El actual gobierno crea una atmósfera belicista que nos retrotrae a cien años de barbarie
Esto
no debe sorprender, habida cuenta de que el proyecto político ganador
no fue propiamente el de la paz. Sin embargo, no dejan de producir
inconformidad y desasosiego los pasos cada vez más concretos dados por
el actual gobierno: en primer lugar, para volver inane el acuerdo de paz
pactado con las FARC y, en segundo lugar, para crear una atmósfera
belicista que nos retrotraiga a recientes años de barbarie.
La profundización de la guerra contra el narcotráfico, iniciada con algo aparentemente simple como la criminalización de la dosis mínima,y el anuncio de volver al uso del glifosato por el encima de las consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional señalan los prolegómenos de la política que viene en camino. A esto se debe agregar algo de importancia capital: por un lado, la ambientación que se le viene dando a la alternativa ya estudiada desde las oficinas de la Casa Blanca y la Casa de Nariño de que la situación venezolana no se resuelve sino mediante una intervención militar y, por el otro, la imposibilidad de continuar, prácticamente, con el proceso de negociación con el ELN dadas las condiciones de rendición que impone el presidente Iván Duque. Esto configura un escenario que no es propiamente el del posconflicto: es sencillamente el retorno a la oprobiosa guerra que tantas víctimas ha dejado a lo largo y ancho del territorio nacional.
Al respecto, dos anuncios del gobierno merecen destacarse: La solicitud del Ministerio de Defensa de que se discuta la inclusión en el presupuesto nacional de1,1 billones de pesos para el “fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”. No se trata exactamente de defenderse del Clan del Golfo o del ELN; esto es para prepararse para un eventual ataque de Venezuela que desde hace rato supera a Colombia en equipo bélico,pero sobre todo en armas aéreas.De otro lado, se anuncia que el posconflicto está desfinanciado, que la educación y la salud también lo están y que, si se quiere mantener los programas sociales, es necesario que se grave a la clase media y todos aquellos que no tienen más recursos que su salario. Pero, eso sí, es perentorio rodear de garantías al capital nacional y extranjero, mediante la rebaja de tributos, y ampliar su seguridad jurídica.
Artículo completo en Agencia de Prensa IPC: https://wp.me/p6ZuQq-2J4
La profundización de la guerra contra el narcotráfico, iniciada con algo aparentemente simple como la criminalización de la dosis mínima,y el anuncio de volver al uso del glifosato por el encima de las consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional señalan los prolegómenos de la política que viene en camino. A esto se debe agregar algo de importancia capital: por un lado, la ambientación que se le viene dando a la alternativa ya estudiada desde las oficinas de la Casa Blanca y la Casa de Nariño de que la situación venezolana no se resuelve sino mediante una intervención militar y, por el otro, la imposibilidad de continuar, prácticamente, con el proceso de negociación con el ELN dadas las condiciones de rendición que impone el presidente Iván Duque. Esto configura un escenario que no es propiamente el del posconflicto: es sencillamente el retorno a la oprobiosa guerra que tantas víctimas ha dejado a lo largo y ancho del territorio nacional.
Al respecto, dos anuncios del gobierno merecen destacarse: La solicitud del Ministerio de Defensa de que se discuta la inclusión en el presupuesto nacional de1,1 billones de pesos para el “fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”. No se trata exactamente de defenderse del Clan del Golfo o del ELN; esto es para prepararse para un eventual ataque de Venezuela que desde hace rato supera a Colombia en equipo bélico,pero sobre todo en armas aéreas.De otro lado, se anuncia que el posconflicto está desfinanciado, que la educación y la salud también lo están y que, si se quiere mantener los programas sociales, es necesario que se grave a la clase media y todos aquellos que no tienen más recursos que su salario. Pero, eso sí, es perentorio rodear de garantías al capital nacional y extranjero, mediante la rebaja de tributos, y ampliar su seguridad jurídica.
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