viernes, 25 de mayo de 2018

¿Cooperación o subordinación? Argentina y la agenda de seguridad norteamericana

A través de la cooperación con distintas agencias y estructuras gubernamentales norteamericanas, el Gobierno de Mauricio Macri parece haberse alineado a las prioridades en materia de seguridad y defensa de dicha potencia. Este fortalecimiento en las relaciones, no obstante, puede venir acompañado de preocupaciones e hipótesis de conflicto que no solo no pertenecen a la nación sudamericana, sino que podrían augurarle toda una nueva gama de problemas.

© WALTER DIAZ / AFP
Fuerzas Armadas de Argentina durante maniobras militares en Comandante Luis Piedra Buena (Argentina). 9 de Junio de 2016.

La llegada de Macri a la Presidencia de Argentina en 2015 trajo consigo un

giro drástico en las relaciones con EE.UU.

en relación a los 12 años anteriores, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Desde la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005, pasando por el 'No al Alca' (Área de Libre Comercio de las Américas) en el mismo año, hasta la posible incorporación de Argentina a los BRICS, la última década estuvo caracterizada por un enfriamiento en las relaciones entre el país sudamericano y EE.UU.
No obstante, en lo que podría interpretarse como un intento de reconquistar el 'patio trasero', EE.UU. vuelve a hacer foco en la Argentina a través de sus políticas y acuerdos de cooperación en el ámbito de la seguridad.
Las preocupaciones del Comando Sur
El Comando Sur de los EE.UU., dependiente del Departamento de Defensa, es un mando conjunto integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en representación de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, los Marines, la Guardia Costera y varias agencias federales.
Su propósito es encargarse de "proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y cooperación en seguridad" para América Central, del Sur y el Caribe. También es responsable de "proteger los recursos militares de EE.UU. en estos lugares" y de asegurar la defensa del Canal de Panamá.

© El Comandante del Comando Sur, Kurt W. Tidd, en la Conferencia de Seguridad de America Central. San Jose (Costa Rica), 7 de abril de 2016
Ezequiel Becerra / AFP

El Almirante de la Armada Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, testificó en febrero de este año ante un Comité de Servicios Armados del Senado en el que

evaluó

los riesgos y desafíos que atraviesa la región de la cual es responsable, es decir, Latinoamérica.

"Redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional y nuestra seguridad nacional. Sabemos de casos específicos de individuos que estuvieron involucrados en complots para atacar a nuestra madre patria y a nuestros socios. Afortunadamente, fueron detenidos, pero esto sigue siendo una preocupación significativa y persistente", explicó el responsable del Comando Sur.

Por otro lado, Tidd reafirmó los conceptos

esbozados

en la Estrategia de Defensa Nacional para el 2018, en los que se considera a Rusia, China e Irán como amenazas para la seguridad de su país, destacando la presencia de

Hezbolá

, a quien considera un 'representante' de Irán en la región.

"Hemos estado observando a Hezbolá por varias décadas, porque, como podrán reconocer, ha estado presente en el hemisferio por un tiempo ya, involucrados principalmente en actividades criminales que apoyan sus actividades terroristas en el exterior", sostuvo Tidd.

Así mismo, el Almirante destacó los roles de Brasil, Chile y México para combatir las 'amenazas' que atraviesa el hemisferio e hizo especial énfasis en la renovación de un vieja alianza: "Argentina ahora interviene con determinación y ha jugado un rol crítico". Si se tiene en cuenta que una semana antes de estas declaraciones la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que se establecerá una 'task force' de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la provincia de Misiones; o que el país acaba de asumir la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), las palabras de apoyo del Comandante Tidd al Gobierno argentino cobran mucho sentido.
Control de recursos
En mayo de 2016, según informó La Nación, Macri envió a EE.UU. una delegación del Ministerio de Defensa para promover "la cooperación y la definición de objetivos comunes en la región en materia de defensa y seguridad hemisférica".
En el marco de la visita, el viceministro de Defensa en aquel entonces, Ángel Tello, expresó respecto al restablecimiento de las relaciones entre ambos países: "También es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida".
Ya en junio de 2016, en una entrevista a Página/12, Luiz Monis Bandeira, considerado uno de los mayores expertos en relaciones con el país norteamericano, dijo que Argentina y EE.UU. estaban negociando la construcción de bases norteamericanas en territorio argentino: una en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) y otra en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego.
"Yo no lo llamaría cooperación sino subordinación", afirmó en diálogo con RT Alcira Argumedo, exdiputada nacional del Movimiento Proyecto Sur, socióloga y docente universitaria, respecto al vínculo que mantiene el Gobierno argentino con EE.UU.
Según Argumedo, conocida por sus intervenciones en el Congreso en todo lo que respecta a la soberanía nacional y por sus análisis en materia de geopolítica, se está haciendo "un cerco de seguridad sobre Argentina que es altamente peligroso" en nombre del narcotráfico y la amenaza del terrorismo.

"Esto va articulado con la instalación de una base en la Triple Frontera, siempre en la lucha contra el terrorismo, que nunca se sabe dónde está. Pero la instalación de una base en la Triple Frontera es por el control del Acuífero Guaraní. Porque el problema es que EE.UU. calcula que dentro de 20 años va a tener un déficit de agua de 40%. El tema es controlar las áreas de agua dulce", manifestó.

De acuerdo a la Fundación Aquae, el Acuífero Guaraní es el tercer reservorio de agua dulce más grande del planeta. Es compartido por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, extendiéndose a largo de una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados.

En este sentido, la exdiputada considera que tras el fracaso de EE.UU. en la guerra de Siria con los intentos fallidos de derrocar a

Bashar al Assad

, la potencia hizo un repliegue sobre América Latina de control de recursos estratégicos.

"Están militarizando nuevamente América Latina porque significativamente EE.UU. es una potencia que se está replegando por la derrota militar ante Rusia e Irán en el Medio Oriente y frente al crecimiento de China, que lo está desplazando de la hegemonía internacional", explicó.

Además, Argumedo destacó la manera en que las bases argentinas se complementan con otras de la región con el fin de cercar zonas geográficas clave. Según aseguró, "también quieren instalar otra base en Tierra del Fuego para el control de la Antártida. A su vez esa base se complementa con cinco bases establecidas en Brasil, en la frontera con Colombia y así sucesivamente.

De manera tal que están rodeando el Amazonas y el Acuífero Guaraní, que son grandes reservas de recursos estratégicos"

Respecto a las bases militares en sí, la socióloga y docente

desmitifica

la idea de que se traten de grandes construcciones llenas de soldados a la espera de un conflicto armado, sino que las bases nuevas muchas veces consisten en una simple pista de aterrizaje, como es el caso de la base de Estigarribia, en Paraguay.

"Al tener la Cuarta Flota de los EE.UU. en ida y vuelta por el Océano Atlántico, se calcula que en no más de seis a diez horas pueden hacer un desembarco de tanques, de material pesado, de tropas y demás, para lo cual no necesitan mantener constantemente una base en los términos tradicionales que conocemos. De pronto no va a aparecer una base sino una pista de aterrizaje", sostuvo.

Decretos a espaldas del Congreso Un ejercicio conjunto entre las fuerzas armadas estadounidenses y argentinas denominado 'Cormorán', que iba a realizarse entre septiembre y octubre del año pasado en la ciudad patagónica de Trelew, no pudo llevarse a cabo porque se vencieron los plazos acordados.
El veto en el Congreso por parte del Frente para la Victoria fue la estocada final para dichos ejercicios, de acuerdo a lo informado por Clarín. A partir de ese momento, sin embargo, la aprobación del poder legislativo para ejercicios y compras vinculadas a Defensa pareciera haber dejado de ser un obstáculo para el Gobierno nacional.
El 2 de mayo de este mes, según Infobae, delegados de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Salud de EE.UU. y Argentina se reunieron en el Ministerio de Defensa en la Ciudad de Buenos Aires para realizar "ejercicios teóricos conjuntos" contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para dicho ejercicio, al no contar con tropas norteamericanas en suelo argentino sino con miembros de la inteligencia de ese país, no se solicitó la autorización del Congreso. "Teóricamente todos los acuerdos militares tendrían que tener el aval del Congreso. De todas maneras siempre puede haber alguna trampa de interpretación que le permita al Ejecutivo definirlo directamente sin pasar por el el legislativo", dijo Argumedo.
Según expresó, hay una clarísima vocación de subordinación que a veces se implementa a través de acciones demasiado evidentes y otras veces "en acciones aparentemente inocentes, pero que en profundidad son muy graves".
Esta voluntad de mantener cierta información oculta o fuera del alcance de la discusión parlamentaria no solo se aplica a los ejercicios militares conjuntos, sino también a la compra de armamento bélico.
Compra de armamento
En febrero de este año, un decreto firmado por el presidente que busca "garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación", autorizó la compra de nuevo equipamiento bélico y declaró secreta la operación por razones de seguridad y defensa nacional.

© Martin Acosta / Reuters
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en rued de prensa. Buenos Aires, 22 de febrero de 2018.

"Se ha planteado este alineamiento a las políticas de seguridad hemisféricas estadounidenses y no hay ningún interés en debatir al respecto".Silvina Romano, doctora en ciencias políticas e historiadora del CELAG

"Hemos visto que tanto la compra de armamentos como los últimos ejercicios conjuntos requirieron de cierta secrecía y de la no autorización por parte del Congreso en el caso de los ejercicios conjuntos", afirmó María Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
De acuerdo a la doctora en ciencias políticas e historiadora, esto responde a seguir un camino marcado, a seguir un alineamiento "a las políticas de seguridad hemisféricas estadounidenses sin ningún interés de debatir al respecto".

"La intención es naturalizar este tipo de posicionamientos. Es decir, al tomarse esta decisión de alineamiento, todos los acercamientos en términos de seguridad, sean cursos de entrenamiento, ejercicios conjuntos, compra de armas o desarrollo científico-tecnológico conjunto, se toman como natural cuando en realidad, en términos de soberanía y atributos de estatidad, no hay nada de obvio ni natural en esto sino que debería tomarse con mucha más seriedad y delicadeza", consideró Romano.

Argumedo, por su parte, considera que las razones de "seguridad y defensa nacional" consisten en mantener oculto a quien se le compran armas: "Aquel país al cual le compras el armamento te hace dependiente de la provisión de repuestos. Tienes que tener una alianza muy importante ya que entras en una relación de subordinación con el país que te vende esas armas". Por otro lado, la exdiputada considera que el equipamiento en materia armamentística podría estar, en parte, vinculado al creciente descontento y movilización social de los sectores populares y las clases medias debido a las distintas reformas económicas planteadas desde el macrismo, lo que genera una seria preocupación desde el Gobierno.
"Esto es altamente riesgoso. La lucha contra el terrorismo te permite manejar ciertas formas de represión social suponiendo que hay infiltración terrorista en esos sectores. Es muy fácil meter provocadores que te distorsionen el carácter pacífico de las protestas. La verdad que hay que estar muy atentos a eso", advirtió la diputada y agregó: "Yo espero que la resistencia sea pacífica porque sabemos quien paga los costos cuando se producen estos desbordes".
Conflictos importados
Como ya ha quedado demostrado en otras ocasiones de la historia reciente del continente, el alineamiento a la agenda de seguridad norteamericana trae consigo la importación de sus doctrinas y conflictos.

"Esta importación de hipótesis de conflicto y sobre todo de doctrinas para luchar, por ejemplo contra las drogas o el terrorismo, retomando los lineamientos estadounidenses, es preocupante porque reproduce experimentos fallidos, advertidos como tales no solamente desde América Latina sino por 'think tanks' estadounidenses y por discusiones en el mismo Congreso de EE.UU.", advirtió Romano.

La especialista del CELAG recuerda el caso del Plan Colombia, un acuerdo bilateral firmado entre los Gobiernos de EE.UU. y Colombia en 1998 que buscaba, principalmente, terminar el conflicto armado en el país y crear una estrategia antinarcóticos. Según afirmó, del total de 8.000.000 de muertos debido al conflicto interno, el pico de víctimas se registró en 2002, durante la ejecución del Plan Colombia, con casi 750.000 muertos.

"Un quiebre del tejido social, una sociedad devastada, ciertamente. En México la guerra contra las drogas que se viene librando desde el sexenio de Calderón ya se cobró 200.000 víctimas, y entre el 2007 y el 2016 se encontraron 1.075 fosas comunes con 2024 muertos. Esto es un escenario de guerra. ¿Esto es lo que necesita el resto de América Latina? La importación de estas doctrinas no augura nada bueno para Argentina", sentenció la especialista.