I. Todos aquellos que resultaron ganadores en las pasadas
elecciones recibirán económica, política y socialmente una nación
totalmente colapsada: es un desastre total, al borde de una crisis por
desempleo, con 55 millones en la pobreza; una inmensa corrupción en la
cúpula de los poderes que agudizó el peñismo tras los últimos 8
sexenios, incluyendo a los panistas. Ello, entregando la banca a
usureros, saqueando, abusando y privatizando la riqueza nacional para
enriquecer más a los empresarios voraces. Y permitiendo desde 1968 la
creciente inseguridad del narcotráfico –que procreó otras delincuencias y
una barbarie sangrienta– que arroja más de 2 millones de homicidios.
Enrique Peña nos empujó al despeñadero. Es el Santa Anna de un sexenio. Y
con él, sus secretarios del despacho presidencial. En nuestro
continente han sido acusados varios expresidentes de corrupción. Tres
cesados. Dos encarcelados. Pero aquí nada pasará. La impunidad reina en
el trono presidencial.
II. En su pésimo gobierno, Peña aumentó la corrupción y el empobrecimiento y más de 20 millones sobreviven en la informalidad o robando; desnutridos y muertos de miedo por la pavorosa inseguridad. Remató la poca riqueza petrolera. Se coludió con los empresarios y demás beneficiarios del neoliberalismo económico, para enraizar un capitalismo explotador. Y se irá del país con sus millones de dólares, acompañado de Luis Videgaray, su cómplice mayor; culminando con medio siglo de ladrones en el poder público, arropados por la impunidad. Ante esto, el programa anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador es apenas una respuesta mínima a la voraz rapiña de las élites en los tres poderes. Y con ellos los del sector privado, que reclaman parte del botín por su apoyo a cada uno de los presidentes en turno. A los directamente afectados, les parecen medidas muy drásticas el catálogo de compromisos que esperamos no sean promesas de las que “está tapizado el camino al infierno”.
III. Son medidas que López Obrador pondrá en vigor a partir del 1 de diciembre, cuando abrace efusivamente a Peña por respetar las elecciones y mandar a “Mid” [José Antonio Meade] a declararse derrotado –mismo camino que siguió Ricardo Anaya. Mientras va por la reconciliación, como tener en sus filas a Meade y Anaya, indudablemente –pues no da paso sin huarache– para terminar de descabezar a los partidos que tocan a retirada, supuestamente para reconstruirse, ha llevado a un descanso su “amor y paz” para “reflexionar”; y ojalá se dé cuenta que se está excediendo en su actuación, con todo y que durante los debates mostró “pánico escénico”. A sus secretarios de facto les impondrá andar por las calles y con sus transportes, como cualquier ciudadano, para que sufran lo mismo que los mexicanos al ir a sus trabajos. Cada uno de ellos comerá en algún lugar cercano a sus oficinas o llevará su itacate. No tendrán guaruras ni choferes, salvo los de la cúpula. Recibirán un salario mensual de 100 mil pesos. Y habrá castigo ejemplar para quien pillen en sobornos. Esperemos que de esta manera se termine la insaciable rapiña que alimentaron priístas y panistas.
cepedaneri@prodigy.net.mx
II. En su pésimo gobierno, Peña aumentó la corrupción y el empobrecimiento y más de 20 millones sobreviven en la informalidad o robando; desnutridos y muertos de miedo por la pavorosa inseguridad. Remató la poca riqueza petrolera. Se coludió con los empresarios y demás beneficiarios del neoliberalismo económico, para enraizar un capitalismo explotador. Y se irá del país con sus millones de dólares, acompañado de Luis Videgaray, su cómplice mayor; culminando con medio siglo de ladrones en el poder público, arropados por la impunidad. Ante esto, el programa anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador es apenas una respuesta mínima a la voraz rapiña de las élites en los tres poderes. Y con ellos los del sector privado, que reclaman parte del botín por su apoyo a cada uno de los presidentes en turno. A los directamente afectados, les parecen medidas muy drásticas el catálogo de compromisos que esperamos no sean promesas de las que “está tapizado el camino al infierno”.
III. Son medidas que López Obrador pondrá en vigor a partir del 1 de diciembre, cuando abrace efusivamente a Peña por respetar las elecciones y mandar a “Mid” [José Antonio Meade] a declararse derrotado –mismo camino que siguió Ricardo Anaya. Mientras va por la reconciliación, como tener en sus filas a Meade y Anaya, indudablemente –pues no da paso sin huarache– para terminar de descabezar a los partidos que tocan a retirada, supuestamente para reconstruirse, ha llevado a un descanso su “amor y paz” para “reflexionar”; y ojalá se dé cuenta que se está excediendo en su actuación, con todo y que durante los debates mostró “pánico escénico”. A sus secretarios de facto les impondrá andar por las calles y con sus transportes, como cualquier ciudadano, para que sufran lo mismo que los mexicanos al ir a sus trabajos. Cada uno de ellos comerá en algún lugar cercano a sus oficinas o llevará su itacate. No tendrán guaruras ni choferes, salvo los de la cúpula. Recibirán un salario mensual de 100 mil pesos. Y habrá castigo ejemplar para quien pillen en sobornos. Esperemos que de esta manera se termine la insaciable rapiña que alimentaron priístas y panistas.
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