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kaosenlared.netMazazo judicial al Gobierno de México por el caso de los estudiantes desaparecidos
CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del 26 de septiembre de 2014 se dio una
tragedia que marcó profundamente a México y cuyas consecuencias
políticas aun están por determinar. Un centenar de estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa – parte de una red de escuelas que atiende a
las comunidades más pobres del país– se dirigieron desde su localidad
hasta Iguala en varios autobuses que “tomaron prestados” con el objetivo
final de participar en una protesta. Fueron recibieron a balazos por
las autoridades locales y hubo un terrible resultado: al menos seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron.
Más de tres años después no ha habido ninguna condena, se ignora cuál
fue el motivo para querer masacrar a los jóvenes y 42 de ellos siguen en
paradero desconocido.
El caso parecía haberse caído de las agendas políticas hasta hace tan solo unos días, cuando por primera vez un alto tribunal mexicano propinó un mazazo al Gobierno de Enrique Peña Nieto y echó por tierra su ya cuestionada “verdad histórica” o versión oficial –llamada “mentira histórica” por los padres de las víctimas– sobre la desaparición de los estudiantes. El Ejecutivo sostuvo desde un primer momento que el mafioso alcalde de Iguala había ordenado a los polícías locales reprimir a los alumnos y que éstos les habían entregado a los narcos, quienes los confundieron con grupo rival, los exterminaron, los incineraron en un basurero y tiraron sus cenizas a un río. Este relato ha sido enormemente cuestionado por expertos e investigadores internacionales que indagaron en el caso.
Ahora un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, en el noreste de México, ha concluido que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue “ni independiente ni imparcial” y que la llamada “verdad histórica” se obtuvo a través de la tortura a los acusados y sin investigar la participación de la Policía Federal y del Ejército, a pesar de los numerosos indicios de su implicación. Por ello, han obligado a crear una Comisión de la Verdad específica para este caso, una herramienta completamente novedosa en México que debe estar integrada por representantes de los familiares de los 43, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público y que podría pedir la intervención de peritos y especialistas nacionales y extranjeros.
“No cabe recurso alguno contra esta sentencia definitiva, que ordena al Estado a actuar redireccionando las investigaciones con la creación de una comisión de investigación”, confirma a cuartopoder.es Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México. La experta ha celebrado la resolución del tribunal mexicano que casi ha coincidido en el tiempo con el primer informe de seguimiento del ‘caso Ayotzinapa’ que ha realizado este organismo internacional.
La CIDH, que tiene su sede en Washington (EEUU), ha reforzado al tribunal mexicano desde su mirada exterior. En su informe menciona que ninguna de las personas detenidas por los hechos de Ayotzinapa está acusada por el delito de desaparición forzada y documenta los testimonios sobre las torturas que supuestamente habrían cometido las autoridades judiciales mexicanas. Según Arosemena de Troitiño, el objetivo principal del informe de la CIDH es instar a “un análisis de los hechos” de acuerdo a “los estándares internacionales” para alcanzar “la verdad y la justicia” de un caso cuyas incógnitas ha sumido a los familiares de los estudiantes en la desesperación y el dolor.
A los golpes de la propia Justicia mexicana y de la CIDH al Gobierno mexicano en plena campaña electoral, se suma la propia ONU. La representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha indicado este lunes que está claro que el Ejecutivo debe “redirigir” las investigaciones otorgando un papel fundamental a los familiares de las víctimas, quienes llevan años clamando justicia en conferencias, actos y protestas en el país y el extranjero.
Las autoridades mexicanas parecen reticentes a aplicar la sentencia del alto tribunal, aunque sea de obligado cumplimiento. La propia PGR, señalada por el alto tribunal mexicano, ha indicado que no reconoce la sentencia, mientras que el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, ha remarcado que en el sistema jurídico mexicano no existe una figura de la Comisión de la Verdad y que se encuentran estudiando la sentencia. En realidad, les queda poco tiempo: este jueves se acaba el plazo límite de diez días que los magistrados pusieron para atacar el dictamen.
El alto tribunal reconoce que los derechos de las víctimas han sido vulnerados en la investigación y obliga a que la Comisión de la Verdad ponga en centro a los afectados, quienes tendrán un papel central en la investigación. Es un soplo de aire fresco para las familias que ha sido recibido con recelo por las autoridades mexicanas.
Todo apunta a que debería abandonarse de una vez “la verdad histórica” y proseguir por las líneas de investigación que señaló el grupo internacional de expertos GIEI, que han sostenido investigaciones periodísticas, pero que fueron ignoradas por la PGR, explica Aguilar. La PGR decía que Guerreros Unidos, el cartel implicado en la desaparición de los estudiantes “era un pequeño grupo que controlaba el estado de Guerrero, pero los mensajes que sacó la prensa revelaron el tamaño de la organización, un grupo transnacional que tenía muchos alcances y una serie de relaciones con grupos estatales”, indica la experta, quien resalta que la investigación “tendría que ir mucho más allá”.
Además, el equipo de forenses argentinos que actuó como perito externo en la investigación a petición de los familiares desaparecidos ya puso en duda que en el basurero se quemaran los restos de los estudiantes, una versión que según sus indagaciones sería técnicamente imposible. En septiembre de 2015 un grupo internacional de expertos (GIEI) designado por la CIDH ya había descartado que los estudiantes hubiesen sido incinerados, al menos no en el basurero de Cocula, situado a 22 kilómetros del sureste de Iguala, tal y como sostenía la versión oficial.
Por otro lado, el grupo de expertos internacionales ya indicó que el Gobierno había emitido confusos informes acerca de un autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel de Guerreros Unidos, que habría tratado de recuperarlo en complicidad con las fuerzas de seguridad. Estas son solo líneas por donde el GIEI recomendó continuar una investigación que, después de múltiples vaivenes y cuestionada en muchos puntos, no ha logrado arrojar luz sobre los estudiantes que permanecen desaparecidos.
El caso parecía haberse caído de las agendas políticas hasta hace tan solo unos días, cuando por primera vez un alto tribunal mexicano propinó un mazazo al Gobierno de Enrique Peña Nieto y echó por tierra su ya cuestionada “verdad histórica” o versión oficial –llamada “mentira histórica” por los padres de las víctimas– sobre la desaparición de los estudiantes. El Ejecutivo sostuvo desde un primer momento que el mafioso alcalde de Iguala había ordenado a los polícías locales reprimir a los alumnos y que éstos les habían entregado a los narcos, quienes los confundieron con grupo rival, los exterminaron, los incineraron en un basurero y tiraron sus cenizas a un río. Este relato ha sido enormemente cuestionado por expertos e investigadores internacionales que indagaron en el caso.
Ahora un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, en el noreste de México, ha concluido que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue “ni independiente ni imparcial” y que la llamada “verdad histórica” se obtuvo a través de la tortura a los acusados y sin investigar la participación de la Policía Federal y del Ejército, a pesar de los numerosos indicios de su implicación. Por ello, han obligado a crear una Comisión de la Verdad específica para este caso, una herramienta completamente novedosa en México que debe estar integrada por representantes de los familiares de los 43, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público y que podría pedir la intervención de peritos y especialistas nacionales y extranjeros.
“No cabe recurso alguno contra esta sentencia definitiva, que ordena al Estado a actuar redireccionando las investigaciones con la creación de una comisión de investigación”, confirma a cuartopoder.es Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México. La experta ha celebrado la resolución del tribunal mexicano que casi ha coincidido en el tiempo con el primer informe de seguimiento del ‘caso Ayotzinapa’ que ha realizado este organismo internacional.
La CIDH, que tiene su sede en Washington (EEUU), ha reforzado al tribunal mexicano desde su mirada exterior. En su informe menciona que ninguna de las personas detenidas por los hechos de Ayotzinapa está acusada por el delito de desaparición forzada y documenta los testimonios sobre las torturas que supuestamente habrían cometido las autoridades judiciales mexicanas. Según Arosemena de Troitiño, el objetivo principal del informe de la CIDH es instar a “un análisis de los hechos” de acuerdo a “los estándares internacionales” para alcanzar “la verdad y la justicia” de un caso cuyas incógnitas ha sumido a los familiares de los estudiantes en la desesperación y el dolor.
A los golpes de la propia Justicia mexicana y de la CIDH al Gobierno mexicano en plena campaña electoral, se suma la propia ONU. La representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha indicado este lunes que está claro que el Ejecutivo debe “redirigir” las investigaciones otorgando un papel fundamental a los familiares de las víctimas, quienes llevan años clamando justicia en conferencias, actos y protestas en el país y el extranjero.
Las autoridades mexicanas parecen reticentes a aplicar la sentencia del alto tribunal, aunque sea de obligado cumplimiento. La propia PGR, señalada por el alto tribunal mexicano, ha indicado que no reconoce la sentencia, mientras que el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, ha remarcado que en el sistema jurídico mexicano no existe una figura de la Comisión de la Verdad y que se encuentran estudiando la sentencia. En realidad, les queda poco tiempo: este jueves se acaba el plazo límite de diez días que los magistrados pusieron para atacar el dictamen.
“Los familiares lo han recibido como una gran oportunidad, pero también con cautela”Las familias de las 43 víctimas recibieron la sentencia como “una gran oportunidad, pero también con cautela”, explica a este medio María Luisa Aguilar, responsable del área internacional del centro Prodh, una de las organizaciones que se encarga de la representación legal de los familiares. El Gobierno ha eludido las recomendaciones de las investigaciones internacionales sobre el ‘caso Ayotzinapa’ con el pretexto de que acatarían las órdenes de la Justicia mexicana cuando esta se pronunciara. “Pues bien, ya lo ha hecho”, remarca Aguilar.
El alto tribunal reconoce que los derechos de las víctimas han sido vulnerados en la investigación y obliga a que la Comisión de la Verdad ponga en centro a los afectados, quienes tendrán un papel central en la investigación. Es un soplo de aire fresco para las familias que ha sido recibido con recelo por las autoridades mexicanas.
Todo apunta a que debería abandonarse de una vez “la verdad histórica” y proseguir por las líneas de investigación que señaló el grupo internacional de expertos GIEI, que han sostenido investigaciones periodísticas, pero que fueron ignoradas por la PGR, explica Aguilar. La PGR decía que Guerreros Unidos, el cartel implicado en la desaparición de los estudiantes “era un pequeño grupo que controlaba el estado de Guerrero, pero los mensajes que sacó la prensa revelaron el tamaño de la organización, un grupo transnacional que tenía muchos alcances y una serie de relaciones con grupos estatales”, indica la experta, quien resalta que la investigación “tendría que ir mucho más allá”.
Las veces que ha quedado en evidencia “la verdad oficial”
Como si de la serie policíaca ‘The Wire’ se tratara, varios agentes estadounidenses se encontraban realizando escuchas relacionadas con un caso judicial paralelo cuando se toparon con las conversación entre los jefes del cartel de Guerreros Unidos en Chicago y las personas que intervinieron en los hechos ocurridos en Iguala el 27 de septiembre de 2014. Los narcotraficantes hablan de “60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro”. Suponiendo que se refieran a personas, el mensaje habla de 60 personas secuestradas y algunas muertas, cuando según la versión de la PGR a esa hora los estudiantes ya habían sido incinerados.Además, el equipo de forenses argentinos que actuó como perito externo en la investigación a petición de los familiares desaparecidos ya puso en duda que en el basurero se quemaran los restos de los estudiantes, una versión que según sus indagaciones sería técnicamente imposible. En septiembre de 2015 un grupo internacional de expertos (GIEI) designado por la CIDH ya había descartado que los estudiantes hubiesen sido incinerados, al menos no en el basurero de Cocula, situado a 22 kilómetros del sureste de Iguala, tal y como sostenía la versión oficial.
Por otro lado, el grupo de expertos internacionales ya indicó que el Gobierno había emitido confusos informes acerca de un autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel de Guerreros Unidos, que habría tratado de recuperarlo en complicidad con las fuerzas de seguridad. Estas son solo líneas por donde el GIEI recomendó continuar una investigación que, después de múltiples vaivenes y cuestionada en muchos puntos, no ha logrado arrojar luz sobre los estudiantes que permanecen desaparecidos.
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www.cuartopoder.es/internacional/2018/06/12/mazazo-judicial-al-gobierno-de-mexico-por-el-caso-de-los-43-estudiantes-desaparecidos-ayotzinapa/
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