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contralinea.com.mxFosas clandestinas en México, las cifras del horror
Autor:
Zósimo Camacho @zosimo_contra
¿Hay
algo peor que la guerra? El politólogo e historiador estadunidense
Daniel Jonah Goldhagen dice que sí. Se refiere a situaciones que no son
necesariamente de guerra declarada pero que devienen en genocidio y
eliminacionismo: matanzas masivas e irracionales. Se trata de una
continua agresión contra grupos de personas y que constituye una
agresión contra toda la humanidad.
Pasarán algunas décadas para que historiadores nos expliquen lo que ha estado viviendo la nación mexicana desde finales de 2006, más allá de una supuesta lucha contra el narcotráfico. Pero es claro que desde entonces los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de todos los niveles y civiles ilegal e ilícitamente empoderados son ya incontables. Decenas de recomendaciones e informes de organismos internacionales dan cuenta de una crisis humanitaria provocada por crímenes atroces.
Aún es pronto para saber si la aniquilación de cientos de miles y la desaparición de otras decenas de miles calificarán como genocidio o eliminacionismo, como describe Daniel Jonah en sus obras; la más reciente titulada precisamente Peor que la guerra. Pero las masacres perpetradas por Los Zetas contra migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011 –por poner apenas dos ejemplos–, bien podrían incluirse en la obra de Goldhageb junto a las de Ruanda, Sudán, El Congo, la Alemania nazi…
Las instituciones del gobierno mexicano reconocen un saldo de más de 280 mil asesinados, 35 mil desaparecidos y 300 mil desplazados. Para organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos las cifras reales son mucho mayores. Los datos oficiales ya son alarmantes.
Tal nivel de violencia, con matanzas y desapariciones a lo largo del territorio mexicano, ha requerido de un sistema de ocultamiento de cuerpos. Los perpetradores esconden a quienes victiman para dificultar eventuales investigaciones (lo cierto es que en México ni siquiera se investiga); disimular el número real de asesinatos, y generar más terror (las familias viven en la zozobra y no pueden vivir su duelo porque buscan con vida a sus seres queridos).
Un oficio de la Procuraduría General de la República (PGR) –PGR/UTAG/DG/002853/2018– señala que en México se han encontrado 280 fosas clandestinas desde diciembre de 2006 y hasta enero de 2017. De las 32 entidades de la República, sólo en 13 aún no se han detectado este tipo de entierros ilegales. Es decir, en 19 hay al menos un entierro ilegal.
De esas 280 fosas se han recuperado 784 cuerpos completos y decenas de miles de fragmentos óseos. Desafortunadamente apenas se han podido identificar 274 personas. La gran mayoría de los cuerpos no han recuperado su identidad. Tampoco se ha determinado siquiera el sexo de todos, sólo se sabe que hay 479 hombres y 48 mujeres.
Del mismo documento de la PGR se desprende que en dos entidades federativas se concentra más del 50 por ciento de los entierros clandestinos encontrados: Guerrero, con 114 fosas y 311 cuerpos completos, y Tamaulipas, con 51 fosas y 200 cuerpos completos.
La lista continúa con más fosas y cuerpos completos: Jalisco (37 y 75, respectivamente); Morelos (19 y 28); Baja California (16 y sólo fragmentos óseos); Durango (siete y 29); Veracruz (seis y 35); Michoacán (cinco y 14); Estado de México (cuatro y 17); Ciudad de México (cuatro y cuatro); Chihuahua (tres y 54); Oaxaca (tres y seis); Sonora (tres y cinco); Coahuila (dos y uno); Hidalgo (dos y uno); Nuevo León (uno y dos); Aguascalientes (uno y dos); Chiapas (uno y sólo fragmentos óseos), y Zacatecas (uno y sólo fragmentos óseos).
Los estados en los que aún no se han detectado fosas clandestinas son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
Es lamentable saber que los hallazgos de este tipo de entierros continuarán y que generalmente quienes los encuentran son familiares de desaparecidos que, en su desesperación, arañan –literalmente– montes, cañadas, basureros, barrancas.
La violencia que vive México es de proporciones dantescas; estas fosas clandestinas representan sólo un aspecto de ella. Y es que este tipo de situaciones (probablemente genocidas o eliminacionistas) son, en efecto, peores que la guerra: en la guerra hay, al menos, una dimensión de protección a derechos humanos y de respeto al derecho internacional humanitario. En México, las víctimas están indefensas absolutamente, a merced de los perpetradores. Y es que estos últimos se saben impunes. Cometen esas atrocidades porque saben que pueden hacerlo, que no habrá castigo, que no habrá persecución de la justicia.
México es hoy una gran fosa clandestina ante la sorpresa y el dolor de gran parte de la comunidad internacional. Pero otra parte prefiere volver la cabeza a otras latitudes del propio continente, y señalar con dedo flamígero a gobiernos de otros pueblos que no tienen a cuestas ni la mitad de las atrocidades que se comenten en estas tierras.
Pasarán algunas décadas para que historiadores nos expliquen lo que ha estado viviendo la nación mexicana desde finales de 2006, más allá de una supuesta lucha contra el narcotráfico. Pero es claro que desde entonces los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de todos los niveles y civiles ilegal e ilícitamente empoderados son ya incontables. Decenas de recomendaciones e informes de organismos internacionales dan cuenta de una crisis humanitaria provocada por crímenes atroces.
Aún es pronto para saber si la aniquilación de cientos de miles y la desaparición de otras decenas de miles calificarán como genocidio o eliminacionismo, como describe Daniel Jonah en sus obras; la más reciente titulada precisamente Peor que la guerra. Pero las masacres perpetradas por Los Zetas contra migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011 –por poner apenas dos ejemplos–, bien podrían incluirse en la obra de Goldhageb junto a las de Ruanda, Sudán, El Congo, la Alemania nazi…
Las instituciones del gobierno mexicano reconocen un saldo de más de 280 mil asesinados, 35 mil desaparecidos y 300 mil desplazados. Para organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos las cifras reales son mucho mayores. Los datos oficiales ya son alarmantes.
Tal nivel de violencia, con matanzas y desapariciones a lo largo del territorio mexicano, ha requerido de un sistema de ocultamiento de cuerpos. Los perpetradores esconden a quienes victiman para dificultar eventuales investigaciones (lo cierto es que en México ni siquiera se investiga); disimular el número real de asesinatos, y generar más terror (las familias viven en la zozobra y no pueden vivir su duelo porque buscan con vida a sus seres queridos).
Un oficio de la Procuraduría General de la República (PGR) –PGR/UTAG/DG/002853/2018– señala que en México se han encontrado 280 fosas clandestinas desde diciembre de 2006 y hasta enero de 2017. De las 32 entidades de la República, sólo en 13 aún no se han detectado este tipo de entierros ilegales. Es decir, en 19 hay al menos un entierro ilegal.
De esas 280 fosas se han recuperado 784 cuerpos completos y decenas de miles de fragmentos óseos. Desafortunadamente apenas se han podido identificar 274 personas. La gran mayoría de los cuerpos no han recuperado su identidad. Tampoco se ha determinado siquiera el sexo de todos, sólo se sabe que hay 479 hombres y 48 mujeres.
Del mismo documento de la PGR se desprende que en dos entidades federativas se concentra más del 50 por ciento de los entierros clandestinos encontrados: Guerrero, con 114 fosas y 311 cuerpos completos, y Tamaulipas, con 51 fosas y 200 cuerpos completos.
La lista continúa con más fosas y cuerpos completos: Jalisco (37 y 75, respectivamente); Morelos (19 y 28); Baja California (16 y sólo fragmentos óseos); Durango (siete y 29); Veracruz (seis y 35); Michoacán (cinco y 14); Estado de México (cuatro y 17); Ciudad de México (cuatro y cuatro); Chihuahua (tres y 54); Oaxaca (tres y seis); Sonora (tres y cinco); Coahuila (dos y uno); Hidalgo (dos y uno); Nuevo León (uno y dos); Aguascalientes (uno y dos); Chiapas (uno y sólo fragmentos óseos), y Zacatecas (uno y sólo fragmentos óseos).
Los estados en los que aún no se han detectado fosas clandestinas son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
Es lamentable saber que los hallazgos de este tipo de entierros continuarán y que generalmente quienes los encuentran son familiares de desaparecidos que, en su desesperación, arañan –literalmente– montes, cañadas, basureros, barrancas.
La violencia que vive México es de proporciones dantescas; estas fosas clandestinas representan sólo un aspecto de ella. Y es que este tipo de situaciones (probablemente genocidas o eliminacionistas) son, en efecto, peores que la guerra: en la guerra hay, al menos, una dimensión de protección a derechos humanos y de respeto al derecho internacional humanitario. En México, las víctimas están indefensas absolutamente, a merced de los perpetradores. Y es que estos últimos se saben impunes. Cometen esas atrocidades porque saben que pueden hacerlo, que no habrá castigo, que no habrá persecución de la justicia.
México es hoy una gran fosa clandestina ante la sorpresa y el dolor de gran parte de la comunidad internacional. Pero otra parte prefiere volver la cabeza a otras latitudes del propio continente, y señalar con dedo flamígero a gobiernos de otros pueblos que no tienen a cuestas ni la mitad de las atrocidades que se comenten en estas tierras.
Zósimo CamachoFragmentos
Rosario ya se preocupa. Ahora que el sexenio de Enrique Peña Nieto está llegando a su fin –y más aún que, todo parece indicar, su partido será echado del poder–, ya se escuchan lejanas las palabras que el presidente le dedicó en público a la entonces secretaria de Desarrollo Social ante las evidencias de corrupción: “No te preocupes, Rosario”. Hace algunas semanas, la hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, presentó ante la PGR una solicitud de información para saber si es investigada. Transcribimos literalmente el escrito (disculpen por favor los errores ortográficos, de gramática y sintaxis): “Solicito a esa Procuraduría General de la República, me informe: Si respecto del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, tiempo en el que fui Titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o cualquier otro organismo público o privado, ha interpuesto denuncias en mi contra, originadas por la gestión que desempeñé en dicha Secretaría de Estado. Asimismo me informe, si la propia Procuraduría General de la República actuando de oficio, ha abierto carpetas de investigación por la gestión que desempeñé en dicha Secretaría de Estado, en el periodo antes señalado” (sic). Rosario ya está muy nerviosa.
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