lunes, 21 de mayo de 2018

Indra admite que no puede justificar pagos de un millón que acabó en la caja B del PP

(España) -

La Audiencia Nacional dispone de nuevos indicios que acreditan la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de adjudicaciones públicas de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La multinacional española Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel García-Castellón, que no puede explicar por qué motivo pagó más de un millón de euros a varias mercantiles que, según la investigación, habrían desviado luego el dinero a la caja B del PP.

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (d) e Ignacio González. (EFE)

La tecnológica admite que, bajo la presidencia de Javier Monzón, pagó facturas por ese importe, pero no encuentra en sus archivos internos ningún tipo de información sobre los bienes o servicios que recibió a cambio, apuntalando así las sospechas sobre esos movimientos de fondos.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llegó a registrar la sede de Indra en abril de 2017 durante la operación Lezo, se centran en los pagos que realizó la compañía a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó a la cotizada 938.247 euros entre 2010 y 2013 (250.750 euros en 2010, 566.497 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013), una cantidad que supuso en ese periodo más del 90% de sus ingresos totales.

Indra asegura que en las investigaciones internas que abrió para esclarecer su implicación en el caso ha encontrado las propuestas de encargo que le envió Formaselect, las autorizaciones que firmaron sus directivos antes de contratar a esta empresa, las facturas que se emitieron posteriormente y, finalmente, las órdenes de pago. El problema, reconoce la compañía, es que no halla ninguna prueba de que realmente existieran los trabajos de Formaselect abonados mediante esas facturas. En el concepto, figura la realización de acciones formativas para los empleados de la tecnológica que se impartirían en sus propias instalaciones ('in company'). Pero nadie ha podido confirmar que esas formaciones se celebraran. Ni siquiera consta en Indra que algún representante de Formaselect haya cruzado sus tornos de seguridad para dar las clases, admiten los representantes legales de la firma.

Su relación comercial con Swat SL presenta las mismas deficiencias. La multinacional habría abonado a esta otra mercantil del sector de la publicidad un total de 116.000 euros durante el ejercicio 2008 por supuestos trabajos de "asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación". Teóricamente, Swat SL comenzó a prestar el servicio en el segundo semestre de 2007, es decir, justo después de las elecciones autonómicas de ese año, en las que Aguirre revalidó su primer mandato con otra mayoría absoluta. Indra ha remitido a la Audiencia Nacional las dos facturas de 50.000 euros más IVA que pagó a la agencia, así como sus comprobantes internos de que fueron abonadas. Pero también ha tenido que reconocer que no ha hallado "evidencias que puedan justificar la prestación de los servicios a que se refieren" esos documentos de pago. Es decir, ni rastro de la supuesta "asesoría en comunicación".

Estos hallazgos complican aún más el futuro judicial del PP. Como adelantó El Confidencial en septiembre, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil ya apuntaron en un informe preliminar incluido en el caso Lezo y trasladado luego al caso Púnica que los gobiernos madrileños de Aguirre y González habrían utilizado la agencia ICM para desviar fondos públicos al PP. El dinero salía del ente autonómico mediante licitaciones con precios inflados que eran sistemáticamente concedidas a Indra. Después, la multinacional pagaba presuntamente facturas falsas a firmas instrumentales, como Formaselect Consulting SL y Swat SL, que se encargaban de triangular los fondos para dificultar su seguimiento. Por último, el dinero público era utilizado para abonar gastos de campaña del partido que superaban el máximo legal permitido.
Por estos hechos ya estaban imputados desde el inicio de la operación Lezo los administradores de Formaselect (Óscar Sánchez Moyano) y Swat (Juan Miguel 'Juancho' Madoz), así como el consejero delegado de ICM durante el periodo bajo investigación, José Martínez Nicolás. La ausencia de justificantes para los pagos de Indra aporta nuevas pistas sobre esta circulación irregular de dinero con destino a la primera planta de Génova. Solo estas dos firmas habrían canalizado 1.054.247 euros hacia el PP entre 2008 y 2013.
La cifra real podría ser mucho mayor. Indra también ha reconocido que la Agencia Tributaria está investigando los pagos que realizó a una tercera empresa, la agencia de comunicación y publicidad Lata Latina SL, que ya estuvo implicada en el caso Gürtel y era proveedora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según los inspectores de Hacienda, la cotizada habría abonado a la agencia un total de 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 por trabajos que tampoco aparecen. También han detectado que Indra fabricó facturas para no sobrepasar el límite legal de subcontratación con Lata Latina SL.
A pesar de las cantidades que ya han surgido, esta pieza del caso Púnica -toda la financiación ilegal del PP de Lezo ha sido trasladada a ese sumario- es precisamente una de las que se encuentran más retrasadas. Un portavoz oficial de Indra, que tiene nuevo presidente desde enero de 2015, Fernando Abril-Martorell, subraya que "la compañía está mostrando la máxima colaboración con la Justicia de forma proactiva, informando por iniciativa propia de cualquier incidencia relevante y aportando toda la información que está en su poder. En este sentido, Indra ha puesto en marcha desde hace más de un año los oportunos procedimientos internos a través de la Unidad de Cumplimiento de la compañía para investigar toda la información referida a este asunto, relacionado con asuntos de una época en la que los responsables de la compañía eran distintos a los actuales".