamente en la Constitución de 1988 que los relegó al control de las fronteras. Nunca perdieron el apetito de poder que hoy se manifiesta en la permanente intervención en asuntos relaciones con la seguridad pública.
Durante el mes de setiembre casi mil soldados intervinieron en la favela Rocinha, la más conocido y emblemática de Rio de Janeiro. La excusa como siempre fueron los enfrentamientos violentos entre grupos de narcotraficantes, pero la realidad indica que los militares están ensayando formas de control social, como trasladando a las favelas su experiencia en los barrios pobres de Haití, adquirida en su participación en la Misión de Pacificación de las Naciones Unidas (MINUSTAH).
La organización humanitaria Justicia Global, libró un comunicado en el que afirma: “Operaciones como ésta son fruto de una política genocida de guerra contra las drogas, que viola los derechos de los habitantes de las favelas y victimiza sobre todos a los jóvenes negros. La lógica real de la perpetuación de esta política, en tanto, tiene raíces mucho más profundas, que incluyen el lucrativo mercado ilegal de armas y drogas y la corrupción de los agentes del Estado”.
Los militares brasileños nunca renunciaron a dirigir el país, de manera directa o indirecta. Fueron muy críticos con el gobierno de Fernando de Henrique Cardoso (1996-2002), porque firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y privatizó empresas estatales estratégicas como la aeronáutica Embraer, al punto que muchos uniformados lo consideran como un “gobierno traidor”.
Bajo Lula los militares se vieron favorecidos (y las voces críticas neutralizadas) con la definición de la Estrategia Nacional de Defensa que comenzó la modernización del armamento y la construcción de los submarinos nucleares, hoy completamente paralizados.
Luego de la participación de Temer en la asamblea de Naciones Unidas, las voces contra el presidente crecieron de forma exponencial, ya que adhirió al “protocolo adicional” al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que impide todo desarrollo nuclear del país. Durante un tiempo, los militares más nacionalistas habían apoyado a Temer porque consiguió frenar a la izquierda y al ambientalismo, ya que sostienen que la defensa de la integridad de la Amazonia está en riesgo con el monitoreo internacional de su conservación ambiental.
La batalla más inmediata serán las privatizaciones de grandes empresas estatales, como Eletrobras, que para muchos militares no es más que la desnacionalización del patrimonio brasileño. Si alguien piensa que habrá estabilidad en Brasil, deberá esperar por lo menos hasta 2019, una vez que se resuelva la sucesión de Temer en la cual las Fuerzas Armadas jugarán un papel decisivo.