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Tres fallas de la versión de EPN sobrre Ayotzinapa

 

 

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Como parte de los actos de promoción de su sexto y último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto divulgó el pasado 29 de agosto un video en el que defiende la hipótesis oficial sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa (detenidos y desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerero), según la cual, afirmó el mandatario, existen “evidencias claras y contundentes” de que los jóvenes fueron “incinerados por un grupo delincuencial”.
La afirmación del presidente Peña, sin embargo, presenta varios defectos, que a continuación resumimos

¿Pruebas?

La hipótesis de la Procuraduría General de la Republica (PGR), y del presidente Peña, que afirma que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, se basa en dos dictámenes elaborados por peritos de la misma dependencia.
Sin embargo, ninguno de esos dictámenes forma parte de la causa penal iniciada contra las personas a las que el gobierno acusa de la desaparición de los estudiantes.
Tal como informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que da acompañamiento legal a las familias de los jóvenes desaparecidos–”en estos dictámenes (de la PGR) se afirma que en el basurero de Cocula existió un incendio con la capacidad de reducir a cenizas 43 cuerpos humanos”. No obstante, advirtió el Centro Pro, dichos dictámenes “no hacen parte de las acusaciones presentadas hasta hoy por la PGR”.
Es decir, aunque la PGR públicamente ha afirmado, primero en 2015 y luego en 2017, que cuenta con pruebas científicas de que los 43 normalistas sí fueron “incinerados”, dichas pruebas, en realidad, no serán analizadas por un juez, ya que la Procuraduría no presentó estos peritajes como evidencia en contra de los acusados.

Dichos peritajes sólo han sido presentados como prueba ante la prensa, no ante los tribunales.
No obstante, quien sí pudo analizar los dictámenes de la PGR fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar las indagatorias de las autoridades nacionales.
El análisis del GIEI concluyó que ambos peritajes de la PGR son “deficientes”, y que no prueban realmente que los 43 jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Peor aún, el grupo encargó su propio peritaje, con el cual se concluyó que no era posible incinerar 43 cuerpos en las condiciones y el tiempo sostenidos por la PGR.
Aún así, este 29 de agosto, el presidente Peña Nieto aseguró que la investigación de la Procuraduría fue “profunda y amplia”.

Pira imposible

A partir de la polémica generada en torno a si es posible o no que los cuerpos de los 43 normalistas hubieran sido incinerados hasta su total desintegración, en un lapso de 16 horas, y en un espacio húmedo a cielo abierto, usando como combustible solo ramas y llantas, y sin que el fuego hubiese sido constantemente alimentado, un grupo de 23 especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Queensland, Australia, se planteó el reto de determinar qué condiciones de combustión se requieren para obtener ese resultado.
Luego de realizar diversos estudios de campo, estos especialistas concluyeron, en un estudio presentado en junio de 2018, que “la combustión al aire libre, donde todo el combustible se coloca horizontalmente (tal como afirma la PGR que ocurrieron los hechos), no es eficiente”, por lo que “grandes cantidades de combustible son necesarias para mantener el proceso de cremación”.
El estudio, además, demostró que las dificultades para mantener encendida una pira aumentan de forma proporcional al número de cuerpos a incinerar, lo cual contradice la versión oficial, según la cual, los cuerpos fueron encendidos sin dificultad y dejados al efecto del fuego hasta el día siguiente.
El estudio realizado por la Universidad de Queensland, no obstante, demostró que para incinerar un cuerpo a cielo abierto hasta su total desintegración, sin alimentar el fuego constantemente con combustible, se necesita una carga de madera que pese nueve veces más que el cuerpo a desintegrar.
Eso quiere decir que, para incinerar a los 43 normalistas en el basurero de Cocula, habrían sido necesarias al menos 25 toneladas de madera para prenderles fuego, algo que según la PGR, no ocurrió.
Por el contrario, según la versión oficial, los 43 cuerpos fueron incinerados sólo usando algunas ramas, y algunas llantas.

Garrote investigador

A pesar de que desde 2015 el grupo investigador enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostró que las indagatorias realizadas por la PGR presentaban no sólo deficiencias, sino ocultamiento de hechos clave, este 29 de agosto de 2018, el presidente Peña Nieto insistió: “Estoy en la convicción de que, lamentablemente, pasó justamente lo que la investigación arrojó”. Es decir, que “un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero” los asesinó y convirtió en cenizas.
En el juicio iniciado contra los supuestos perpetradores, la única prueba presentada por la PGR para sustentar la hipótesis de la incineración a manos del crimen organizado es, precisamente, la declaración de los detenidos.
Ya desde 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes había alertado, en su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, que existían indicios de que los detenidos estaban siendo víctimas de tortura, algo que el gobierno mexicano negó.
No obstante, en junio de 2018, un juez de amparo revisó los expedientes de 13 personas acusadas de pertenecer al Cartel Guerreros Unidos, y de haber asesinado e incinerado a los normalistas, y concluyó que existían pruebas suficientes de que todos habían sufrido tortura luego de su captura, cuando fueron trasladados a la PGR o ya dentro de sus instalaciones.
Esto pudo comprobarse al analizar los expedientes médicos de cada detenido, ya que con cada nueva evaluación realizada durante su detención, nuevas lesiones fueron apareciendo.
Este contraste de los reportes médicos deja ver que cuatro de los detenidos fueron torturados al menos dos ocasiones cada uno; un detenido más fue sometido a cuatro sesiones de tortura; y uno más fue torturado al menos en seis momentos diferentes, después de su arresto.
Cuatro de los acusados, además, obtuvieron un amparo en el que el juez no sólo ordenó su liberación, sino que calificó a la PGR como autoridad en “inactividad investigadora”, tras constatar que no sólo torturó a detenidos, sino que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntan a la participación del Ejército Mexicano y la Policía Federal (en la desaparición de los 43 normalistas)”.