El
27 de octubre (180 días después de su publicación) entrarán en vigor
las nuevas disposiciones que emitió el Banco de México, que encabeza
Alejandro Díaz de León, aplicables a emisores de tarjetas de débito y
crédito bancarias.
Al igual que con las cuentas de nómina, se eliminarán los “tratos diferenciados entre plásticos de crédito y débito”, para que los clientes puedan utilizarlos en terminales puntos de venta, sitios web de compra o en cualquier establecimiento.
En realidad, el uso de mecanismos de autenticación para el uso de tarjetas de crédito y débito se ha extendido entre los principales participantes del negocio emisor y de adquirencia, porque el uso de plásticos como medio de pago se caracteriza por un cambio tecnológico acelerado, pues también está expuesto a posibles fraudes que pueden generar pérdidas, tanto a los consumidores como a los comercios y otros receptores de pagos.
A partir de estas disposiciones, las entidades bancarias no podrán bloquear funcionalidades de pago con tarjetas de débito en algunos giros de comercio, particularmente el electrónico, porque están obligadas a utilizar mecanismos de autenticación y seguridad a favor del cliente.
Los criterios mínimos y homogéneos de protección (validación de operaciones) para los usuarios de tarjetas serán: i) información de conocimiento del usuario (número de identificación personal, NIP, o frase de seguridad); ii) un elemento en poder del usuario (el microcircuito o chip de la tarjeta o un dispositivo móvil asociado a la operación con tarjeta como un token) y; iii) un elemento físico característico del usuario (reconocimiento facial, de la huella dactilar y/o de iris o, uso de la voz).
Será obligatorio y los bancos emisores tienen que explicar a sus clientes cómo usarlos y el riesgo de no estar atentos a ellos. La regulación buscó ser neutral tecnológicamente, de manera que los bancos pueden escalar o evolucionar los medios de autenticación de nueva generación, como el uso de tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), así como otras tecnologías de pago sin contacto (contactless, como es conocido internacionalmente), para estos casos se establece la responsabilidad que estas instituciones deberán asumir, en casos de cargos no reconocidos, dependiendo del esquema de autenticación que decidan ofrecer o utilizar.
Además, la nueva regulación homologa el tratamiento que tienen las tarjetas de crédito ante cargos no reconocidos para los usuarios de tarjetas de débito (hasta hoy no cuentan con una protección similar), por lo que cuando los usuarios de este tipo de tarjetas desconozcan algún cargo que no se haya autenticado de forma reforzada, el emisor deberá restituir los recursos a su cliente en dos días hábiles.
También cuando el cliente reporte su tarjeta como robada o extraviada, el emisor tendrá la obligación de cancelarla y restituir los recursos correspondientes a cargos no autenticados realizados en las 48 horas previas a dicha notificación.
DE FONDOS A FONDO
#FEMSA… Coca Cola Femsa (KOF), que dirige John Santa María, salió de Filipinas al vender 51 por ciento de sus operaciones a The Coca Cola Company, encabezada por James Quincey, en prácticamente la misma cantidad con la que entró en 2013 en el país asiático: unos 688.5 millones de dólares.
Filipinas llegó a representar 14% de las operaciones, pero ante la escalada de impuestos a los edulcorantes (que a diferencia de México no los pueden transmitir al consumidor, sino que los tienen que pagar los embotelladores) y el incremento de costos de operación, era mejor decir adiós que enfrentar una severa contracción del Ebitda y la utilidad neta.
Evidentemente, el uso del capital en cualquier otro negocio de Femsa, especialmente en sus exitosos Oxxo y OxxoGas, será una mejor opción. Y bueno, la forma en que se aplicó el impuesto en Filipinas es un foco de atención para Sudáfrica y México, porque el IEPS (excise tax on Sugar-Sweetened Beverages) se transfiere íntegro al consumidor.
#MESAS CCE-AMLO… En los próximos días, el CCE y la futura nueva administración iniciarán mesas de trabajo para construir una agenda común y por orden se acordaron las siguientes: Salud, con Jorge Alcocer; Economía, con Graciela Márquez y Carlos Urzúa; Empleo, con Luisa María Alcalde; Estado de derecho, con Olga Sánchez Cordero; Asuntos Fiscales, presupuestales y de Seguridad Social (pensiones) con Carlos Urzúa; Educación, con Esteban Moctezuma; Energía, con Rocío Nahle y podrían integrarse Octavio Romero (Pemex) y Manuel Bartlett (CFE); Mejora Regulatoria, con Eréndira Sandoval y Graciela Márquez (considerando la relación entre la Función Pública y Economía); Infraestructura y logística, con Javier Jiménez Espriú; Medio Ambiente, con Josefa González Blanco; Seguridad Pública, con Alfonso Durazo y Bienestar Social, con Víctor Villalobos y María Luisa Albores.
Llama la atención el que no se haya convenido una mesa sobre Vivienda y Desarrollo Territorial (ojalá le cambien a desarrollo urbano), con Román Meyer como propuesto, pues aun cuando se han reunido un par de veces en la casa de transición él, David Cervantes, que es encargado del Plan de Reconstrucción y Juan Carlos Zentella, quien fue propuesto para dirigir el Infonavit, se especula que el equipo podría tener ajustes porque se advierte poco conocimiento financiero para un sector con tanto impacto económico regional y nacional. Es una de las mesas pendiente para el CCE, al igual que con Marcelo Ebrard y Jesús Seade. Lo importante es que comienzan con Salud.
Al igual que con las cuentas de nómina, se eliminarán los “tratos diferenciados entre plásticos de crédito y débito”, para que los clientes puedan utilizarlos en terminales puntos de venta, sitios web de compra o en cualquier establecimiento.
En realidad, el uso de mecanismos de autenticación para el uso de tarjetas de crédito y débito se ha extendido entre los principales participantes del negocio emisor y de adquirencia, porque el uso de plásticos como medio de pago se caracteriza por un cambio tecnológico acelerado, pues también está expuesto a posibles fraudes que pueden generar pérdidas, tanto a los consumidores como a los comercios y otros receptores de pagos.
A partir de estas disposiciones, las entidades bancarias no podrán bloquear funcionalidades de pago con tarjetas de débito en algunos giros de comercio, particularmente el electrónico, porque están obligadas a utilizar mecanismos de autenticación y seguridad a favor del cliente.
Los criterios mínimos y homogéneos de protección (validación de operaciones) para los usuarios de tarjetas serán: i) información de conocimiento del usuario (número de identificación personal, NIP, o frase de seguridad); ii) un elemento en poder del usuario (el microcircuito o chip de la tarjeta o un dispositivo móvil asociado a la operación con tarjeta como un token) y; iii) un elemento físico característico del usuario (reconocimiento facial, de la huella dactilar y/o de iris o, uso de la voz).
Será obligatorio y los bancos emisores tienen que explicar a sus clientes cómo usarlos y el riesgo de no estar atentos a ellos. La regulación buscó ser neutral tecnológicamente, de manera que los bancos pueden escalar o evolucionar los medios de autenticación de nueva generación, como el uso de tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), así como otras tecnologías de pago sin contacto (contactless, como es conocido internacionalmente), para estos casos se establece la responsabilidad que estas instituciones deberán asumir, en casos de cargos no reconocidos, dependiendo del esquema de autenticación que decidan ofrecer o utilizar.
Además, la nueva regulación homologa el tratamiento que tienen las tarjetas de crédito ante cargos no reconocidos para los usuarios de tarjetas de débito (hasta hoy no cuentan con una protección similar), por lo que cuando los usuarios de este tipo de tarjetas desconozcan algún cargo que no se haya autenticado de forma reforzada, el emisor deberá restituir los recursos a su cliente en dos días hábiles.
También cuando el cliente reporte su tarjeta como robada o extraviada, el emisor tendrá la obligación de cancelarla y restituir los recursos correspondientes a cargos no autenticados realizados en las 48 horas previas a dicha notificación.
DE FONDOS A FONDO
#FEMSA… Coca Cola Femsa (KOF), que dirige John Santa María, salió de Filipinas al vender 51 por ciento de sus operaciones a The Coca Cola Company, encabezada por James Quincey, en prácticamente la misma cantidad con la que entró en 2013 en el país asiático: unos 688.5 millones de dólares.
Filipinas llegó a representar 14% de las operaciones, pero ante la escalada de impuestos a los edulcorantes (que a diferencia de México no los pueden transmitir al consumidor, sino que los tienen que pagar los embotelladores) y el incremento de costos de operación, era mejor decir adiós que enfrentar una severa contracción del Ebitda y la utilidad neta.
Evidentemente, el uso del capital en cualquier otro negocio de Femsa, especialmente en sus exitosos Oxxo y OxxoGas, será una mejor opción. Y bueno, la forma en que se aplicó el impuesto en Filipinas es un foco de atención para Sudáfrica y México, porque el IEPS (excise tax on Sugar-Sweetened Beverages) se transfiere íntegro al consumidor.
#MESAS CCE-AMLO… En los próximos días, el CCE y la futura nueva administración iniciarán mesas de trabajo para construir una agenda común y por orden se acordaron las siguientes: Salud, con Jorge Alcocer; Economía, con Graciela Márquez y Carlos Urzúa; Empleo, con Luisa María Alcalde; Estado de derecho, con Olga Sánchez Cordero; Asuntos Fiscales, presupuestales y de Seguridad Social (pensiones) con Carlos Urzúa; Educación, con Esteban Moctezuma; Energía, con Rocío Nahle y podrían integrarse Octavio Romero (Pemex) y Manuel Bartlett (CFE); Mejora Regulatoria, con Eréndira Sandoval y Graciela Márquez (considerando la relación entre la Función Pública y Economía); Infraestructura y logística, con Javier Jiménez Espriú; Medio Ambiente, con Josefa González Blanco; Seguridad Pública, con Alfonso Durazo y Bienestar Social, con Víctor Villalobos y María Luisa Albores.
Llama la atención el que no se haya convenido una mesa sobre Vivienda y Desarrollo Territorial (ojalá le cambien a desarrollo urbano), con Román Meyer como propuesto, pues aun cuando se han reunido un par de veces en la casa de transición él, David Cervantes, que es encargado del Plan de Reconstrucción y Juan Carlos Zentella, quien fue propuesto para dirigir el Infonavit, se especula que el equipo podría tener ajustes porque se advierte poco conocimiento financiero para un sector con tanto impacto económico regional y nacional. Es una de las mesas pendiente para el CCE, al igual que con Marcelo Ebrard y Jesús Seade. Lo importante es que comienzan con Salud.
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